-Martilleros y Corredores-Régimen Legal En La Provincia De Salta En Cuanto No Exige Título Universitario Como Sí Lo Impone El Decreto-Ley Nacional 20.266 y Modificatorias Es Cuestión Que Compete a Los Jueces Locales y No Al Fuero Federal-

by Dra. Adela Prat on noviembre 22, 2017

Martillera y Corredora plantea la inconstitucionalidad de normas del Régimen Legal Provincial,

comparándolo con el Régimen Legal Nacional (decley 20.266/73 y modificatorios).

 

La CSJN tras adherir al dictamen de la SraProcuradora Fiscal,deniega la intervención del fuero

federal.La cuestión atinente a la reglamentación de las Profesiones Liberales atañe a los Jueces Lo-

cales.Se trata de facultades reservadas a las Provincias y no delegadas al Gobierno Nacional.

 

Los Jueces Locales tienen atribuciones para pronunciarse sobre cuestiones constitucionales

atinentes al régimen legal de los Martilleros y Corredores,actuantes en su jurisdicción.

 

 

 

-FSA  16491/2015/CS1-

“Cavallo Álvarez, Sandra Elizabeth c/ Colegio Único de Corredores Inmobiliarios

de  la  Prov. de  Salta  s/ acción  meramente  declarativa  de  derecho”

-Tribunal:  –Corte  Suprema  de  Justicia  de la  Nación

-Fecha:   14/11/2017.

-Cita:  –página  web  CSJN

-Sumario-

Régimen legal de Martilleros y Corredores. Ley provincial que

regula el régimen de la actividad.          Cuestionamiento de la

constitucionalidad.Juez competente.Facultad de las provincias

para reglamentar el funcionamiento de las profesiones liberales.

Actuación reservada a las provincias. Régimen legal nacional:

decretoley 20.266/73 integrado con las normas del CCyCN,

conformando unúnico régimen de derecho común“.-

Atribución que tiene los Jueces locales para pronunciarse

sobre cuestiones constitucionales atinentes normas locales.

Se confirma la sentencia apelada.

 

 

 

-CORTE  SUPREMA  de  JUSTICIA  de  la  NACIÓN-

 

Buenos  Aires,  14  de  noviembre  de  2017.

Vistos los autos: “Cavallo Álvarez, Sandra Elizabeth c/Colegio Único de Corredores Inmobiliarios

de  la  Provincia  de  Salta  s/ acción  meramente  declarativa  de  derecho“.

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen de la Sra.

Procuradora Fiscal, a los que cabe remitir por razones de brevedad.

 

Por ello, de conformidad con lo dictaminado, se declara formalmente admisible el recurso

extraordinario y se confirma la sentencia  apelada.Notifíquese y devuélvase.

 

Lorenzetti.  Highton de Nolasco.  Maqueda.  Rosatti.  Rosenkrantz.

 

-DICTAMEN  PROCURADORA  FISCAL-

 

I.La Cámara Federal de Saltaal resolver el recurso de apelación contra la sentencia de

la instancia anterior que desestimó la medida cautelar solicitada por la actora,declaró

la incompetencia de la Justicia Federal en razón de la materia y ordenó su archivo en

los términos del art. 354, inc.1º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

 

Para así resolver, sus integrantes consideraron que el planteamiento de la actora,en

su carácter de Martillera y Corredora Pública,consistentes en obtener la declaración

de inconstitucionalidad de los arts. 53, 62 inc. b) y 112 de la ley provincial 7629/10,

por ser contrarios a los arts. 31, 32, 33 y ccts. del decretoley Nacional  20.266/73,

que establece el régimen legal de Martilleros y Corredores,y al derecho de trabajar

y al principio de igualdad amparados por los arts.14 y 16 de la Constitución Nacio-

nal, no  suscita  una  cuestión  federal.

 

Ello así, porque dicha Ley fue sancionada por el Congreso de la Nación dentro de

las facultades que le otorga el art. 75inc. 12, de la C.N.,  por  lo  que  integra  el

derecho común y forma parte de los preceptos del Código de Comercio,  corres-

pondiendo su aplicación y control constitucional a los tribunales federales  o /

provincialessegún  que  las  cosas las personas caigan  bajo  sus  respectivas

jurisdicciones.

 

II.Contra esa sentencia,la actora dedujo el recurso extraordinario de fs.48/58,

que fue concedido por el aquo,en  orden  a  la  denegación  del  fuero  federal.

 

Sostuvo, que es erróneo lo afirmado por la Cámara en cuanto a que el decreto

ley 20.266/73 fue sancionado por el Congreso de la Nación dentro de las facul-

tades que le otorga el art.75, inc.12, de la C.N.,puesa su entendereste poder

del Estado dictó esa ley dentro de las atribuciones conferidas por el art.75, in-

ciso 13, de la C.N.,puesto que regula elcomerciointerprovincial para todo

lo relacionado con remates públicos,tasaciones,intermediación en la compra

venta de propiedades y otras actividades,  se realice en un marco jurídico 

uniforme  en  todo  el  territorio  nacional.

 

Es por ello que adujo que la legislación provincial contradice una ley federal

del Congreso Nacionalque fue dictada dentro de las atribuciones propias y

exclusivas de éste,en lo relativo al comercio interprovincial de la actividad

del corretaje.

 

Asimismo, considera que el fuero federal procede al conculcarse el derecho

a trabajar y el principio de igualdadconsagrados  en  los  arts14  y  16  de

la C.Nen  tanto  la  legislación provincial habilita a otras personas

para ejercer el Corretaje Inmobiliario sin necesidad de poseer título univer-

sitario, como  lo  exige  la  ley  nacional.

 

III. “Cabe recordar que los pronunciamientos que resuelven cuestiones de

competencia no autorizan la apertura de la instancia extraordinaria del ar-

tículo 14, de la Ley 48,  pues dichas decisiones  no  constituyen sentencia

definitiva,salvo que medien determinadas circunstancias excepcionales q´

permitan equipararlas a tales,como que haya denegación del fuero federal.

 

Esto es lo que ocurre en el proceso, puesto que la actora solicitó que se de-

clare la competencia del fuero federal y ello fue denegado por la decisión

recurrida.

 

IV.”Pienso que no le asiste razón a la recurrente en tanto afirma que este

proceso corresponde a la Justicia Federal.

 

“En el caso en análisis,la pretensión de la actora consiste en obtener certeza

sobre la ley provincial 7629/10  que dispone el régimen legal de martilleros

y corredores públicos y de corredores inmobiliarios  de  la  Prov. de  Salta,

facultad que se encuentra incluida dentro de las reservadas por el art.121,

de la C.N, que dispone que las provincias conservan todo el poder no  de-

legado al gobierno federal, lo cual  comprende  la  reglamentación de  los

derechos asegurados a los habitantes por la propia Constitución,sin otra

limitación que la razonabilidad que es el requisito de todo acto legítimo.

 

  En tal sentido,es doctrina de V.E. que,en materia de profesiones liberales,

no es dudoso que las provincias tienen la atribución de reglamentar su ejercicio

en sus respectivas jurisdiccionespero con la limitación natural que dispone el

art.28 de la C.Npues dentro de lo razonable,las provincias pueden establecer

los  requisitos  complementarios  que en  ejercicio  del  poder  de  policía,  les

corresponde.Y  si  el título habilita para ejercer la profesión, puede concebirse

que  las  autoridades  facultadas  para reglamentar dicho ejercicio determinen,

los modos  de él según las circunstancias y dispongan requisitos destinados a

asegurar la rectitud y responsabilidad con que la profesión ha de ser ejercida.

 

La Corte ha dicho que la organización y gobierno de la matrícula de martillero,

la verificación de la capacidad y aptitud para desempeñarse en el medio local,

es materia que cae dentro de las atribuciones reservadas de las provincias (hoy

artículo 121 de la Constitución Nacional).

 

Advierto que el decretoley nacional 20.266/73que dispone los presupuestos

mínimos del régimen legal de martilleros y corredores públicos fue dictado en

uso de las atribuciones conferidas por el art.75inc.12 de la Constitución.(*)

 

Es decir,que la ley nacional 20.266 se integra con las normas del Código Civil

y Comercial de la Nación, conformando un único régimen de derecho común.

 

Por ese motivola competencia atribuida por el art.116 de la Ley Fundamental

a la Corte y Tribunales Inferiores de la Nación respecto a las causas que versen

sobre puntos regidos por las leyes de la Nación,encuentra como límite la reser-

va hecha en el inc. 12 del art.75 y por consiguiente la demanda que, como  en

el caso, se funda directamente en la falta de validez de una ley local por consi-

derarla contraria a las disposiciones de las leyes de derecho común,debe ser

juzgada  por  jueces  locales,ya  que  su  aplicación  le  corresponde

a  ellos  al  caer  las  cosas  de  que  se  trata  bajo  su  jurisdicción.(**)

 

La correcta aplicación de esos principios guarda los legítimos fueros de las

entidades que integran el Gobierno Federal, dentro de su normal jerarquía,

dado que carece de objeto llevar a la Justicia Nacional el cuestionamiento

de una ley o un decreto que, en sus efectos,  puede ser rectificado por la 

magistratura provincial  (Fallos:  176:315, considerando 3º).

 

 “Ello es así,en razón de que el respeto del sistema federal y de las autono-

mías provinciales requiere que sean los jueces locales los que intervengan

en las causas en que se ventilan cuestiones de esa naturaleza,sin perjuicio

de que los temas federales que también puedan comprender esos pleitos

sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario

regulado en el artículo 14º de la Ley 48.

 

Finalmente, observo que no obsta a lo expuestola afectación que la ac-

tora alega de los arts. 14 y 16 de la Constitución Nacional,  puesto que la

nuda violación de garantías constitucionales provenientes de autoridades

de provincia, no sujeta, por sí sola, las causas que de ella surjan al fuero

federal, que  sólo  tendrá  competencia cuando aquéllas sean lesionadas 

por o contra una autoridad nacional (doctrina de Fallos: 330:1114)

o cuando medien razones vinculadas a la tutela de las competencias que

la Constitución confiere al Gobierno Federal (Fallos: 311:919316:1777),

situaciones que, por lo que llevo dicho,no  se  presentan  en  el  caso 

bajo  análisis.

 

V.Por elloopino que cabe confirmar la sentencia apelada en cuanto

fue materia de recurso extraordinario.

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016.

LAURA  M.  MONTI.

 

-Citas-

(*) El art.28 del decretoley 20.266/73 establece que se aplicará en todo el

territorio de la República y su texto queda incorporado al Código de Comer-

cio” y el art.31,que Sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de

la legislación local,es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta

ley respecto de los martilleros, en todo lo pertinente y no se encuentre mo-

dificado en los artículos siguientes“.

 

La Ley 25.028,en cuanto modifica el decley 20.266/73,en  su  artículo 3º

dispone que Hasta tanto se implementen las carreras universitarias para

corredores y martillerosla habilitación profesional se hará conforme las

disposiciones del artículo 88 del Código de Comercio y 1º de la ley 20266

que a tal efecto permanecen vigentes por ese exclusivo lapso“.

 

A su vez, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) con

vigencia desde el 01.08.2015,derogó los arts.3637 y 38 de la Ley 20266,

regulando el Contrato de Corretaje en el Capítulo 10  del  Título  IV.

 

(**)Fallos: 334:902, y causa OriginarioCoto Centro Integral de Comer-

cialización S.A. c/Santa FeProvincia de s/amparo“, sentencia de  fecha

26.04.2016.

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