Lealtad Comercial-Resuelven La Validez Constitucional Del Principio “Solve Et Repete”-Caso De Infracción a Reglamentos De Policía-Disposición DNComercio Interior-Sanción De Multa-

by Dra. Adela Prat on noviembre 20, 2017

Un Supermercado es sancionado con Multa por la Dirección Nacional de Comercio Interior,

mediante el dictado de una Disposición.Se desestima el recurso de apelación y la posterior

queja,pues no acreditó haber depositado previamente el importe de la multa de $ 85.000,

requisito indispensable para efectuar la revisión judicial.

 

Pudo haber acreditado la falta de capacidad económicofinanciera y patrimonial único

supuesto de excepción a la aplicación del principio mencionado,receptado por el art.22º

de la Ley de Lealtad Comercial 22.802modificada por la Ley Nº 26.993.

 

-Autos caratulados:

“Jumbo Retail Argentina SA c/ DNCI s/Lealtad Comercial-Ley 22802-Art.22”

-Tribunal: –Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

-Sala:  -IV-

-Fecha:  14/11/2017.

-Cita: –http://www.abogados.com

-Sumario-

Principio solve et repete“: Constitucionalidad.

Infracción a reglamentos de policía.   Ley  de

Lealtad comercial Nº 22.802 22º.

Ley de Procedimiento Administrativo 19.549.

Disposición DNCIApelación denegada:queja.

Recurso directo./Precedentes CSJN: validez

constitucional del principio solve et repete.

Intimación de pago.Excepciones al principio

desolve et repete“: Capacidad económica

financiera  y  patrimonial  del  sancionado.

 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo FederalSala IV

Buenos Aires,  14  de noviembre  de  2017.

 

VISTO:

El recurso de queja deducido a fs. 2/10 vta.; y

CONSIDERANDO:

I.Que,Jumbo Retail Argentina S.A deduce queja contra la Disposición 137/17,en virtud

de la cual la Directora Nacional de Comercio Interior tuvo por no interpuesto el recur-

so deducido contra la Disposición 1092/17,por no haberse integrado el depósito previo

de la multa de acuerdo con lo previsto por el art.22º de la Ley 22.802.(Ley de Lealtad

comercial).

 

Plantea que el hecho de que sea el mismo organismo el que dictó la Resolución y el que

se pronuncia acerca de la admisibilidad de la apelación lo convierte en Juez y parte del

recurso impetrado.Considera que la cuestión debe ser revisada y resuelta en sede ju

dicial (arg. arts.9º, 17, 23 y 24Ley 19.549, de Procedimientos Administrativos).

 

Asimismo sostiene que, de conformidad con lo dispuesto por el art.22º de la Ley nº

22.802frente a la constatación de que el pago previo resulta exigible y  que no se

haya cumplimentado, el organismo debe intimar al actor  para que en el

plazo de 15 días lo efectivicebajo apercibimiento de desestimar por inadmisible

la pretensión.

 

En el mismo orden de ideas, cuestiona queen el casoel Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas no la intimó a efectuar el pago previo,ni le notificó la denegación

o aceptación del pedido de prórroga  solicitado  en  oportunidad  de  presentar  el

recurso.

 

Por otra parte,subsidiariamente, solicita la declaración de inconstitucionalidad

del  art. 22º  de  la  Ley  22.802.

 

Por último manifiesta que la Disposición 137/17 no indicó el plazo y el recurso

viable contra el acto administrativo que deniega el recurso de apelación,por lo

que el plazo para la interposición de la queja debe considerarse ampliado en

los términos del art40º del decreto reglamentario de la Ley 19.549.

 

II.La Disposición que denegó la apelación se notificó a la actora el 9.10.2017,

y la presente queja se recibió el 18.10.2017,es decir, dentro del plazo para in-

terponerla (art.282 CPCCN).A su vez,se acompañaron las copias y se indica-

ron las fechas requeridas por el art.283 del CPCCN,de modo que resulta for-

malmente admisible.

 

III.El artículo 22 de la Ley 22.802, según la redacción vigente a la fecha de la

interposición del recurso,dispone en lo pertinente: “En todos los casos, para

interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que im-

ponga sanción de multa,deberá depositarse el monto de la multa impuesta

a la orden de la autoridad que la dispuso,y presentar el comprobante del de-

pósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado,  salvo

que el cumplimiento del mismo pudiese ocasionar un perjuicio irreparable

al recurrente” (texto sustituido por el art.63 de la Ley 26.993).

 

IV.”No se advierten razones que justifiquen apartarse de lo resuelto por la

autoridad de aplicación en cuanto a la inadmisibilidad formal del recurso

interpuesto“.

 

 “Ante todocorresponde  hacer  notar  que  la  revisión  del  juicio  de  admisi-

bilidad formulado por la autoridad administrativa remite,necesariamenteal

análisis de la constitucionalidad de la norma que modificó la cuestión atinen-

te al procedimiento y fue invocada en sustento de la denegatoria.

 

Sobre esa base, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ha admitido

desde antiguo la validez constitucional de la exigencia del pago previo de

las multas aplicadas con motivo de infracciones a reglamentos de policía y

como requisito de la intervención judicialsin perjuicio de que también ha

sostenido que configuran excepciones a ese principio,aquellos casos en los

que tal requisito legal,por su desproporcionada magnitud respecto a la ca-

pacidad económica del apelante,tornara ilusorio el derecho que le acuerda

el  legislador  en  razón  del  importante  desapoderamiento de bienes que

pude significar aquél.(*)

 

En el caso, la multa discutida asciende a $ 85.000 pero, más allá de las

genéricas alegaciones que realiza el recurrente, no  se  acompañó  ele

mento objetivo alguno tendiente a acreditar su situación financiera y

patrimonial,circunstancia que impide concluir que la satifacción de ese

importe pueda significar un importante desapoderamiento de bienes y

que ello revista una desproporcionada magnitud respecto a su capacidad

económica,única circunstancia que se consideró supuesto de excepción 

al principio de solve et repete. (**)

 

En este contexto,corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad

del art.22º de la Ley 22.802modificado por Ley 26.993-, desestimar la

queja deducida y en consecuencia,confirmar la resolución denegatoria de

la apelación (en igual sentido, esta Sala, “Incidente Nº 1º-  Actor Grupo

Franquiciado SA s/ recurso de queja“,   resol.  23/02/16  y  3.955/2017,

Incidente Nº 1º- Actor: Despegar.com.ar SA c/DDC s/recurso de que-

ja“,  resol. del 23/02/2017,entre otras).

 

Por las razones expuestas,por mayoría, se RESUELVE: Desestimar

la queja deducida.

Regístrese, notifíquese y archívese.

 

MARCELO  DANIEL  DUFFY.

JORGE  EDUARDO  MORÁN.

ROGELIO  W.  VINCENTI  (en disidencia)

 

El señor Juez de Cámara, Rogelio W. Vicenti dijo:

Que en atención a las cuestiones constitucionales planteadas en la causa,

corresponde conferir vista al señor Fiscal General (arts.y 3º de la ley

27.148).

ROGELIO  W.  VINCENTI.

 

-Citas-

(*) (Fallos: 247:181; 261:101; 312:2490328:2938).A su vezla CSJN

confirmó tal tesitura en la causaGiaboo  SRL  s/ recurso  de  queja“,

sentencia del 10/11/2015,con remisión al dictamen de la SraProcura-

dora Fiscal.

 

(**) Confresta Sala, causa 28.729/10,”Ange SRL c/Disposición 3017/10

CNRT  (expte. S01  182195/05)”,sent. del 9/11/10, entre otras.

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