Defensa Del Consumidor-Deber De Información Al Consumidor y a La Autoridad De Aplicación-

by Dra. Adela Prat on agosto 9, 2017

-CONFIRMAN  SANCIÓN  de  MULTA  IMPUESTA a UNA

UNIVERSIDAD  PRIVADA  POR  NO  INFORMAR  DEBI-

DAMENTE  los  PRECIOS  de  los  Servicios  Universitarios-

 

*Posición  privilegiada  del  oferente, por  su  conocimiento

de  la  materia  objeto  del  contrato-

 

*Formación  reflexiva  del  consentimiento  del  consumidor-

 

 

-Autos  caratulados:

“Asociación  Civil  Universidad  Argentina  John  F. Kennedy c/

DNCI  s/ Defensa  del  Consumidor”

-Tribunal:

Cámara (N) de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

-Sala:  IV

-Fecha:  27/06/2017.

-Cita:  –IJCCCLXXVII796

-Sumario-

1.Corresponde multar económicamente a una Universidad Privada en vir-

tud de no suministrar la información requerida por los arts. 1º y 2º de la

Resol.nº 8/2003,cuya finalidad es que los Establecimientos universitarios

privados provean información referida a los precios que perciben por la

prestación del Servicio Universitario, con el fin de los Usuarios puedan

conocer la variedad de la oferta y adoptar la decisión que convenga

a sus  intereses

 

en tanto si bien la demandada alegó que presentó dicha Información me-

diante un correo electrónico,sabía fehacientemente que se debía presentar

en papel,incumpliendo con el deber que la Ley de Defensa del Consumi-

dor le impone en su carácter de Proveedor,máxime cuando la finalidad que

se persigue es permitir que el consentimiento que presta el consumidor al

contratar por un producto o servicio haya sido formado reflexivamente

pues,a la hora de contratar,la posición jurídica del oferente es claramente

privilegiada respecto de la del consumidor, por su conocimiento en la

materia objeto del contrato.

 

2.Quienes produzcan, importen,distribuyan o comercialicen cosas o pres-

ten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma

cierta y objetiva, información veraz, detallada,eficaz y suficiente sobre las

características  esenciales  de  los  mismos.

 

CÁMARA (N) de APELACIONES  EN  LO CONTENCIOSO,

ADMINISTRATIVO  FEDERAL

 

Buenos Aires,  27  de  Junio  de  2017.

 

CONSIDERANDO:

I.Mediante la Disposición 216/16, la Directora (N) de Comercio Interior,

impuso a la demandada una MULTA de $ 15.000 (pesos quince mil), por

infracción al art.3º de la Resolución 8/03,reglamentaria del art.4º de la 

Ley nº 24.240,en virtud de no suministrar con anterioridad al 15/2/2015

y de 2016, la información requerida por los arts.1º y 2º de la citada Resol.

a la Autoridad de Aplicación.

 

Para resolver como lo hizo,refirió las actuaciones del 02/06/2016, en vir-

tud del presunto incumplimiento detectado por la Dirección de Defensa

al Consumidor.

 

Remitió a lo dispuesto en los arts. 4º de la Ley Nº 24.240  y arts. 3º y  4º

de la Resolución 8/2003  y  art42  de  la  Constitución  Nacional.A su vez

destacó que lo que sanciona la LDC es la omisión o incumplimiento de

los deberes u obligaciones impuestos para equilibrar la relación prestata-

rioconsumidor.

 

Sostuvo que la omisión se encontraba reconocida y quetratándose de

infracciones formalesbastaba para tener por configurada  la  falta  al

deber  de  información.

 

Finalmente, graduó la multa considerando los montos fijados en la Ley

Nº 24.240, la posición en el mercado del infractor, el grado de responsa

bilidad  de  la  sumariada en la comisión de la infracción,el desmedro

potencial  de  los  derechos  de  los  consumidores  del  servicio  prestado

derivado de la generalización de este tipo de conductas, la reincidencia,

y  el  carácter  ejemplar  y  disuasivo  de  la  medida.

 

II.Contra dicha sanción la actora interpuso  y  fundó  recurso  de

apelación.

 

En primer término,sostiene que la Disposición (DNCI) 216/16 se  fundó

en  violación  a  la  garantía  constitucional  del  debido proceso legal.

 

Puntualmente,considera que la finalidad de la presentación anual de la

información dispuesta en la Resolución 8/03, es que el Alumnado de los

Establecimientos Educativos Privados conozca los precios que éstos per

-ciben por la prestación del servicio en cuestión.

 

Argumenta que,poco le importa a los alumnos si la presentación se hace

en CD o diskette, como  estipula  l norma.

 

Sostiene  que  lo  importante  es  que  e órgano  de  control  reciba  l

información, sin importar el canal de comunicación, y que  dicha  man-

-da  se  cumplió  vía  e-mail  al  SrRicardo Beyrne Murray.

 

Alega que no se debe interpretar literalmente la norma, ya que la tecnolo-

gía de diskette 3 1/2 no existe más,y sería un acto nulo en los términos

del  art. 344  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación.

 

III.Se concedió la apelación y la demandada contestó el traslado de los

agravios.

Dictaminó  el  Sr. Fiscal  General  y  consideró  que  esta  Sala  resulta com-

-petente,  que  el  recurso  fue  deducido  en  tiempo  y  forma.

 

IV.”Este Tribunal resulta temporalmente competente  para  entender  en

estas actuaciones (cfr. art.76Ley Nº 26.993),por lo que cabe ingresar,

sin más, al  análisis  de  los  agravios.

 

V.”Esta Cámara ha resuelto que,en principio, en el marco de los recursos

directos, la  apertura  a  prueba  tiene  carácter  excepcional; limitación

que  tiende  a  evitar  la  ordinarización  del  proceso. (*)

 

En el caso, la prueba no se ofreció al presentar el descargo en sede admi-

nistrativa, debiéndose recordar,a este respecto,que si el procedimiento

administrativo  prevé  el  derecho  del  sumariado  de  ofrecer  prueba 

y aquél  no  utilizó  tal  oportunidad  de  defensa, la  denegatoria  en

sede  judicial  de  los  medios  propuestos, no  puede  considerarse  arbi-

-traria  ni  generar  afectación  alguna  al  derecho  de  defensa.(**).

 

VI.”Cabe  analizar  si  la  apelación  planteada  logra  conmover  los 

fundamentos  de  la  resolución  apelada.

 

“Ha de recordarse que las Leyes Nº 24.240 y 22.802,conforman el plexo

normativo  a  través  del  cual  el  Estado  busca  direccionar  el  actuar  de

los  agentes  económicos,con  el  propósito  de  tutelar  los  derechos  de

los  usuarios y consumidores,recomponiendo  el  equilibrio  que  debe

existir  en  todos  los  vínculos  entre  comerciantes  y  consumidores o

usuariosafectados  por  las  situaciones  abusivas  que  se  presentan  en

la vida cotidiana-,así  como  la  relación  entre  los  mismos  comerciantes

que  compiten  entre  sí” (***)

 

La  sanción  se  impuso  a  la  actora  en  los  términos  de  la  Resol. 8/03,

cuya  finalidad  es  que  los  establecimientos universitarios privados  pro-

-vean  determinada  información  referida  a  los  precios  que  perciben

por  la  prestación  del  servicio  universitario, con  el  fin  de  que  los

usuarios  puedan  conocer  la  variedad  de  la  oferta  y adoptar  la  decisión

que  convenga  a  sus  intereses.

 

Se atribuyó a la actora el incumplimiento a lo dispuesto en el art.3º que

dispone:”La información solicitada y correspondiente al período lectivo

inmediato siguiente deberá entregarse a la Dirección  Nacional  de  Co-

mercio  Interior,de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la

Defensa del Consumidor,con anterioridad al 15 de Febrero de cada año

por escrito y en soporte magnético (diskette 3 1/2) en  planilla excel  arma-

da  según se  indica  en  el  ANEXO  de  la  presente  Resolución” (norma q

no  ha  sido  impugnada  en  cuanto  a  su   constitucionalidad).

 

La mencionada  disposición  reglamenta  el  art.4º de la Ley Nº 24.240

que reza:”Quienes produzcan,importen,distribuyan o comercialicen cosas

o presten servicios,  deben suministrar  a  los  consumidores  o  usuarios,

en forma cierta y objetiva,información veraz, detalladaeficaz  y suficiente

sobre  las  características  esenciales  de  los  mismos“.

 

Este  derecho a  la  debida  información y  su  correlativo  deber  impuesto

al  proveedor  tiene  carácter  de  principio  general  del  Derecho  del

Consumidor  y  Usuario (cfr. art. 42  de  la  Constitución  Nacional).

 

   La finalidad que se persigue es permitir que el  consentimiento que

presta el consumidor al contratar por un producto o servicio haya sido for-

mado reflexivamente pues, a la hora de contratarla posición jurídica

del oferente es claramente privilegiada,respecto  de  la  del  consumidor,

por  su  conocimiento  de  la  materia  objeto  del  contrato.

 

VII.Respecto  al  primer  agravio, cabe  destacar  que  no  se  han  violado

las  garantías  constitucionales  de  debido  proceso  ni  el  derecho  de  de-

fensa, ya  que  el  pedido  de  información  que  da  origen  a  la  pena  recu-

rrida  fue  realizado  por  la  demandada  como  autoridad  de  aplicación

de la Ley Nº 24.240 siguiendo el procedimiento  dispuesto  en  la  norma.

 

Asimismo, la  sumariada  fue correctamente notificada de la infracción

y de la multa impuesta y presentó su descargo oportunamente. De  esa

manera,  la  recurrente  ejerció  plenamente  su  derecho  de  defensa.

 

VIII.La actora viene  admitiendo desde el descargo el  incumplimiento

a  la  formalidad  de  presentar  la  información  requerida median-

te  soporte papel. En esa misma oportunidad manifestó haber remitido

los  datos  mediante  un  correo  electrónico  y  suplió  la  omisión  incu-

rrida, formalizando  la  presentación  en  papel  y  CD-ROM.

 

  Por otra parte, al fundar su recurso adjuntó impresión del e-mail, de

donde surge con claridad la advertencia cursada por la Autoridad

de Aplicación en los siguientes términos: “La información no es útil y

para formalizar el trámite lo que faltaría es hacer  las dos presentaciones

en formato papel con original y copia y CD para ser presentadas en nues-

tra Oficina sita en Av. Julio A. Roca 651, Piso 4º, Sector 9º de esta Capital

Federal de lunes a viernes de 9:30 a 16 hs. a fin de oficializar vía Expte. y

de esa manera poder generarle la constancia del cumplimiento…”

 

En ese contexto, se impone concluir que la recurrente admitió desde el

comienzo la falta cometida y sabía fehacientemente que la información

se debía presentar en formato papel.

 

IX.”La defensa esgrimida no alcanza para desvirtuar los incumplimientos

atribuidos en el acto administrativo apelado, en la medida en queen la es

pecie-, se trata de una infracción formal, donde la constatación de los

hechos hace nacer por sí y como principio la responsabilidad del infra

ctor, de tal manera que no se requiere daño concreto sino simplemen-

te el incumplimiento de lo prescripto por la ley y, por ello, su  aprecia

ción es objetiva y se configura por la simple omisión, que basta por sí

misma para tener por verificada la violación de las normas.(****)

 

“Es así que, frente a las constancias de fs. 3,no desvirtuadas por prueba

idónea en contrario, resulta irrelevante la ausencia de intención en la

conducta de la Empresa o el cumplimiento a posteriori de lo prescripto

por la norma.

 

“En razón de la expuesto,se concluye en que se encuentra verificada la

conducta tipificada en el precepto reseñado y, en consecuencia, reuni-

dos los elementos necesarios para atribuir responsabilidad a la recu

-rrente, como lo hizo la Disposición apelada.

 

X. La determinación y graduación de la sanción a aplicar es atribución

primaria de la Autoridad administrativa,principio que sólo cede ante la

la manifiesta arbitrariedad. (cfr.esta Sala,causaFate SAICI c/DNCI s/

Defensa del ConsumidorLey Nº 24.240-art.4º” sentencia del 08/05/14.

 

“En este contexto, atento la naturaleza de la falta cometida, la relevan-

cia del bien jurídico protegido y que la actora contaba con numerosos

antecedentes  al  momento  de  dictarse  la  resolución  en  cues-

tión (v. informe de fs. 19/24),la sanción no aparece desproporcionada en

relación con la falta cometida,la posición en el mercado de la Empresa,las

características del servicio y demás circunstancias del caso, por  lo  que 

corresponde  confirmarlo.

 

XI.Por lo expuesto,se rechaza el recurso y se confirma la Disposición nº

216/06  en  todos  sus  términos.

 

-S E N T E N C I A-

Por ello,y de conformidad con lo dictaminado por el Sr.Fiscal subrogante

se RESUELVE:

(i) Confirmar la Disposición 216/2016,con  costas (art.68 CPCCN).

(ii) Regulación  de  honorarios.

 

-CITAS-

(*) Esta Sala, causa Antonio Mario Gustavo c/UBAResol 442/12 sent

del 20/08/2013; Sala V, causaTransbrasil Linhas Aereas c/Dir. Nac. de

MigracionesDisp DNM 5737/97“, sent. del 19/04/1999.

 

(**) Cfr. Fallos: 301:287; Sala I,causa Fidenza SRL c/ENARGASResol.

2254/01“, sentencia del 17/11/2003.

 

(***) Cfr. Sala II, causa Sud Inversiones y Análisis S.A. c/D.N.C.IDisp.

285/12“, sentencia  del  10/10/2013.

 

(****) Cfr. Sala III, causaSupermercado Norte c/DNCIDisp. 364/04“,

sentencia del 09/10/2006; Sala V, causas José  Saponara y Hnos. c/Sec.

de Comercio“, sentencia del 25/06/97 y Banco del Buen Ayre SA c/RDI

s/Disp. 618/05“, sentencia del 06/02/2007.

____________________________

Artículos relacionados...

Leave a Comment

Previous post:

Next post: