Reparación Daño Moral Demandada Por Menor Que Convivía y Recibía Trato Familiar De Parte Del Fallecido-La CSJN-Mayoría-Declara Inadmisible El Recurso Extraordinario-

by Dra. Adela Prat on septiembre 11, 2017

VOTOS  EN  DISIDENCIA:

DECLARAN  la  INCONSTITUCIONALIDAD  del  Artículo 1078

del Código Civil derogado, en Tanto Otorga Daño Moral  Sólo a

los  Herederos Forzosos.

 

VER  DICTAMEN  del  Sr. Procurador  Fiscal:  ídem  votos  en

disidencia. El Art.1078 es inconstitucional y  revoca  la  sentencia

que  lo  desestimó.Fecha del dictamen: 08/09/2015.Niño que

alcanza la Mayoría de Edad en el transcurso del Trámite.

 

 

-CSJ  112/2014  (50-G) /CS1-

“González, Marisa Graciela y otros c/EN-Mº de Justicia y

Der.Hum.-Gendarmería Nacional s/daños y perjuicios”.

-Tribunal: –Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación

-Fecha:  05/09/2017.

-Cita: –página web CSJN

-Sumario-

Daño Moral. Artículo 1078,del Código Civil anterior.

Legitimación para su reclamo: Herederos Forzosos.

Constitucionalidad.Situación del Menor que convivía

y recibía Trato Familiar ostensible por parte del fallecido.

MAYORÍA:Recurso extraordinario Inadmisible(CPCCN:280)

DISIDENCIA de los Jueces Maqueda y Rosatti=Control de

constitucionalidad  de  la  norma, en  el  caso  concreto.

Razonabilidad.Principio de Igualdad.Alcance del concepto de

familia.Procedente el recurso extraordinario y se declara la

inconstitucionalidad del artículo 1078 del Código Civil.

 

 

-CORTE  SUPREMA  de  JUSTICIA  de  la  NACIÓN-

 

Buenos Aires,  5  de  Septiembre  de  2017.

Vistos los autos:”González,Marisa Graciela y otros c/ENMº de

Justicia y Der. Hum. –Gendarmería Nacional s/ daños y perjui-

cios“.

Considerando:

Que el recurso extraordinario es inadmisible (art.280 del Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación).

 

Por ello, se lo desestima. Notifíquese y devuélvase.

Fdo.:

Ricardo Luis Lorenzetti.

Elena I. Highton de Nolasco.

Juan Carlos Maqueda. (en disidencia)

Horacio Daniel Rosatti. (en disidencia)

Carlos Fernando Rosenkrantz.

 

-DICTAMEN del Sr. Procurador Fiscal-

Suprema  Corte:

-I-

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Co-

mercial Federal revocó parcialmente la sentencia de 1ª instancia

y declaró la validez constitucional del art.1078 del Código Civil.

 

Determinó que el Niño L.M.M. no posee legitimación para recla-

mar por el daño moral derivado del deceso del Sargento Ramón

U. ocurrido a raíz de la electrocución generada por la descarga

de un rayo sobre un tendido de cables próximo a la vivienda que

le había sido asignada en el Barrio Militar del Escuadrón 11 de la

Gendarmería Nacional, en la Provincia de Misiones.

Confirmó,en cambio,la condena a favor del infante en concepto

de daño material.

 

El Tribunal entendió que no corresponde apartarse del límite

dispuesto por el art.1078,porque ello implicaría instituir un régi-

men no previsto en la ley para admitir  el  reconocimiento

de heredero no forzoso.

 

Arguyó que la cuestión es de incumbencia legislativa y ajena a la

competencia de los Jueces; máxime,  cuando el precepto dispone

supuestos indemnizatorios sólo para personas unidas por víncu-

los familiares preexistentes, condición que el menor de edad no

reviste respecto del marido de su madre.

 

Contra el fallo la Sra. Defensora Pública Oficial ante los Tribuna-

les Federales de Capital Federal dedujo recurso extraordinario en

representación del niño,  que fue concedido en lo atinente a la

cuestión federal estricta y denegado en lo tocante a la tacha de

arbitrariedad,sin que medie queja sobre este último aspecto.

 

-II-

En lo sustancial, expresa que los jueces omitieron realizar el con-

trol de convencionalidad y constitucionalidad,con lo que vulnera-

ron el principio de razonabilidad y la prohibición de alegar re

-glas de derecho interno como justificación para la inobservancia

del Tratado.

 

Añade que la sentencia lesiona el principio alterum non laedere,

contemplado en la Carta Magna y en los Convenios Internaciona-

les, cuyo quebranto genera la obligación de resarcir íntegramente

el menoscabo.

 

Cuestiona la validez del art.1078 del Código Civil porque infringe

la Convención Americana sobre Derechos Humanos,que contiene

criterios amplios y flexibles en materia de daños a las perso

nas.En ese plano, estima que la decisión conculca los derechos de

un niño cuyo mejor interés debe ser atendido en todas las medi-

das relativas a élgarantizando la satisfacción de sus necesidades

para el pleno desarrollo de su personalidad.

 

Expone que se violenta el derecho de protección a la familia,que

conlleva la obligación de fortalecer ese núcleo, así como la garan-

tía de igualdad.Concluye que el art.1078 discrimina a quienes

sufren un daño moral respecto de quienes experimentan uno de

tenor pecuniario (art.1079) Invoca los artículos 14 bis,16,17,19,

28 y 75 inciso 22, de la Ley Suprema y reglas internacionales con-

cordantes, al tiempo que cita numerosos precedentes.

 

-III-

El recurso extraordinario es formalmente admisible en tanto se

ha puesto en tela de juicio la validez de una norma del Código Ci-

vil1078-, por ser contraria a disposiciones de la Constitución

Nacional y a Tratados de igual jerarquía y la sentencia definitiva

del superior tribunal de la causa ha sido adversa a los derechos

que la apelante sustentó en esas reglas (art.14, inciso 3º, Ley 48).

 

En particular, resulta necesario establecer si el límite fijado en el

artículo 1078  del Código Civil, en tanto excluye al niño L.M.M.

de la posibilidad de reclamar el daño moral provocado por el fa-

llecimiento del Sr. Urbano -con el que convivió entre los 4  y

los 9 años de edad-, deviene compatible con los derechos

constitucionales invocados.

 

A esos efectos, el Tribunal no se encuentra limitado por las posicio

-nes del aquo y del recurrente, sino que le incumbe realizar una

declaración sobre el tema disputado,según la recta inteligencia

que le otorgue (Fallos: 330:4713;  331:735).

 

-IV-

En función del planteo efectuado sobre el particular, aprecio que

le asiste razón a la recurrente respecto de la invalidez constitu-

cional articulada.

 

En efecto, esa Corte Suprema ha sostenido,en orden a la afectac-

tación del principio alterum non laedere, que  el  derecho  de  las

víctimas a obtener una reparación plena e integral ostenta rango

constitucional, puesto que el art.19, de la Carta Magna dispone el

principio general que prohíbe a los `hombres´perjudicar los dere-

chos de un tercero que se encuentra`entrañablemente vinculado a

la idea de reparación´”.(Fallos: 327:3753;  335:2333).

 

El Tribunal ha resaltado que el valor de la vida humana no resulta

apreciable sólo sobre la base de criterios materiales,  puesto  que

las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de

los hombres (Fallos327:3753 y sus citas).

 

En similar sentido, se ha dicho que la fijación de las reparaciones

debe fundarse en la víctima como ser humano integral, y no en la

perspectiva degradada de homos economicus de nuestros días.(*)

 

Asimismo,la Corte Interamericana ha manifestado que el daño in

material puede comprender los sufrimientos y las aflicciones

causadas a las víctimas directas y a sus familiares, como el agravio

de valores muy significativos para las personas y otras perturba

ciones que no son susceptibles de medición pecuniaria,así como

las alteraciones de las condiciones de existencia de la víctima o su

familia“.(**)

 

En este contexto,explicitado el derecho de las personas a la repara-

ción integral,es necesario establecer si la restricción contenida en

el art. 1078 del Código Civil, que impide a ciertos damnificados

indirectos reclamar el resarcimiento por daño moral por carecer

de vínculo jurídico que los coloque en la situación legal de he

rederos forzosos potenciales del causante, resulta razonable en

los términos del artículo 28, de la Carta Magna.

 

A fin de examinar la razonabilidad de la reglamentación,esa Corte

tiene explicitado que la interpretación de la ley no debe prescindir

de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues

ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su

razonabilidad y su coherencia con el sistema en el que está engar-

zada la norma (Fallos: 324:2107;  327:769).

 

En ese sentido, la consecuencia concreta de la aplicación del artí-

culo 1078, en estos autos, sería privar de la reparación integral al

niño,ante la lesión de sus sentimientos afectivos por la muerte del

causante, dejando de lado que convivieron durante cinco (5) años,

y que el Sr. U. había iniciado acciones para que se le otorgara la

tenencia.

 

Por lo demás, de los testimomios brindados y de la pericia psicoló-

gica obrantes en la causa surge que mantenían una relación de

padre e hijo y  que  el  niño  padeció  trastorno  por  estrés

postraumáutico crónico que tuvo como factor directo el evento de

autos, todo lo cual fue objeto de ponderación por la magistrada

de grado.

 

Dicho ello, cabe insistir con que la indemnización debe ser

integral-que vale como decir`justa´-,porque no sería acabada la

indemnización si el daño y el perjuicio quedaran subsistentes en

todo o en parte“(Fallos: 327:3753),y también que la condición de

niño requiere de la protección especial por parte del Estado,de la

familia y de la comunidad.(***)

 

“Esta obligación reforzada frente a la niñez, a mi ver, no se

vería satisfecha si el daño padecido por L.M.M. subsistiere en 

cualquier medida“.

 

Además, tal como ha subrayado este Ministerio Público, el cobro

de un resarcimiento,en el caso de los niños,cumple una función

trascendente para garantir su derecho a la supervivencia y a un

nivel de vida adecuado para su desarrollo físico,mental,espiritual,

moral y social (cfr. CSJN,Instituto Médico Antártida s/quiebra“,

dictamen del 04/11/2014).

 

“En las circunstancias descriptas, opino quecontrariamente al 

temperamento sustentado por el aquo-,no es posible soslayar 

el  derecho  del  niño  a  ser  resarcido.

 

-V-

“En la misma línea,cabe destacar que el art.1078 del Código Civil,

en tanto determina que sólo los herederos forzosos tendrán ac-

ción por indemnización del daño moral por la muerte del damni-

ficado directo causada por un acto ilícito-,no sólo configura aquí

el ejercicio de una reglamentación irrazonable en los términos del

artículo 28, de la Constitución Nacional (Fallos: 304:972), sino,

paralelamente, a la luz del derecho a la igualdad (CN:16),y en los

instrumentos internacionales de derechos humanos (CN: 7522).

 

Al respecto, esa Corte ha indicado que para decidir si una diferen

cia de trato es legítima, procede analizar su razonabilidad,esto es,

si la distinción persigue fines legítimos y si constituye un medio

adecuado para acceder a los objetivos(Fallos:327:3677 y 330:3853

considerando 8º del voto del Juez Maqueda, entre otros).

 

Con el objeto de analizar la finalidad que inspiró el art.1078, in

corporado por la Ley Nº 17.711,en la doctrina nacional se ha ma-

nifestado,de manera consistente, que la legitimación acotada

para reclamar el resarcimiento por daño moral se vinculó con

la necesidad de evitar la afluencia de juicios y la consecuente rui

na  del  responsable (****).

 

Al mismo tiempo, tal norma, respondiendo a una concepción

tradicional de la familia,pretendió tutelar a quiénes están unidos

por matrimonio o parentesco en línea ascendente o descendiente,

privilegiando su situación por sobre la de otros miembros del gru-

po, v. gr. los familiares de hecho.Ninguna de estas finalidades,

encuentra suficiente sostén a la luz de los derechos involucrados.

(v)

 

Sobre esta base, la distinción que se concreta a partir de la nor-

ma examinada, entre los herederos forzosos de la víctima– hijos

biológicos y esposa-, y L.M.M.-quien recibía un trato familiar

de hijo por parte del Sr. U.-, carece de sustento.

 

En el mismo orden de ideas, el Tribunal ha puntualizado que los

fines de una regla deben ser sustanciales y que no basta con que

sean meramente convenientes.Dijo,también,que resulta insuficien

-te una genérica adecuación de medios a fines y que deberá  juz-

garse si se promueven efectivamente y si no existen alternativas

menos restrictivas para los derechos en juego, que las impuestas

por la regulación que se cuestiona.(Fallos: 327:5118).

 

Bajo esta óptica, el propósito del art. 1078, tocante al resguardo

del responsable,se presenta como un designio meramente conve-

niente.

Por otro lado, la distinción allí estipulada, en el caso particular,

carece de un fin de suficiente entidad como para desconocer el

derecho a la protección de la familia y a la tutela de la niñez.

 

Por último,la restricción a la legitimación activa, no es la 

más adecuada  al  fin  propuesto  por  la  norma, puesto  que

el  remedio  a  la  proliferación  de  reclamos se podría alcanzar,

asimismo,requiriendo la acreditación de un vínculo de tal

índole  que  habilite  a  concluir  que  el  actor  se  encuentra 

legitimado  para  demandar  por  daño  moral.

 

Por lo expuesto, insisto que, en las actuaciones,el artículo 1078,

del Código Civil deviene inconstitucional y que L.M.M. posee

legitimación  para  reclamar  el  ítem  en  estudio.

 

-VI-

Sentado lo anterior, estimo menester agregar que el nuevo Códi-

go Civil y Comercial de la Nación,(Ley 26.994), vigente desde el

01/08/2015,(Ley 27.077), regula en su art.1741 la cuestión deba-

tida. En efecto, esa norma reconoce legitimación para reclamar la

reparación de las consecuencias no patrimonialesa los ascendien-

tes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con el

damnificado directo recibiendo trato familiar ostensible,si 

del hecho resulta la muerte o una gran discapacidad de él.

 

Según los fundamentos del nuevo código, la ampliación de la

potestad para requerir el resarcimiento x daño moral, tuvo en

cuenta los precedentes jurisprudenciales que acogían la visión

constitucional del acceso a la reparación y de la protección de la

familia. (v.Fundamentos del CCyCN,disponible en el sitio web:

(http://www.nuevocodigocivil.com/).Es decir, que el aspecto

en estudio se ha redifinido en la reforma-,en consonancia con

el régimen constitucional y convencional de los derechos huma-

nos. (vi).

 

En esas condiciones, atendiendo a las circunstancias fácticas

acreditadas en autos y a lo indicado supra, estimo que el art.

1741 del CCyCN, en línea con lo manifestado en este dictamen,

viene a convalidar  la  tesitura  favorable  al  interesado.

 

-VII-

Finalmente, debo consignar que L.M.M. habría adquirido la mayo

-ría de edad durante el transcurso de estas actuaciones, por lo que

correspondería, en tal supuesto,emplazarlo a fin de que comparez-

ca a estar a derecho.

 

-VIII-

Por lo expuesto, opino que corresponde declarar admisible el

recurso extraordinario federal y revocar la sentencia recurrida.

 

Buenos Aires, 08 de septiembre de 2015.

Fdo.:

Marcelo Adrián Sachetta.-Procurador Fiscal subrogante.

 

-CITAS-

(*) cfr. Corte I.D.H., “Caso de los Niños de la Calle.Villagrán Mo-

rales y otros vs. Guatemala“, del 26/05/2001, voto  del  Sr. Juez

Cançado Trindale,  párrafo 37.

 

(**) cfr.”Caso del Caracazo vs.Venezuela“, del 29/08/2002, párra

-fo 94; “Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia“, del 27/02/2002,párrafo

77.-

 

(***) cfr. Corte IDH,”Caso Fornerón e hija vs. Argentina“,de fe-

cha 27/04/2012, párrafo 45; S.C. “G.B.M. s/guarda“, de  fecha

04/11/2014.

 

(****) cfr. Orgaz, Alfredo, El daño resarcible, Marcos Lerner,

Córdoba,  1992,  pág. 241.

 

(v)La Corte Interamericana de Derechos Humanos, invocando el

art.17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos“,

refirió que no existe un modelo tradicional de familia y que el

concepto de vida familiar no se reduce al matrimonio y debe

abarcar otros lazos de hecho donde las partes tienen vida en co

mún por fuera del matrimonio.(“Caso Atala Riffo y Niñas versus

Chile“, sentencia del 24/02/2012).En igual sentido,el Comité

de los Derechos del Niño reconoce que “familia” se refiere a una

variedad de estructuras que pueden ocuparse de la atención, el cui

-dado y el desarrollo de los niños pequeños y que incluyen a la fa-

milia nuclear, la ampliada y otras modalidades tradicionales  y

modernas de base comunitaria,  siempre  que  sean  acordes  con

los derechos y el interés superior del niño.

 

(vi) cfr. CIV 34570/2012/1/RH1D.L.P.,V.G. y otro c/Registro 

del Estado Civil y Capacidad de las Personas s/amparo“, de fe-

-cha  06/08/2015, especial considerando 7º.

 

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