-Deciden Que Es Inconstitucional El Artículo 1º De La Ley 27.348 Modificatoria De La Ley De Riesgos Del Trabajo-

by Dra. Adela Prat on octubre 10, 2017

EN  CONCRETO,  LA  INCONSTITUCIONALIDAD  RECAE  SOBRE  LA

DETERMINACIÓN  DE  UNA  INSTANCIA  PREVIA,  OBLIGATORIA

y  EXCLUYENTE  de  CARÁCTER  ADMINISTRATIVO

***Las  Comisiones  Médicas  no  pueden  ni  deben  asumir  aptitudes

jurisdicionales,  propias  del  Poder  Judicial***

 

-Expte. Nº 35.535/2017-Juzgado Nro.54-

-Autos  caratulados:

“Mercado, Héctor  Gabriel c/Galeno ART S.A.s/Accidente -Ley Especial”

-Tribunal: –Cámara  Nacional  de  Apelaciones  del  Trabajo

-Sala:  VII

-Fecha:  02/10/2017.

-Cita: –diariojudicial.com

-Sumario-

Inconstitucionalidad  de  la  determinación  de  una

instancia  previa  administrativa  en  los  casos  de

accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  laborales.

Violación del  artículo 18  de  la  Constitución

Nacionaldel principio pro homine  y  de

progresividad, entre  otros.

 

 

-CÁMARA  NACIONAL  de  APELACIONES  del  TRABAJO-

-SALA  VII-

Buenos  Aires,  2  de  octubre  de  2017.

La Dra. Estela  Milagros  Ferreirós  dijo:

VISTO

El  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  parte  actora  a  fs. 33/42  contra  la

sentencia  interlocutoria  que a fs. 29/32  resolvió  declarar  la  falta  de  aptitud

jurisdiccional  para  conocer  en  el  presente  caso.

 

Y  CONSIDERANDO:

La Sra. Juez de grado,apartándose  de  lo dictaminado por la Sra.Fiscal a fs.28en-

tendió que  la  exigencia  formal  de  transitar una instancia  administrativa  previa,

no constituye un obstáculo al acceso a la Justicia,ni existe motivo alguno que jus-

tifique declarar la inconstitucionalidad de las modificaciones introducidas por la Ley

27.348ya que se encuentra garantizado el acceso a la jurisdicción,y resulta acotado

el plazo de  trámite por ante las Comisiones Médicas,de modo que no corresponde-

ría,por el momento,habilitar  la  vía  judicial  al  no  encontrarse cumplido  el

recaudo  previo  establecido  en  dicho  dispositivo  legal.

 

El recurrente sostiene que la Ley Nº 27.348:

1)No ha derogado las leyes de competencia material ni territorial de la Ley Orgánica,

que  determinaba  una  instancia  administrativa  ante  el  SECLO;

2)No resulta aplicable la norma por la falta de adhesión del Estado Provincial;

3)Las disposiciones legales cuestionadas introducen una discriminación arbitraria

entre trabajadores registrados  y  no registrados;

4)Resulta violatoria del art.18 de la Constitución Nacional y el acceso a la Justicia;

5)Existe  una  imposibilidad  de  sometimiento  al Cuerpo Médico Forense;

 

6)Media  una  incompatibilidad  con  el  sistema  federal;

7)La resolución revela un apartamiento y falta de valoración del dictamen fiscal;

8)Incurre en violación de los principios protectorios.Insiste en la inconstitucionali-

dad de las Comisiones Médicas,en especial al indicar la intervención obligatoria y ex-

cluyente de aquéllas, y elimina la acción judicial,con lo cual se impide sustanciar

la prueba ofrecida.

 

La  índole  del  tema  involucrado, generó  la  necesaria  intervención  del  Ministerio

Público (arts.1 y 31 de la Ley 27.148) y el Sr.Fiscal General se expidió en los términos

que surgen del dictamen que luce agregado a fs. 49.

 

El planteo de inconstitucionalidad del plexo normativo que obsta al acceso a la jus-

ticia a través de una acción, no fue materia de tratamiento puntual en el dictamen.

 

El Dr. Néstor Miguel Rodríguez Brunengo dijo:

Coincido con la solución propuesta por mi colega,pues efectivamente el diseño instau

-rado  a  partir  de  las  modificaciones  impuestas  a  la  Ley  de  Riesgos  del  Trabajo,

consistente en un procedimiento administrativo  con facultades jurisdiccionalesde

carácter previo, obligatorio y excluyente,no brinda las garantías del debido proceso

(art.18, Constitución Nacional),tanto más que no le permite al trabajador enfermo

o accidentado,replantear los hechos ni ofrecer pruebas, sino sólo discutir lo actuado

en aquella sede, excluyendo la demanda directa.

 

“Entiendo que al otorgarse facultades jurisdiccionales a las Comisiones Médicas,

se demora innecesariamente el acceso rápido y pleno a la justicia,tal como lo señaló

el Máximo Tribunal en la causaObregón“, dejando  al  arbitrio  de  los  médicos

decisiones tales como determinar si un accidente o una enfermedad puede encuadrar

-se en las previsiones del art.6º de la Ley de Riesgos del Trabajo, esto es, si puede ser

considerado como una contingencia cubierta o no por el dispositivo legal,cuando tal

calificación sólo puede ser dispuesta por el Juez de la causa,luego del análisis de los

hechos y el derecho que las partes invocan,cuestión que no puede quedar en mano

de galenos.

 

“No soslayo que el Decreto 1475/2015  determina  que  cada  Comisión  Médica  y

Comisión Médica Central  se constituían con Secretarios Técnicos Letrados  como

órgano jurídico permanentepero éstos no emitirán dictámenes vinculantes  y

la decisión jurídica se encuentra en manos de médicos, de modo que no se

sanea la falencia referida anteriormente,  pues  la  resolución  administrativa

definitiva estará a cargo de profesionales de la medicina,quienes deberán resolver

cuestiones jurídicas muchas veces complejas,relativas a distintos aspectos de la Ley

24.557 (contingencias comprendidas, situaciones cubiertas,determinación del IBM,

si hay pagos clandestinos que conformen el salario, qué prueba resulta conducente,

los derecho habientes legitimados, entre otros).

 

“Cabe recordar que el art.116, de la Norma Fundamental determina como facultad

exclusiva y excluyente  del  Poder  Judicial  la  decisión  de  todas  las  causas  que

versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación,de modo

que cuando tal potestad se le confiere al un órgano del Poder Ejecutivo, se viola el

principio republicano de división de poderes y se afecta el derecho de acudir

al Juez  natural en un debido proceso judicial.

 

“La revisión judicial prevista en el art.2º de la Ley 27.348 no satisface la garan

tía  mínima  de debido proceso, tendiente  a  asegurar  un  resultado  justo  y

equitativo dentro de la contienda  judicial,que le permita tener oportunidad de ser

oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al Juez (art.18citado),

ya  que  el  recurso  que  estatuye  como  mera  revisión  judicial  de  lo  actuado  en

sede administrativa por los profesionales de la medicina,a quiénes se les otorga

facultades jurisdiccionales para desestimar las pruebas improcedentessuperfluas o

dilatorias,amén de establecer los distintos aspectos que rodean la  viabilidad de un

reclamo indemnizatorio dentro de las previsiones y con los alcances previstos en la

Ley Nº 24.557.

 

“La  idoneidad  técnica  de  los miembros  de  las  Comisiones  Médicas  para  evaluar

la  existencia  de  dolencias  y  las  incapacidades  que  éstas  pudieran  generar desde

sus conocimientos científicos, es indudable;pero reitero que la determinación

del carácter  laboral del accidente o profesional de la enfermedad,así como la relación

causal con el factor laboral,son materias que exceden los conocimientos científicos de

aquéllos y requieren de una formación técnico-jurídico de la que adolescen, y

es natural que así sea, pues para la determinación de tales aspectos, son los Jueces

quienes resultan idóneos tanto desde el punto de vista científico como  cons

titucional.

 

El Máximo Tribunal ha dicho in re: “Álvarez, Maximiliano y otro c. Cencosud SA s/

acción de amparo” que el debido impulso hacia la progresividad en la plena efectivi-

dad de los derechos humanos que reconocen,propia de todos los textos internaciona-

les y especialmente del PISDEC (art. 2.1º) sumado al principio pro homine,connatu-

ral con estos documentos,determina  que el intérprete del derecho debe escoger, el 

resultado  que  proteja  con  mayor  medida  a  la  persona  humana.

 

La pauta  hermeneútica  citada  se  impone  con  mayor  intensidad, cuando su aplica-

ción  no  entrañe  colisión  alguna  del  derecho  humano, así interpretado, con  otros

valores, principios, atribuciones o derechos constitucionales.En el precedente de 1974

de  vital  importancia  en  el  control  constitucional  in re: Bercaitz Miguel Ángel s/

Jubilación“(CSJN, Fallos: 289:430),se censuró toda inteligencia restrictiva de los

derechos humanos, puesto que se contrariaba de tal modo la jurisprudencia de la Cor-

te concordante con la doctrina universal y el principio de favorabilidad (Fallos: 289:

430;  437;  296: 26, 27).

 

Lo hasta aquí expuesto me permite establecer que en virtud del estado de vigencia de

los Tratados, el alcance interpretativo de éstos según el art. 75 inc. 22 de la C.N., por

imperio de los principios pro homine y de progresividad, al perderse el Juez natural

con  su  especial  versación  y  en  el  marco de un  proceso  específico determinado pa-

ra la disciplina como es la Ley Orgánica,   se produce la violación del debido proceso,

que no se preserva porque se establezca una mera revisión vía  recursiva, pues el

proceso en sí, se deja en manos de profesionales de la medicina, en un régimen que

el Sr. Fiscal General califica como algo parco y barroco y que se encuentra reglamen-

tado en parte por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con la posible laguna

acerca del proceso judicial concreto ulterior,lo que se encuentra en pugna

con  el  mandato  constitucional  como  lo  he  adelantado (art. 18, C.N.).

 

En conclusión,corresponde declarar la inconstitucionalidad de la determinación de

una  instancia  previa  y  obligatoria (art. 1º, Ley 27.348), en tanto lesiona el

acceso  irrestricto  a  la  justicia, la  tutela  judicial  efectiva  y  el  debido  proceso  le-

gal, derechos éstos  tutelados  por  el  art. 18 de la Constitución  Nacional, además  de

los  arts. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2.1. del PISDEC, 18º 

de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8º  y  25º  de  la

Convención Americana de Derechos Humanos  y  art. 14º del  Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos .Así lo decido.

 

“En consecuencia, se  debe  asumir  sin  más, la  aptitud  jurisdiccional  de  la  presen-

te  causa.

 

En  consecuenciaoído que fue el Fiscal General,EL TRIBUNAL RESUELVE:

(i) Revocar  la  resolución apelada, declarar  la  inconstitucionalidad del art.1º de la

Ley 27.348 y asumir la aptitud jurisdiccional en los presentes actuados.

(ii)Disponer las costas de ambas instancias por su orden (art.68, 2do.párrafo, del

C.P.C.C.N.).

(iii) Diferir la regulación de honorarios para la etapa de la sentencia definitiva.

(iv)Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto por el art.1º de la Ley 26.856 y

con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese,  notifíquese  y  devuélvase.

——————————————–

 

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: