Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas-Ley Nº 27401/2017-

by Dra. Adela Prat on diciembre 1, 2017

-RESPONSABILIDAD  PENAL-

-Ley Nº 27.401/2017-

 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

 

Art.1º-Objeto y alcance.La presente ley establece el régimen

de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas pri-

vadas de capital nacional o extranjero,con o sin participación

estatal por los siguientes delitos:

 

a)Cohecho y tráfico de influencias,nacional y transnacional,

previstos  en los artículos 258 y 258 bis del Código Penal;

 

b)Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones

públicasprevisto por el artículo 265 del Código Penal;

 

c)Concusiónprevista en el artículo 268 del Código Penal;

 

d)Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados,

previsto por los artículos 268 (1) y (2) del Código Penal;

 

e)Balances e informes falsos agravados,previsto por el artículo

300 bis del Código Penal.

 

Art.2º-Responsabilidad  de  las  personas  jurídicas.

 Las personas jurídicas son responsables por los delitos previs-

tos en el artículo 7º,que hubieren sido realizados,directa o indi

rectamente,  con  su  intervención  o  en  su  nombre interés

o beneficio.

 

También son responsables si quien hubiere actuado en benefi-

cio o interés de la persona jurídica fuere un tercero que carece

de atribuciones para obrar en representación de ellasiempre

que la persona jurídica hubiese ratificado la gestiónaunque

fuere de manera tácita.

 

La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad sólo si

la persona humana que cometió el delito,hubiere actuado en

su exclusivo beneficio  y  sin  generar  provecho alguno para

aquella.

 

Art.3º-Responsabilidad sucesiva. En los casos de fusión,

transformación, absorciónescisión  o cualquier otra modifi-

cación societaria, la responsabilidad de la persona jurídica es

transmitida a la persona jurídica resultante o absorbente.

 

Subsiste la responsabilidad penal de la persona jurídica cuan-

do de manera encubierta o meramente aparentecontinúe su

actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de

sus clientes,  proveedores  y  empleados, o  de  la  parte  más

relevante de todos ellos.

 

Art.4º-Extinción de la acción.La acción penal respecto de

la persona jurídica sólo se extinguirá por las causales enume-

radas en los incisos 2º y 3º del artículo 59 del Código Penal.

 

La extinción de la acción penal contra las personas humanas

autoras o partícipes del hecho delictivo no afectará la vigencia

de la acción penal contra la persona jurídica.

 

Art.5º-Prescripción de la acción.La acción penal respecto

de  las  personas  jurídicas  prescribe  a  los  seis (6) años  de

la  comisión del delito.

 

A tal fin serán aplicables las reglas de suspensión e interrup-

ción de la acción penal que prevé el Código Penal.

 

Art.6º-Independencia de las acciones.La persona jurídica

podrá ser condenada aún cuando no haya sido posible identi-

ficar o juzgar a la persona humana que hubiese intervenido,

siempre que las circunstancias del caso permitan establecer

que el delito no podría haberse cometido sin la tolerancia

de los órganos de la persona jurídica.

 

Art.7º-Penas.Las penas aplicables a las personas jurídicas

serán las siguientes:

1)Multa de dos (2) a cinco (5) veces  el  beneficio  indebido

obtenido o que no se hubiese podido obtener;

2)Suspensión total o parcial de actividadesque  en  ningún

caso,  podrá exceder de diez (10) años;

3)Suspensión para participar en concursos o licitaciones esta-

tales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad

con el Estado,que no puede exceder de diez (10) años;

4)Disolución  y  liquidación  de  la  personería cuando hubiese

sido creada al solo efecto de la comisión del delito,o esos actos

constituyan la principal actividad de la Entidad;

5)Pérdida o suspensión de beneficios estatales que tuviere;

6)Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a

costa de la persona jurídica.

 

Art.8º-Graduación de la pena.  Para  graduar  las  penas

previstas en el artículo 7º,los  jueces  tendrán  en  cuenta  el

incumplimiento de reglas y procedimientos internos;

*la cantidad y jerarquía de funcionarios,empleados y cola-

boradores involucrados en el delito;

*la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores

y partícipes;

*la extensión del daño causado

*el monto de dinero involucrado en la comisión del delito;

*el tamañonaturaleza  y  capacidad  económica  de  la

persona jurídica;

*la denuncia espontánea a las autoridades por parte de

la persona jurídica como consecuencia de una actividad

propia  de  detección  o  investigación  interna;

*el comportamiento posterior;

*la disposición para mitigar o reparar el daño y

*la reincidencia.

 

Se entenderá que hay reincidencia cuando la persona jurídica

sea sancionada por un delito cometido dentro de los tres (3)

años siguientes a la fecha en que quedara firme una sentencia

condenatoria anterior.

 

Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa

de la entidad,o de una obra,o de un servicio en particular,no

serán aplicables las sanciones previstas por los incisos 2º y 4º

del artículo 7º de la presente ley.

 

El Juez podrá disponer el pago de la multa en forma fracciona-

da durante un período de hasta cinco (5) años cuando su cuan-

tía y cumplimiento en un único pago pusiere en peligro la su-

pervivencia de la persona jurídica o el mantenimiento de los

puestos de trabajo.

 

No será aplicable a las personas jurídicas lo dispuesto en el ar-

tículo 64 del Código Penal.

 

Art.9º-Exención de pena.Quedará eximida de pena y res-

ponsabilidad administrativa la persona jurídica, cuando 

concurran simultáneamente las siguientes circunstancias:

 

a)Espontáneamente haya denunciado un delito previsto en

esta ley, como consecuencia de una actividad propia de detec-

ción e investigación interna;

 

b)Hubiere implementado un sistema de control y supervisión

adecuada en los términos de los artículos 22 y 23 de esta ley,

con anterioridad al hecho del proceso,cuya violación hubiera

exigido un esfuerzo de los  intervinientes  en la comisión del

delito;

 

c) Hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido.

 

Art.10º-Decomiso. En todos los casos previstos en esta ley

será  de  aplicación  las  normas  relativas  al  decomiso  del

Código Penal.

 

Art.11º-Situación procesal de la persona jurídica.  La

persona jurídica tendrá los derechos y las obligaciones previs-

tos para el imputadode acuerdo con lo dispuesto en los códi-

gos de procedimiento, en cuanto sean aplicables.

 

Art.12º-Notificaciones.Cuando la persona jurídica no se hu-

biere presentado al proceso,las notificaciones se le cursarán al

domicilio legal, que tendrá carácter de domicilio constituido.

 

Sin perjuicio de ello,se le podrán cursar notificaciones a cual-

quier otro domicilio que se conozca.

 

Art.13º-Representación.La persona jurídica será represen-

tada por su representante legal  o  por cualquier otra persona

con poder especial para el caso,otorgado con las formalidades

que correspondan al tipo de entidad de que se trate, debiendo

designar en cualquier caso abogado defensor. En  caso  de

no  hacerlo  se  le  designará  el  defensor  público que  por

turno corresponda.

 

El representante deberá informar el domicilio de la entidad y

constituir domicilio procesal en la primera presentación.

A partir de entonces, las notificaciones a la persona jurídica

se le cursarán a ese domicilio procesal.

 

En  cualquier  momento del proceso la persona jurídica podrá

sustituir a su representante.Si la sustitución tuviere lugar una

vez iniciada la audiencia de juicio,deberá ser motivaday po-

drá interrumpir el proceso  dentro  del  límite  de  los  plazos 

procesales correspondientes.

 

La  sustitución  no  perjudicará  la  eficacia  de  los  actos

cumplidos  por  su  anterior  representante.

 

Las facultades,número e intervención de los defensores que

le  asistan  se  regirán  por  las  disposiciones  procesales  co-

rrespondientes.

 

Art.14º-Rebeldía.En caso de incomparecencia a la citación,

la  persona  jurídica  será  declarada  rebelde  por  el  juez, a

requerimiento  del  fiscal.

 

El  juez  que  disponga  la  rebeldía deberá  informar  dicha

resolución  a  la  Inspección  General  de  Justicia  o  autori-

dad  equivalente  en  las  jurisdicciones  locales, a  la  AFIP,

y al Registro Nacional de Reincidencia, a sus efectos.

 

Deberá disponer de inmediato todas las medidas cautelares

necesarias para asegurar la oportuna continuación y finalidad

del proceso,conforme con el último párrafo del art23º del

Código Penal.

 

Art.15º-Conflicto de intereses.Abandono de representación

Si  se  detectare  la  existencia  de  un  conflicto  de  intereses

entre la persona jurídica y la persona designada como repre-

sentante, se  intimará  a  aquélla  para  que  lo  sustituya.

 

Art.16º-Acuerdo  de  Colaboración  Eficaz.

La persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal podrán cele-

brar un acuerdo de colaboración eficaz,  por  medio  del  cual

aquella  se  obligue  a  cooperar  a  través  de  la  revelación de

información o datos precisos, útiles y comprobables  para el

esclarecimiento de los hechos,la identificación de sus autores

partícipes o el  recupero del  producto o las ganancias del

delito,el cumplimiento de las condiciones que se establezcan

en virtud de lo previsto en el artículo 18º de la presente ley.

 

El  acuerdo  de  colaboración  eficaz  podrá  celebrarse  hasta

la  citación  a  juicio.

 

Art.17º-Confidencialidad  de  la  negociación.

La negociación entre la persona jurídica y el Ministerio Públi-

co Fiscal, así  como  la  información  que  se  intercambie  en

el marco de ésta hasta la aprobación del acuerdo,  tendrán

carácter confidencial,siendo su revelación pasible de aplica-

ción de lo previsto en el Cap.III, del Tít.V,del Libro Segundo

del Código Penal

 

Art.18º-Contenido del acuerdo.En el acuerdo se identifi-

cará  el  tipo  de  información, o datos a brindar o pruebas a

aportar  por  la  persona jurídica al Ministerio Público Fiscal,

bajo las siguientes condiciones:

 

a)Pagar una multa equivalente a la mitad del  mínimo esta-

blecido  en  el  artículo 7º,  inciso 1º  de  la  presente  ley;

 

b)Restituir las cosas o ganancias que sean el producto del

provecho del delito;

 

c)Abandonar en favor del Estado los bienes que presumible-

mente  resultaran  decomisados en caso que recayera conde-

na.Asimismo,podrán establecer las siguientes condiciones,

sin  perjuicio  de  otras  que  pudieran  acordarse  según las

circunstancias del caso;

 

d)Realizar las acciones necesarias para reparar el daño

causado;

 

e)Prestar un determinado servicio en favor de la comunidad;

f)Aplicar medidas disciplinarias contra quienes hayan parti-

cipado del hecho delictivo;

 

g)Implementar un programa de integridad,en los términos

de los arts. 22 y 23 de la presente ley  o  efectuar  mejoras

modificaciones en un programa preexistente.

 

Art.19-Forma y control judicial del acuerdo.

El acuerdo se realizará por escrito.      Llevará la firma del

representante legal de la persona jurídica,la de su defensor

y  del  representante del Ministerio Público Fiscal y  será

presentado ante el Juez, quien evaluará la legalidad de

las condiciones acordadas y la colaboración pactada,  y

decidirá  su  aprobación, observación o rechazo.

 

Art.20-Rechazo del acuerdo. Si el acuerdo de colabora-

ción eficaz no prosperare o fuese rechazado por el juez, la

información y las pruebas aportadas por la persona jurídica

durante la negociación, deberán devolverse o destruirse y

no podrán ser empleados judicialmente,excepto cuando el

Mº Público Fiscal hubiere tenido conocimiento de ellas de

forma independiente o hubiera podido obtenerlas a raíz de

un curso de investigación existente en la causa,con anterio-

ridad al acuerdo.

 

Art.21º-Control de cumplimiento del acuerdo.

Dentro de un plazo no superior a un (1) año,el MºPúblico

Fiscal o el Juez corroborarán la verosimilitud y utilidad de

la información que hubiera proporcionado la persona jurí-

dica en cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz.

 

Si se corrobare la verosimilitud y utilidad de la información

proporcionada,la sentencia deberá respetar las condiciones

establecidas en el acuerdo, no pudiendo imponerse otras

penas.

En caso contrario,el Juez dejará sin efecto el acuerdo y

el proceso continuará de acuerdo a las reglas procesales.

 

Art.22º-Programa de Integridad.Las personas jurídicas

comprendidas en la presente podrán implementar programas

de integridad consistentes en el conjunto de acciones,meca-

nismos y procedimientos internos de promoción de la inte-

gridad,supervisión y control,orientados a prevenir,detectar

y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos en

esta ley.

 

El Programa de Integridad exigido deberá guardar relación

con los riesgos propios de la actividad que la pers.jurídica

realizasu  dimensión y capacidad  económicaconforme

lo establezca la reglamentación.

 

Art.23º-Contenido del Programa de Integridad.

El Programa de Integridad deberá contener,conforme con

las pautas establecidas en el segundo párrafo del artículo

precedente, al menos los siguientes elementos:

 

a)Un Código de Ética o de Conducta,o la existencia de polí-

ticas y procedimientos de integridad  aplicables a todos los

directoresadministradores y empleadosen cualquier car-

go o función ejercidos, que guíen la planificación  y ejecu-

ción de sus tareas o labores para prevenir la comisión de

los delitos contemplados en esta ley;

 

b)Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos

en el ámbito de Concursos y procesos Licitatorios,  en  la

ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra

interacción con el Sector Público;

 

c)La realización de capacitaciones periódicas sobre el Pro-

grama de Integridad a directoresadministradores  y  em-

pleados.

 

Asimismo,podrá contener los siguientes elementos:

 

I.El análisis periódico de riesgos y la adaptación al Progra-

ma de Integridad;

II.El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad

por parte de la alta dirección y gerencia;

III.Los canales internos de denuncia de irregularidades,

abiertos a terceros y adecuadamente difundidos;

IV.Una política de protección de denunciantes contra

represalias;

V. Un sistema de investigación interna que respete los

derechos de los investigados e imponga sanciones efec-

tivas  a  las violaciones  al Código de Ética o Conducta;

 

VI.Procedimientos que comprueben la integridad  y

trayectoria de terceros o socios de negocios,incluyendo

proveedores, distribuidores, prestadores de servicios,

agentes e intermediarios, al  momento  de  contratar

sus  servicios  durante  la  relación  comercial;

 

VII.La debida diligencia durante los procesos de transforma-

ción societaria y adquisiciones,para verificar irregularidades

de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en

las  personas  jurídicas  involucradas;

 

VIII.El monitoreo y evaluación continua de la efectividad

del Programa de Integridad;

 

IX.  Un  responsable  interno  a  cargo  del  desarrollo,

coordinación y supervisión del Programa de Integridad;

 

X.El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que

sobre estos programas dicten las respectivas autoridades

del poder de policía nacional provincial,  municipal  o

comunal  que  rija  la  actividad  de  la  persona  jurídica.

 

Art.24º.Contrataciones con el Estado Nacional.

La existencia de un Programa de integridad adecuado con-

forme los arts22 y 23,será condición necesaria para poder

contratar con el Estado Nacional,en el marco de contratos

que:

 

a)Según la normativa vigente,por su monto, deberá ser

aprobada por la autoridad competente, con  rango  no

inferior  a  Ministro; y

b)Se encuentren comprendidos en el art4º del decreto

delegado 1023/01 y/o  regidos  por  las  Leyes  13.064,

17.250, 27.328 y los contratos de concesión o licencia

de servicios públicos.

 

NOTA: Por razones de extensión de la ley,se publica

sólo  hasta  el  artículo 24º  inclusive.

Fue publicada en el Boletín Oficial del 01/12/2017.

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