Empleo Público-Caso De Mobbing-La Cámara Revoca Sentencia y Se Declara Competente

by Dra. Adela Prat on enero 12, 2018

-EMPLEO  PÚBLICO- CASO  DE  MOBBING y  HOSTIGAMIENTO-

-LA  CÁMARA  REVOCA  SENTENCIA  Y  SE  DECLARA  COMPETENTE-

 

-Causa Nro. 85.273/2016-

-Autos  caratulados:

“Haag, María Laura c/ Ministerio  de  Energía  y  Minería  Poder 

Ejecutivo  Nacional  s/Despido”

-Tribunal:  –Cámara  Nacional  de  Apelaciones  del  Trabajo

-Sala:  –VII

-Fecha:   16/06/2017.

-Cita:  –elDial.com.ar

 

 

-CÁMARA  NACIONAL  de  APELACIONES  del  TRABAJO-

Sala  VII

Buenos  Aires,  16  de  junio  de  2017.

VISTO:

El  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  parte  actora  a  fs67/75,

contra  la  decisión  que  declaró  de  oficio  la  incompetencia  de  la

Justicia  Nacional  del  Trabajo  para  entender  en  estas  actuaciones.

 

Y  CONSIDERANDO:

La Sra. Juez  aquo  basó  la  inhibitoria  en  el  hecho  que  la  naturaleza

jurídica diferente  en  que  se  enmarca  el  vínculo  entre  un  trabajador  y

el  Estado,han  llevado  al  legislador  a  regular  dichas  relaciones  en  nor-

mas  diversas,razón  por  la  cual  resulta  viable  la  exclusión  dispuesta /

en  el  art.2º  de  la  L.C.T., sin  que  ello  implique  la  existencia  de

desprotección  normativa.

 

Añadió  que  en  nada  difiere  que  la  actora  haya  invocado  normas  del

Derecho  del  Trabajo  a  los  fines  de  fijar  la  competencia,  ya  que  en

el  caso, expresamente  la  ley  dispone  que  sus  disposiciones  no  alcanzan

en  cuanto  a  su  aplicación,  a  los  dependientes de  la Administración

Pública  Nacional.

 

La  recurrente  sostiene  que  la  ausencia  de  toda  regulación  para  los

contratos  precarios  y  fraudulentos  mantenidos  por  más  de  13

años (contratos de prestación de servicios),que  figuran  como  tareas

transitorias,pero  que  en  realidad  se  aplican  a  relaciones  laborales

permanente  desarrollada  fuera de  toda  norma  que  regula  el  empleo

público.

 

El  dictamen  del  Sr. Fiscal General  obra  a  fs. 85 (arts. 1º y 31º, Ley Nº

27.148).

 

-Fundamentos  de  la  Sentencia  de  Cámara-

 

“Es  dable  destacar  que  el  presente  conflicto  difiere  con  el  resuelto

por  la  CSJN  en  autos Sapienza, Matías Ezequiel y otros c/Autoridad

Federal de Comunicación Audiovisual y otro s/Acción de Amparo“,del 21

de  febrero  de  2017, en  el  que  se  analizóen  el  marco  de  una  acción

de  amparo  en  los  términos  del  art.43º  de  la  Constitución  Nacional,

y  de  las  Leyes  16.986  y  23.592,  la  reinstalación  de  los  actores

a sus puestos de trabajo y una Medida cautelar innovativa en este sentido

hasta tanto recaiga sentencia definitiva consistente en la suspensión de

los  efectos de los despidos dispuestos por la accionada,con la conse-

cuente  reinstalación  provisoria  de  todos  los  accionantes.

 

 En efectoconforme  surge  del  relato  de  los  hechos  de  la  demanda los

cuales deben ser analizados a fin de resolver las cuestiones de competencia,

(Fallos: 330:628 y sus citas) –art.4º del CPCCN y 67º Ley 18.345 y, en  la

medida que se adecue a ello, al derecho invocado  como  fundamento de su

pretensión(*)la actora efectúa la presente demanda en procura de la repara-

ción del despido discriminatorio sufrido y de los daños ocasionados a partir

del hostigamiento y mobbing vivenciado en el  último período,fundando

su  pretensión  en  las  Leyes  20.744, 24.013  y  25.323.

 

“En tal orden de ideas,es dable recordar que el art.20º de la Ley Nº 18.345,

dispone  que  será  competencia  de  la  Justicia  Nacional  del  Trabajo,

las  causas  contenciosas  en  conflictos  individuales  de  derecho,cualquiera

fueren las partes incluso la Nación, reparticiones autárquicas, la Municipa-

lidad de la Ciudad de Buenos Aires y cualquier Ente Público-,por demandas

o reconvenciones  fundadas  en  los  contratos  de  trabajo, CCT, laudos con

eficacia de CCT o disposiciones legales o reglamentarias del derecho del tra-

trabajo, y causas entre trabajadores y empleadores relativas a un contrato

de trabajo, aunque se funden en disposiciones del derecho común  apli-

cables  a  aquél.

 

“En modo alguno puede entenderse  que  la  norma  mencionada  haya  preten-

dido  acotar  la  jurisprudencia  del  Fuero  a  los  asuntos  regidos  por  la  Ley

de Contrato de Trabajo,ello por cuanto la ley ritual fue promulgada el 12.9.69,

esto es, cinco (5) años antes  de  lo  que  fuera  la  Ley  20.744.

 

Tampoco surge del art.20º de la Ley 18.345 que las CCT en las que se funde la

demanda deban estar regidas por la Ley 14.250, por lo que no corresponde

distinguir  donde  la  ley  no  distingue.

 

Por otra parte, no es posible soslayar que la simple lectura del artículo 14º bis de

la Constitución Nacional revela que, a la hora de establecer garantías,el constitu-

yente no diferenció  entre  trabajadores que se desempeñan  para  empleadores

privados o quienes lo hacen para el Estado, en sus distintos niveles.   Por  el  con-

trario si alguna diferencia efectuó,tal como lo refiere el recurrente,que para agre-

gar  en  el  caso  del Empleado Público, la garantía de estabilidad por lo que esta

cuestión debe ser entendida como un escalón más de derechos respecto del

resto, pero  nunca  para  privar  al  empleado  público  de  los  demás 

derechos  establecidos  para  el  privado.

 

El principio protectorio, que es considerado el fundamental y base de todos los

demás reconocidos, no ha sido receptado precisamente en el art14º bis C.N.,

cuando  afirma  que  el  trabajo  en  todas  sus  formas  gozará  de la  protección

de  las  leyes, las  que  asegurarán  al  trabajador.

 

En consecuencia, el Empleado Público también debe ser considerado sujeto  de

preferente tutela como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación

en el precedente Vizzoticonclusión que el Alto Tribunal consideró impuesta no

sólo  por  el  art. 14º  bis, “sino  por  el  renovado  ritmo  universal  que

representa  el  Derecho  Internacional  de  los  Derechos  Humanos,    que  cuenta

con  jerarquía  constitucional  a  partir  de  la  reforma  constitucional  de  1994“,

(Constitución Nacional, art. 75, inc. 22º).

 

Corresponde  que  todas  las  normas  que  se  dicten  para  regular  la  relación

de  empleo  público  sean  interpretadas  y  aplicadas  a  la  luz  de  los  principios

del  Derecho  de  Trabajo.

 

Si el Empleado Público está amparado por el art. 14 bis C.N., y en consecuencia,

su relación  dependiente  con  la  Administración  debe  ser  regida  por  normas

que  receptan  los  principios  del  derecho  del  trabajo,en especial el protectorio

y todos los que se derivan del mismo; si esas normas deben tener en cuenta que

el Empleado Público está amparado por todas las garantías indicadas en el art14

bis Constitución Nacional, con el agregado en este caso de la que hace a su esta-

bilidad, si ello implica admitir que en tanto trabajador dependiente,el empleado

público es parte de una relación asimétrica, tal como le sucede a cualquier

trabajador frente a su empleador, lo que justifica la existencia de un derecho es-

pecial que tienda a efectivizar la preferente tutela de la que puede ser objeto;

en ese caso no se puede negar que los conflictos vinculados con el empleo públi-

co deben ser competencia de la Justicia del Trabajo,en tanto rama especializada

precisamente en relaciones en las que rige el orden público laboral y que cuenta

con  magistrados  formados  en  los  principios  del  derecho  del  trabajo, y  con

normas  de  procedimiento  que  receptan  los  requerimientos  del   principio

protectorio  también  en  la  norma  adjetiva.

 

Por lo demás,no se requiere  que  la  relación  laboral  en  cuestión  esté  regida

por  la  Ley  de  Contrato  de  Trabajo,  en  tanto  los  Jueces  del  Fuero  no  son 

Jueces  de  la  Ley  de  Contrato  de  Trabajo, tal como queda demostrado cuando

se  asume  sin  controversias  la  competencia  para  dirimir  asuntos  regidos  por

el  Estatuto del Periodista, por el Estatuto del Péon Rural, y tantas otras  normas

estatutarias  al  igual  que  la  lo  establece  la  Ley  Nº 25.164.

 

Por  lo  expuesto  y  oído  el  Sr. Fiscal  General, el Tribunal RESUELVE:

(i) Revocar  la  decisión  apelada  y  asumir  la  aptitud  jurisdiccional  en

las  presentes  actuaciones.

(ii) Imponer  las  costas  de  ambas  instancias,  en  el  orden  causado.

(art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

(iii) Diferir  la  regulación  de  honorarios  para  la  etapa  de  la  definitiva.

(iv) Oportunamente,cúmplase con lo dispuesto en el Art.1º de la ley 26856

y con la Acordada CSJN Nº 15/2013.Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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