-Restitución Parcial De Subsidio-Condenan a Ex-Investigador a Restituir Al Conicet Una Suma Económica Más Intereses (Subsidio) Dado Que No Cumplió Con La Finalidad De Destinarlo a La Creación De Centros De Investigación-

by Dra. Adela Prat on Agosto 10, 2017

-RESTITUCIÓN  PARCIAL  DE  SUBSIDIO-

CONDENAN  A  EXINVESTIGADOR  A  RESTITUIR  AL  CONICET

UNA  SUMA  DE  DINERO  MÁS  INTERESES,dado  que  no  cumplió

con  la  finalidad  de  destinar  el  Subsidio  a  la  creación  de  Centros

de  Investigación

 

Autos caratulados:

“Estado Nacional-Conicet c/Fernández, Néstor A.s/Proceso de

conocimiento”

-Tribunal: –Cámara (N) de Apelaciones en lo Contenc.Admnist.Federal-

-Sala:  V

-Fecha:  13/07/2017.

-Cita: –IJCCCLXXVII858

-Sumario-

1.Corresponde condenar a un exinvestigador a restituir al Consejo (N) de

Investigaciones Científicas y Técnicas una suma económica, dado que el

demandado percibió una suma de dinero con el fin de destinarlo a la crea-

ción de Centros de Investigación, el cual no se realizó, en tanto que dicha

omisión implicó un proceder negligente que resulta contrario al principio

de buena fe.

 

2.Las conductas omisivas de los administradores al bien común son contra

-rias al principio de buena fe, en tanto exige al administrador un comporta

-miento diligente y prudente, habida cuenta de su condición de colabora-

dor de la administración en la realización de un fin público.

 

-EL  FALLO-

Buenos Aires,  13  de  Julio  de  2017.

 

El Sr. Juez de Cámara, DrGuillermo F. Treacy  dijo:

 

I.Mediante la sentencia de 1ª instancia se hizo lugar a la demanda promo-

-vida por el CONICET y condenó al demandado a abonar dentro del plazo

de treinta (30) días, la suma de $ 45.407,62  (pesos cuarenta  y  cinco mil

cuatrocientos  siete  con  62/100), en  concepto  de  restitución  parcial

del subsidio que se le había otorgado,con más sus intereses calculados a

tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central (BCRA),hasta

la fecha  de  su  efectivo  pago.Costas  a  la  demandada  vencida.

 

Para así decidir, sostuvo que   de acuerdo con el régimen normativo que

regía el vínculo entre las partes el demandado tenía el deber de conocer

las disposiciones aplicables,y de practicar las rendiciones de cuentas

pertinentes y mantener actualizado el domicilio real ante el CONICET.

 

Consideró que las notificaciones practicadas en el sumario administrativo

resultaban válidas, motivo por el cual rechazó el planteo de nulidad

incoado por el demandado.

 

Advirtió que la Resolución Nº 1537/95 no poseía relación con el objeto del

juicio y recordó que el CONICET  poseía  facultades  para aprobar y recha-

zar las rendiciones  de  cuenta  presentadas  por  los  investigadoresde

modo que de acuerdo con las constancias de la causa-, correspondía  ha-

cer  lugar  a  la  demanda.

 

II.El demandado interpuso recurso de apelación.

 

Cuestionó la legitimación de la representación letrada de la actora,ya que

a su entender-, no poseía facultades para promover la presente litis.

 

Señaló que el acto administrativo en que se basó la demanda (que aplica

ba  la  sanción  recurrida  y  ordenaba  el  recupero  parcial  del  subsidio)

no  se  encontraba  firme.

 

Asimismo,sostuvo que conforme se desprendía de los antecedentes admi-

nistrativos-,nunca se le notificó de ese procedimientoya que las cartas

documento y las cédulas remitidas por el organismo no llegaron a destino,

y que el deber de informar el domicilio era una cita “irrelevante a los

fines de resolver el caso“.

 

Añadió que las observaciones realizadas a las rendiciones de cuentas

fueron contestadas por el contador Lic. R.I. y expuso que “no hay dudas

que  él  era  la  persona  a  cargo  que  debía  efectuar  las  rendiciones“.

 

También indicó que la Administración aceptó la renuncia de dicho pro

-fesional sin habérsele formulado objeción alguna y alegó que no se 

encontraban  acreditados  los  requisitos para la procedencia de la

pretensión  deducida  por  la  actora.

 

Expuso que el punto central constituye la imposibilidad de poder rendir

cuenta  instruida  y  documentada  a  más  de  10  años  d los  hechos 

objeto de autos ya  que  su  parte  se  ve  impedida ” de  obtener  prueba 

instrumental a tales efectos“,cuestión quea su entender-, vulneraba

su derecho de defensa.

Alegó que no resultaba aplicable la Ley Nº 22.140, sino la Ley Nº 25.164.

 

Señaló que su parte no tenía vinculación con la Resolución Nº 1537/95,

aspecto quea su entender-, fue omitido por la sentencia de grado.

 

Invocó diversas diligencias de las actuaciones administrativas en

favor de su posición.

Insiste en que no existe liquidación alguna que haya precisado el monto

reclamado.

Invocó que existió un ánimo de persecución contra mi parte“.

 

Añadió que la Fiscalía (N) de Investigaciones Administrativas no intervino

como  parte  acusadora,  lo  cual a su entender-, implica  reconocer

que  no  existió  perjuicio  fiscal.

 

III.Con relación al agravio de la demandada relativo a la supuesta falta de

representación suficiente de su contraria,cabe destacar que la defensa ar-

ticulada por la citada parte constituye una excepción de falta de per

sonería (art. 347, inc. 2º del CPCCN).

 

Ahora bien, el art.346 del mencionado Código de rito dispone que dicha

excepción se opondrá sólo como de previo y especial pronunciamiento,

en un solo escrito junto con la contestación de la demanda, lo que aquí

no se verifica,  motivo  por  el  cual  no  fue  un  capítul propuesto

a  la  decisión del Juez de 1ª Instancia.(cfr. art. 277 del CPCCN) (*).

En  consecuencia, corresponde  rechazar  este  agravio.

 

IV.”Los agravios relativos a la firmeza del acto administrativo cues-

tionada, los efectos del recurso administrativo deducido por el deman-

dado contra el acto que disponía el recupero parcial del subsidio y la

aplicación de la Ley Nº 22.140,constituyen meras reiteraciones de las

defensas incoadas como excepciones previas de litispendencia e inhabili-

dad de Títuloque fueron rechazadas por el Juez aquo (decisorio que

se encuentra firme).

 

Por ello,la introducción de dichos agravios al momento de apelar la

sentencia definitiva, resulta extemporánea.(arg. arts.150155, 353,

del CPCCN). Ello  así,  debido  a  que el efecto propio de la preclusión 

art.155,CPCCN,es  el  d impedir  la  reiteración  de  planteos  so-

bre cuestiones ya decididas en forma expresa o implícita (Fallos: 320:

1670).

De  este  modo, corresponde  rechazar  tales  agravios.

 

V.Respecto a los argumentos relativos a la nulidad del procedimiento

la atribución de responsabilidad por el contenido de las rendiciones de

cuentas, la vinculación de la causa con la Resolución 1537/95 y

la conformación del monto reclamado,no constituyen una crítica concre-

ta y razonada de la sentencia apelada (art. 265, CPCCN).

 

En 1er. lugar, es dable aclarar que el actor fundó su planteo de nulidad

del procedimiento administrativo en el resultado negativo de las

notificaciones realizadas luego de su presentación en el sumario, indi-

-cando que su parte no había mantenido el domicilio denunciado,por lo

cual, tampoco  pudo  contestar  dichas  notificaciones, ni  conocer el

estado  del  Expediente, violándose  así  su  derecho  de  defensa.

 

Al respecto, el Juez aquo destacó que cfr. surge del art.30, incs. a) y e)

de la Ley Nº 20.464-,el demandado tenía el deber de conocer y cumplir

las obligaciones dispuestas en la Normativa legal y reglamentaria, entre

ellas  el  deber  de  mantener  actualizada  la  información  referente

al domicilio.

 

Por este motivo, el aquo concluyó que las notificaciones practicadas por

la Administración resultaban válidas,  toda vez que se dirigieron al 

último domicilio declarado por la parte,sin que constara en los regis-

tros ninguna denuncia de cambio de domicilio, cuestión verificable

en el trámite administrativo.

 

Ahora bien,al estar en conocimiento de las observaciones a sus rendiciones

de cuenta, la omisión incurrida por el demandado implicó un proceder

negligente de su parte, ya que se desentendió del trámite del sumario.

Tal conducta resulta contraria al principio de buena fe, en tanto exige

del administrado un comportamiento diligente y prudente,habida cuen-

ta de su condición de colaborador de la administración en la realización

de un fin público. (Fallos: 325:1787) (**)

 

Por otro lado, el recurrente no indica las defensas que se vio privado de

oponer en sede administrativa (Fallos: 329:2830;  323:3319).Tampoco

lo hizo en las dos instancias judiciales, en las contó con posibilidades de

ejercer  su  defensa  y  aportar  las  pruebas  que considere pertinentes.

(cfr. art.377CPCCN).Por lo expuesto, los  agravios  referidos  a  la  nu

lidad del procedimiento, deben considerarse desiertos (art.265,CPCCN)

 

En igual sentido, tampoco aparecen fundados los argumentos relativos

a la rendición de cuentas.En efecto, el planteo referido a la responsabi-

lidad que correspondería al contador,no pueden eximir al demandado de

responsabilidad.Ello debido a que en su carácter de titular del subsidio,

era el demandado quien estaba encargado de  rendir cuentas (cfr.ap.9ºde

las Normas para Registro, Administración y Rendición de Subsidios del

CONICET, aprobadas por la Resol. Nº 1292/84 del Director del Conicet).

 

IMPORTANTE

En este sentido, las solicitudes de reintegro se relacionan con las rendicio-

nes de cuentas Nros. 925/97 y 420/97  presentadas por el demandado, en

virtud de subsidio oportunamente otorgado para la creación de Centros q

integrarían la Red de Institutos de Investigación Científica y Transferen-

cia de Tecnología del Área de Producción“,a través de las Resoluciones D.

Nros. 219/95 y 176/96.

 

IMPORTANTE

Dichas sumas,fueron depositadas en la caja de ahorro que el demandado

poseía en el Banco de la Nación Argentina sucursal Diamante,Entre Ríos.

Por lo tantoresulta inexacto que el Juez de grado haya omitido pronun-

ciarse con respecto a la mencionada defensa, que en nada modifica la posi-

-ción del demandado en cuanto a la responsabilidad atribuida en autos.

 

IMPORTANTE

Tampoco se constata la arbitrariedad en la determinacion del perjuicio

fiscal,en los términos alegados por el recurrente.En efecto,de acuerdo con

lo expuesto en la Resol.D.Nº353/06 (en la que se basó la presente acción)

dicho monto surge del Informe Nº 826/05, en donde se confirmó la Liqui-

dación practicada por la Jefa de Despacho de la Gerencia de Gestión Opera

tivasumas ratificadas por la instructora sumariante y por la Sindicatura

General de la Nación.

 

IMPORTANTE

En la liquidación referida, se impugnó la rendición de ciertos gastos  pre-

sentados por el actor, ya sea por no estar autorizados por las normas, por

no poseer autorización para realizarlos,por no haber aportado el respaldo

documental pertinente o bien por no acreditar la relación que éstos tenían

con los fines para los cuales fue otorgado.(arg.art.377 CPCCN).

 

IMPORTANTE

En efecto, dicha parte tenía la carga procesal de desvirtuar los fundamen-

tos en que se basó la Resolución Nº 353/06 (cfr. art.12 de la Ley 19.549;

Fallos: 328:1076;  328:53; Sala III, in re Juki SACIFIA (TF 18574I) c/

DGI“, del 2/03/2012).Cabe observar que el incumplimiento de la men-

cionada carga procesal  no puede justificarse con la alegación relativa

a la imposibilidad de efectuar una debida defensa en atención al tiempo

transcurrido desde que fueron efectuados los gastos.

 

IMPORTANTE

En efecto, oportunamente se corrió traslado al demandado de las irregu

laridades y se lo citó a declarar, de modo que tomó conocimiento

efectivo de los cuestionamientos e incluso prestó declaración.En  tales

circunstancias, resultaba exigible que el agente tomara los debidos recau-

dos a fin de resguardar la documentación relevante para su defensa. Ello

así, toda vez que las rendiciones de cuenta por él presentadas no se encon-

traban aprobadas, sino quepor el contrario-,habían sido observadas

por la Administración ya en agosto/2000.

En consecuencia, este aspecto del recurso resulta desierto, pues los

argumentos antes analizados constituyen meras reiteraciones de los ex-

puestos al contestar la demanda,sin hacerse cargo de las omisiones proba-

torias que determinaron el rechazo de sus defensas por el juez de grado.

 

VI. Por las consideraciones que anteceden y toda vez que los magistrados

no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una sus alega-

-ciones, sino sólo a tomar en cuenta las que son conducentes para escla

recer  los  hechos   resolver  concretamente  el  diferendo (Fallos: 311:

2135 319:119;  307:2012), corresponde –de  acuerdo  con  el  conside–

rando que antecede-,declarar parcialmente desierto el recurso de

apelación deducido por el demandado y rechazarlo en lo demás, con cos-

tas de esta Alzada a la demandada, en virtud del principio general de la

derrota (art.68, primer párrafo, CPCCN).

 

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani adhiere al voto que

antecede.

 

En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el Tribunal

RESUELVE:

(i) Rechazar  el  recurso  de  apelación  deducido  por  el  demandado, en

los  términos  expuestos  en  el  considerando 6º  del  voto del Dr. Treacy.

(ii)Imponer las costas al demandado vencido (art.68,1er. párrafo,C.P.)

 

Se deja constancia de que no suscribe la presente el Dr. Jorge F. Alemany

por  encontrarse  en  uso  de  licencia (art.109 del R.J.N.).

 

-CITAS-

(*)”Sin perjuicio de que lo antes indicado basta para desestimar el argu-

mento esbozado por la demandada,dicho agravio tampoco posee sus-

tento.En efecto el representante letrado de la actora actuó de acuerdo

con las instrucciones impartidas a través de la Resol. D. Nº 353/06 y las

facultades de representación otorgadas por conducto de la Resolución nº

628/05, todo ello con sustento en la Ley Nº 17.516 y su reglamentación.

 

(**)En efecto, en el ámbito del Derecho administrativo debe desestimarse

toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza

que, a merced de sus actos anteriores (tal como sería la denuncia de ese 

domicilio),se había suscitado entre aquéllas.(Sala II,”Opler SCA c/UBA

Resol. 234/08 s/Contrato de obra pública del 29/03/2016).

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