-Operatoria Bancaria-La CSJN Revoca La Sentencia Que Impuso Sanciones De Multa A Un Banco Provincial y a Algunos Directivos En Sentido Contrario a Lo Aconsejado Por La Sra.Procuradora Fiscal:Confirmar La Sentencia-

by Dra. Adela Prat on noviembre 12, 2017

  Se trata de la sentencia dictada por la Sala II, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Contencioso Administrativo Federal que impuso sanción de multa al Banco de la Provincia

de Córdoba y multa más inhabilitación a algunos de sus Directivos,en el marco de un Su-

mario Administrativo sustanciado conforme con el art.41º de la Ley Nº 21.526 (L.E.F.),

con el objeto de determinar la responsabilidad  de  quienes  intervinieron  en  las  opera-

torias  investigadas.

 

   La Corte fundamenta su sentencia en que la Cámara omitió pronunciarse sobre el planteo

de inconstitucionalidad del artículo 41º de la Ley de Entidades Financieras 21.526, dado que

no determina los topes máximos de las multas. Asimismo invoca las respuestas genéricas

y dogmáticas dadas por la Cámara a las impugnaciones articuladas,    el rechazo de planteos

sobre la base de consideraciones generales y   la mera transcripción literal de los motivos de

la Resolución administrativa    al tratar los cuestionamientos  contra cada uno de los cargos

infraccionales. En  suma, la  Corte  estima  que  existe  una “falta  de  respuesta”.

 

Finalmente,coincide con el dictamen respecto de que corresponde desestimar la defensa

de prescripción opuesta por los actoresLa Cámara deberá dictar nueva sentencia, en

un todo de acuerdo con lo sostenido por la CSJN.

 

 

-CSJ  707/2013  (49-B) /CS1-

-CSJ  708/2013  (49-B) /CS1-

-CSJ 709/2013  (49-B) /CS1-

RECURSOS  DE  HECHO

 

“Banco  de  la  Provincia  de  Córdoba SA  y  otros  c/ BCRA  Resol. 155/11 (expte. 

100655/02  sum. fin  1118)   s/ recurso”

-Tribunal:  –Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación

-Fecha:  09/11/2017.

-Sumario-

Impugnación de la Resolución dictada por la Superintendencia de Entidades

Financieras  y  Cambiarias  del  Banco  Central.

Sanciones de Multa e Inhabilitación por supuestas operaciones irregulares.

Sentencia  de  Cámara  que  rechaza  los  planteos  sobre  la  base  de  consi-

deraciones  generales,   al  tratar  los  cuestionamientos  contra  cada  uno

de  los  cargos  infraccionales  se  limita  a  realizar  una  transcripción  lite-

ral  de  los  motivos  invocados  en  la resolución  administrativa,  sin  dar

respuesta  a  las  impugnaciones  articuladas.

Omisión  de  expedirse  sobre  la  impugnación  de  la  constitucionalidad

del  art41º  de  la  Ley  Nº 21.526. Se  revoca  la  sentencia  apelada.

 

-CORTE  SUPREMA  de  JUSTICIA  de  la  NACIÓN-

 

Buenos  Aires,  9  de  noviembre  de  2017.

Vistos los autos:”Recursos de hecho deducidos por los actores en la causa

Banco de la Provincia de Córdoba y otros c/ BCRA Resol. 155/11    (expte.

100655/02  sum  fin  1118) s/recurso para decidir sobre su procedencia.

 

Considerando:

I.El Tribunal comparte y hace suyos los fundamentos vertidos en los puntos

1 a 4 del dictamen de la señora Procuradora Fiscal obrante a  fs. 167/173 de

la causa  CSJ  708/2013  (49B) /CS1,  a  cuyos  fundamentos  corresponde

remitirse  en  razón  de  brevedad.

 

II.”Las  conductas  del  Banco  de  la  Provincia  de  Córdoba  y  sus  autoridades

que  dieron  origen  a  las  actuaciones  sumariales y al dictado de la Resol.155/11

por parte del BCRA, fueron resumidas en dos imputaciones concretas:

 

(i)El otorgamiento de asistencia financiera a la Provincia de Córdoba en violación

a la normativa que Prohíbe el financiamiento al Sector Público No Financiero(Co-

municación  BCRA  A”  3054)  y, a su vez,  el incumplimiento de las políticas de

liquidez,  aumento del activo totalla  omisión  de  procedimientos  para  otorgar

financiaciones significativas y la inobservancia de formalidades en registraciones

contables de dichas operaciones (Comunicación A 2879, A 3016, A 3558

yA 3873); y

 

(ii)En  el  marco  de  esas  operaciones  financieras, la  transgresión  a  diversos

requerimientos  de  documentación y observaciones efectuados por la veeduría

que  el  Banco  Central  dispuso  en  el  Banco  de  la  Provincia  de  Córdoba.

(art. 34  de  la  Ley  Nº 21.526).

 

III.”A  fin  de  desvirtuar  los  hechos  centrales  que  dieron  sustento  a  las  sanciones

aplicadas  por  la  autoridad  de  contralor,  los  sumariados  procuraron  demostrar  la

inexistencia de financiamiento al Sector Público No Financiero en transgresión a la Co-

municación  BCRA A 3054.En ese orden, plantearon que el Banco de Córdoba actuó

bajo una franquicia brindada por la Resol. BCRA 680/02  y como agente financiero de

la Provincia de acuerdo con el decreto provincial 1440/02en el marco de un contexto

de emergencia y con el objeto de eliminar de la circulación la cuasimoneda local LECOR

la  Nacional  (LECOP).

 

Por otro lado,analizaron cada uno de los incumplimientos accesorios al financiamiento

al Sector Público,calificándolos comoinfracciones colaterales” y esgrimiento argumen-

tos puntuales que, a su criterio, justificaron el accionar de la Entidad financiera  y  sus

directivos (cfr. Capítulo X  del  recurso  directo  ante  la  Cámara).

 

IV.”Frente a dichos planteos, el aquoluego de relevar los agravios de los apelantes  y

declarar la improcedencia de la prescripción planteadadesarrolló diversas considera-

ciones  genéricas  sobre  el  control  judicial  de  las  sanciones  aplicadas  por  el  BCRA,

la  relación  de  sujeción  especial  que  vincula  a  dicha  agencia  estatal  con  las  entida-

des  Financieras  controladas  y  la  aplicación  de  los  principios  de  Derecho  Penal  al

ámbito disciplinario.

 

A continuación,al  tratar  los  cuestionamientos  contra  cada  uno  de  los  cargos  infrac-

cionales, se  limitó  a  realizar  una  transcripción  literal  de  la  totalidad  de  las  motiva-

ción  del  acto  impugnado  sin  dar  respuesta  a  las  impugnaciones  planteadas.  (cfr.

considerando XI de la sentencia de Cámara y puntos 1º a 3.d. de la Res. BCRA 155/11).

 

Asimismo,al resolver el agravio referido a la existencia de autorización del BCRA para

llevar a cabo financiaciones al sector público no financiero (Resol. BCRA 680/02), el

Tribunal consideró aplicable el principio de inderogabilidad singular del reglamento

(considerando XII,  párrafos 5º a 10º),sin  advertir  que  esa  doctrina  no  encuentra

asidero práctico en el sub lite,ya  que  la  norma  general  supuestamente infringida

contempla  expresamente  la  posibilidad  de  que  la  autoridad  dispense  su  cumpli-

miento  a  los  obligados  en  situaciones  particulares.

 

En efecto, la Comunicación BCRA A 3054, luego  de  fijar  la  prohibición  de  otorgar

asistencia al Sector Público No Financiero (art2.1.), incluyendo los títulos públicos  y

los pases activos como  los  que  habrían  vinculado  a  los  presuntos  infractores con la

Provincia de Córdoba (arts. 3.1.1. y 3.1.3), prevé expresamente  la  posibilidad  de que

el  BCRA  otorgue excepciones  al  cumplimiento  de  esa  prohibición  con  relación  al

Sector  Público  No  Financiero  Provincial  (art. 4.1.1.).

 

Lo dicho impide la aplicación del referido principio,y exige analizar los alcances de la

ResolBCRA  680/02  pueda  haber  tenido  sobre  las  infracciones  imputadas, en  la

medida  en  que  habría  dispuesto,”excluir, hasta septiembre de 2003,  de  las  limita-

ciones dispuestas sobre Financiamiento al Sector Público No Financieroa la tenencia

de las Letras de Cancelación de la Deuda Provincial emitidas  por hasta el importe de

$ 150 millones que mantenga el Banco de la Provincia de Córdoba  con motivo  de  la

adquisición a tenedores del sector privado,  a  fin  de  facilitar  la  recomposición  de 

su  capital  de  trabajo“.

 

Por lo demásla  sentencia apelada  omite expedirse  sobre  la  impugnación  a  la

constitucionalidad  del  art.41º de  la  Ley  21.526  norma  que, a  criterio  de  los

apelantes,comportaría  una  delegación  de  facultades  sancionatorias  en  pugna

con  el  principio  de  legalidad  por  carecer  de  tope  máximo para las sanciones

de  multa  e  inhabilitación.

 

V.En estas condiciones, sin que lo aquí decidido implique emitir opinión sobre el fondo

del asunto y sobre la legitimidad de las sanciones aplicadas, lo cierto es que la decisión

recurrida,bajo fundamentaciones aparentesla transcripción literal de la motivación del

acto sancionatorio impugnado y la aplicación del  principio de inderogabilidad singular

del reglamento-,ha omitido el análisis de la normativa y extremos conducentes para la

solución del litigio planteado entre las partes.

 

En consecuencia, parte  central  de  la  solución  adoptada  se  apoya  en  conclusiones

dogmáticas  e  inferencias  sin  sostén  jurídico  o  fáctico  con  el  solo  sustento de la

voluntad  de  los  Jueces (conf. doctrina de Fallos: 326:3734;  322:2880;  315:503).

 

VI.En esas condiciones, la sentencia apelada  debe  ser  dejada  sin  efecto,

salvo  en  lo  atinente  al  planteo  de  prescripción  de  acuerdo  a  lo  resuelto  en

el considerando 1º por remisión al dictamen  de  la Procuración (G) de la Nación.

 

Por  ello,  oída  la  señora  Procuradora  Fiscal,  se  hace  lugar  a  las  quejas, se

declaran  formalmente  admisibles  los  recursos  extraordinarios y se  revoca

la  sentencia  apelada.Agréguense  las  quejas  al  principal  y  reintégrense los

depósitos  efectuados. Notifíquese  y  devuélvanse  los  autos  al  Tribunal  de

origen  a  fin  de  que,  por  quién  corresponda, se  dicte  nueva  sentencia

con  arreglo  a  lo  decidido  en  la  presente.

 

RICARDO  LUIS  LORENZETTI.

JUAN  CARLOS  MAQUEDA.

HORACIO  ROSATTI.

CARLOS  FERNANDO  ROSENKRANTZ.

 

-DICTAMEN  de  la  PROCURADORA  FISCAL-

S.C.,  B. 708,  L. XLIX.

S u p r e m a   C o r t e :

I.La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IIconfirmó

la  Resol. 155/11 dictada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias

del Banco Central de la República Argentina (BCRA),mediante la cual se impusieron di-

versas sanciones al Banco de la Provincia de Córdoba SA y a algunos directivos,

en el marco del sumario financiero 1118  (expediente 100.655/02),  sustanciado en los

términos del art.41 de la Ley Nº21.526con el objeto de determinar la responsabilidad

de  quienes  intervinieron  en  las  operaciones  investigadas.

 

Para así decidir,el Tribunal recordó que el BCRA formuló dos  cargos:

 

(i)Por el otorgamiento de asistencia crediticia al Sector Público No Financierocontra-

riando la Normativa que Prohíbe financiaciones de esa índole,además de no encuadrar

en  las  excepciones  previstas;   y

(ii)Por no acatar las instrucciones impartidas por la veeduría de signada en virtud

del  Plan  de  Regularización  y  Seguimiento  exigido  a  la  Entidad

 

Luego de tramitar el Sumario respectivo,la Autoridad de competente impuso las

siguientes sanciones:

(i)Al Banco de la Provincia de Córdoba SAuna multa de $ 1.152.000;

(ii)Al Sr. DGP una multa de $ 1.308.000 e Inhabilitación de seis años;

(iii)A cada uno de los Sres. LER., JHM., JDR., JHA. y RDO. una multa de

$ 1.152.000 más Inhabilitación de cinco años;

(iv)Al Sr. FHO. una multa de $ 1.040.000 e Inhabilitación por cuatro años;

(v)A los Sres. RRS. y FLLA., una multa de $ 112.000.

 

-Rechazo  de  la  defensa  de  prescripción-

 

En primer lugar,la Cámara rechazó la defensa de prescripción alegada por los actores,

pues entendió que en autos existieron actos o diligencias del procedimiento inherentes

a la sustanciación del Sumario que dan cuenta de una actividad continua de la

administración,  con idoneidad interruptiva con respecto al curso del plazo de la

prescripción, que dispone el art. 42º de la Ley 21.526.

 

Tras efectuar una reseña de las operatorias irregulares investigadas y comprobadas

durante la tramitación del Sumario  que dieron lugar a la imposición de las sanciones-,

el Tribunal consideró que resultó razonable la conclusión del BCRA al determinar

que el Banco de la Prov.de Córdoba prestó asistencia financiera al gobierno provincial,

aún cuando tal proceder se encontraba vedado por la Normativa aplicable, sin que la

operatoria en cuestión  pudiera  quedar  subsumida dentro de alguna de las excepciones

previstas.

 

Añadió que tal criterio se ratifica desde una perspectiva que atienda a la realidad eco

nómica-financiera subyacente de las operaciones bajo examen, sin  detenerse

en las apariencias creadas por las partes para determinar la adecuación o corrección

del obrar investigado.

 

Como consecuencia de la referida asistencia, se cometieron otras irregularidades,

a lo que se suma la falta de veracidad de las registraciones y la falta de correspon-

dencia  con  la  realidad  financiera por la que atravesaba la Entidad investigada.

 

-Resolución BCRA 680/02-

    Al respecto la Cámara sostuvo que no resulta suficiente para justificar o dotar de

impunidad a las infracciones cometidas en el marco de la Ley de Entidades Financieras,

el considerar aplicable el principio rector del Derecho Público sobre la inderogabilidad

singular de los reglamentos y en razón de que dicho acto no puede convertirse,para una

Entidad que obra de buena fe y con la debida diligencia,en elemento idóneo a los efectos

de inducir a error excusable ni a la duda sobre el alcance de las normas y reglamen-

tos de la actividad bancaria.

 

Concluyó que no hay motivos para otorgar a dicha resolución un carácter derogatorio

del  ordenamiento  vigente.

 

-No  pudo  actuar  como  Agente  Financiero  provincial-

La Cámara rechazó la defensa fundada en que el Banco actuó como agente financiero provin-

cial por cuenta y orden del decreto local 1440/02,    al  considerar  que  esta  argumentación

desconoce el principio de supremacía que surge del art.31º de la Constitución Nacional

y que, por lo tanto,las previsiones de la Ley de Entidades Financieras deben prevalecer so-

bre la regulación opuesta en el ámbito local.

 

-Planteo de inconstitucionalidad y Graduación de sanciones-

Finalmente,la Cámara desestimó el planteo de inconstitucionalidad formulado respecto del

art.42º de la Ley Nº 21.526,en cuanto dispone el efecto devolutivo  del  recurso  que  prevé

contra  las  sanciones  impuestas  por  el  BCRA  y  rechazó  los  agravios  relativos  a  la

graduación  de  las  sanciones.

 

En tal sentido, sostuvo que el cambio de reglamentación de las escalas mediante la resolución

84/10 resulta de aplicación inmediata  por  tratarse  de  una  norma  adjetiva  que  reviste

una  inmediata  operatividad  desde  su  dictado.

 

   Añadió que no se advierte irrazonabilidad en el ejercicio del poder sancionatorio

desplegado por la Autoridad de Control,pues la graduación de las multas y la inhabilitación

impuesta a los actores dependió de la evaluación técnica realizada con respecto a cada uno

de los cargos imputados,las particulares circunstancias en que participaron en los hechos

ilícitos  y  su  período  de  actuación.

 

II.Disconforme con esta decisión,el Banco de la Provincia de Córdoba SA interpuso el

recurso  extraordinario  que,  denegado,  dio  origen  a  la  presente  queja.

 

Se funda en los  siguientes agravios:

 

(i)Sostiene que la sentencia niega la garantía de ser juzgado en un plazo razonable,

menciona jurisprudencia según la cual ciertos actos del procesocomo la apertura a

prueba, la clausura y los actos de defensa-, carecen de efecto interruptivo del

plazo de prescripción;

 

(ii)  El contrato aprobado por el Banco vinculado a la cesión del préstamo que debía

otorgar el Banco Mundial,no constituye infracción a la prohibición de otorgar asistencia

al Sector Público No Financiero (ComunicaciónA 3054), pues  entre  las  excepciones

que contempla se encuentran aquéllos casos que considere el BCRA, cuando  exista 

autorización para contraer el endeudamiento y autorización del Mº de Economía

para la financiación.Dice que no está controvertido que tal cesión no se perfeccionó 

y  que  su  objeto  era  pedir  asistencia  financiera  al  BCRA  y  no  proveerla des-

de  el  Banco  de  la  Provincia  de  Córdoba.

 

(iii)Respecto a las operaciones con Letras de Cancelación de Obligaciones provinciales

(LECOP) ,y Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales de Córdoba (LECOR),

expresa  que  no  constituyeron  una  asistencia  a  la  provincia,sino  la  adquisición

de esos valores a quienes cobraban sueldos,jubilaciones o facturas en LECOP LECOR.

Además afirma que se han dictado dos actos eximentes de responsabilidad: la

Resol.BCRA 680/02 y el decreto provincial 1440/02,normas que la sentencia descarta

lesionando garantías fundadas en legislación federal.

 

La Resolución BCRA 680/02 que la Cámara descalificó invocando la inderogabilidad

singular de los reglamentos, fue dictada por el BCRA en ejercicio de sus facultades discre-

cionales propias,a fin de permitir que el Banco se excediera en las relaciones técnicas

vinculadas con el Endeudamiento de Sector Público, en  un  contexto  de  crisis  financiera

sistémica.

 

De ese modo, omitió tener en cuenta que aquél principio no es absoluto y que no se aplica

cuando el mismo reglamento prevé excepciones, como ocurre en el caso con la Sección 4

de la Comunicación A 3054.

 

Por otra parte,sostiene que el decreto provincial 1440/02 no infringe norma nacional alguna

y no ejerce ninguno de los poderes delegados a la Nación, porque los LECOR no eran moneda

sino deuda de la Provincia y aquél decreto le permitía al Bancoque por entonces era una

entidad autárquica provincial-,recibir depósitos de los LECOR que pagara a sus Proveedores,

con una remuneración, operación equivalente a un alquiler de Títulos Públicos lícita.Seña-

la que este aspecto fue introducido por la sentencia sin existir objeción de las partes, lo  que

importa una violación a la garantía de defensa en juicio.

 

(iv)La decisión no tiene en cuenta que la Ley 21.526 impone como garantía de los afectados

que las sanciones obedezcan al perjuicio ocasionado a terceros”  y  al  beneficio generado 

para el infractor” y, en el caso, no se ha demostrado que no se configura ninguno de tales

presupuestos,motivo por el cual entiende que el BCRA carece de poder  para  aplicar  san-

ciones;

 

(v)Se omite el tratamiento de la inconstitucionalidad del art41º de la Ley 21.526mo-

dificado por la Ley 24.144– en  cuanto  delega al BCRA la facultad de legislar la cuantía de

las multas  y  el tiempo de Inhabilitación que puede imponer, sin disponer máximos“, lo

que  violaría  el  principio  de  legalidad  y  afectaría  el  derecho  de  defensa  en  juicio;

 

(vi)Se convalidaron multas dispuestas según la Escala prevista en la Resol.BCRA 84/10,

dictada con posterioridad a los hechos investigados, lo que viola  el  principio

de legalidad de la pena (art.18,C.N.),pues no regula el procedimiento sino que se trata

de una norma sustantiva que debió ser emitida como ley formal. Duplicó los mon-

tos  de  las  multas  previstos  en  la  Resol. 465/02 vigente al tiempo de los hechos.

 

III.Cabe señalar  que  los  agravios  relativos  a  la  defensa de prescripción,no pueden

prosperar pues,las  reglas  que  la  rigen  constituye  materia  propia  de  los  Jueces de

la causa y ajenas,por principio,a la jurisdicción extraordinaria,por tratarse de cuestiones

fácticas,de derecho común y procesal,salvo que la sentencia  recurrida carezca de funda-

mentación suficiente o se aparte de la normativa aplicable,supuestos de excepción que

no concurren en el presente,desde  que  la  Cámara  dio  por  integrado el trámite dentro

de los plazos procesales establecidos por la LEF 21.526 (art.42)  sin que se advierta 

arbitrariedad  en  su  examen.

 

IV.Sentado lo anterior,  “entiendo que el recurso extraordinario interpuesto es formalmente

admisible, toda vez que se halla en juego la aplicación e interpretación de normas de carácter

federal y la decisión del  superior Tribunal de la causa ha sido adversa a las pretensiones que

el apelante funda en ellas (art.14, inc. 3º, Ley 48).Por lo demás,cabe recordar que,en la tarea

de establecer la inteligencia de normas de la índole mencionada,la Corte no se encuentra li-

mitada por las posiciones del tribunal apelado ni por los argumentos de las partes,sino que

le incumbe realizar una declaración sobre el punto  disputado, según la interpretación que

rectamente le otorgue. (Fallos: 326:280).

 

VI.Opino, por tanto, que corresponde declarar la admisibilidad de la queja y del recurso

extraordinario interpuestos y confirmar la sentencia apelada.

Buenos Aires, 18 de Marzo de 2015.

LAURA  M.  MONTI.

 

-NOTA-

Recordamos que la CSJN sigue el dictamen de la Sra.Procuradora Fiscal,sólo en los

puntos I.a IV.y  que  sentencia la revocación de la sentencia de Cámaramientras

que la Procuradora finaliza confirmando la sentencia de Cámara. (verla  en  el

encabezamiento  del  dictamen)

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