Declaran La Inconstitucionalidad De Una Norma De la Ley De Impuesto a Las Ganancias En Tanto Obliga a Pagarlo a Jubilados Pensionados y Retirados.Asimismo del Artículo115 De La Ley 24.241-

by Dra. Adela Prat on Mayo 18, 2017

-Son  los  artículos 79,  inciso c) Ley 20.628 y 115 de la Ley 24.241-

-La  demandada  ya  dispuso  apelar  esta  sentencia-

-La  postura  de  la  CSJN  es  en  sentido  contrario  al  presente  fallo-

 

-Causa Nº 17477/2012-

-Autos: “Calderale Leonardo Gualberto c/ANSES  s/ Reajustes Varios”

-Tribunal: –Cámara  Federal  de  la  Seguridad  Social

-Sala:  II

-Fecha:  17/05/2017.

-Cita: –CIJ

 

-CÁMARA  FEDERAL  DE  LA  SEGURIDAD  SOCIAL- Sala II-

Buenos  Aires,  17  de  mayo  de  2017.

El Dr. Luis  Rene  Herrero  dijo:

Las  presentes  actuaciones  llegan  a  conocimiento  de  esta  Sala  en  virtud  de

los recursos de apelación  interpuestos por ambas partes contra  la  sentencia

de  grado.

 

El organismo administrativo cuestiona el mecanismo de determinación del ha

ber, el sistema de movilidad implementado la  declaración  de inconstituciona-

-lidad del art7º, inc. 2º y 9º de la Ley 24463; arts.24, 25 y 26 de la Ley 24.241,

y la actualización de la Prestación Básica Universal,ordenada en la  sentencia.

 

Por su parte, la actora objeta la aplicación de pautas de movilidad establecidas

en la Ley 26.417,solicita la inconstitucionalidad del  art.6º de la Res. SSS 6/09,

y de la fórmula que surge del Anexo I  de la norma mencionada. A su vez, preten-

-de que se declare la inconstitucionalidad  del  3er. párrafo  del  inc.i) del art.20,

y del art.79,inc.c) de la Ley 20.628 L.I.G.-, cuestión  introducida  en  la  

demanda  y  que `no´  fue  resuelta  por  el  Juez  de  grado.

 

Sostiene que toda ganancia requiere de alguna acción o actividad y la  jubi

lación  no  tiene  nada  que  ver  con  ello.

  Manifiesta  que  la  citada prestación  es uno de los  principales beneficios de la

Seguridad Social, llamado a cubrir el riesgo  de  ancianidad  o  subsistencia

 

Por lo tanto, solicita se la exima de este impuesto tanto respecto de su haber

mensual, como  al  retroactivo-, que  se  derive  del  reajuste  planteado.

 

-Agravios  de  la  demandada-

Cabe indicar que el titular obtuvo su beneficio el 06/12/2010, fecha posterior a

la entrada en vigencia de la Ley  26.417, que en su art.2º dispuso que a fines de

practicar  la  actualización  de  las  remuneraciones  a que se refiere el art.24,

inc.a) de la Ley Nº 24.241, a las que se devenguen a partir de 03/09,  deberá

aplicarse  el  índice  combinado  previsto  en  el  art.32.

 

En consecuencia,las remuneraciones consideradas a los fines del cálculo del

haber inicial, deberán actualizarse en el marco de lo dispuesto por la CSJN,

en autos:”Elliff  Alberto c/ ANSeS s/ Reajustes Varios” (Fallos 332: 1914), hasta

la entrada en vigencia de la Ley 26.417fecha a partir de la cual será  aplicable

el mecanismo de actualización previsto en el art.  de  esta ley   hasta  la

fecha  de  adquisición  del  derecho.

 

Sobre la declaración de inconstitucionalidad del art.,ap. 2º de la Ley 24.463 y

la movilidad de la prestación,dada la fecha de adquisición del beneficio (6/12/10)

el Magistrado no  aplicó  lo  resuelto  por  la  CSJN  en  “Badaro”, sino  las

previsiones  de  la  Ley 26.417, por  lo  que  se  desestima  este  agravio.

 

En cuanto al cómputo de años de servicios con aportes anteriores al 15/7/94,

para el cálculo de la Prestación Compensatoria que prevé el art.24,(Ley 24.241)

toda vez que de la documental surge que el actor acredita 23 años 4 meses y 2

días, de  servicios  con  aportes  y  no  excede  el  límite  impuesto  por

la  norma,  resulta  abstracto  expedirse  al  respecto.

 

Con respecto a la impugnación del art.9º,inc.3º de la Ley 24.463,en orden a lo

resuelto por la CSJN en autos:”Tudor Enrique José c/ ANSeS” (sent.:19/8/04),

Actis Caporale, Loredano Luis Adolfo (sent.del 19/8/99), corresponde  de-

-clarar  su  inconstitucionalidad, en la medida que de la liquidación orde-

nada en la sentencia, surja  una  diferencia  que `supere´ el  15%  entre

el  haber  percibido  y  el  haber  reajustado.

 

Similar criterio corresponde aplicar respecto del art. 26, de la Ley 24.241.

 

Con relación al planteo referido a la actualización de la Prestación Básica Uni-

-versal (PBU), la CSJN, en la sentencia dictada en la causa QuirogaCarlos A.

cANSeS  sReajustes Varios“(Fallos 337: 1277),  puso  particular  énfasis  en

el  carácter  integral  de  los  beneficios  de  la  Seguridad Social (CN: 14 bis):

“aspecto  del  que  es  parte  esencial  la  correcta  fijación  del  MONTO

INICIAL  de  los  haberes,  pues  de  otro  modo,  no  podría  mantenerse

una  relación  justa  con  la  situacn  de  los  activos“(considerando 9º).

 

Bajo el influjo de tal exégesis constitucional,la CSJN consideró que a los fines de

alcanzar una solución razonable  al  dilema  que  plantea  el  recurrente,y  con-

substancial  con  aquéllas  premisas, debía  considerarse  de  manera  concreta

qué  incidencia  tenía  la  ausencia  de incremento  de  uno  de  los  componentes

de  la  jubilación (en el caso, la PBU) sobre  el `total  del  haber  inicial´- pues

este  es  el  que  goza de protección, (enfatiza el Superior)- y en caso de haber-

se  producido  una  merma, constatar  si  el  nivel  de `quita´ (con relación

a la `situación de los activos´), resultaba  confiscatorio” (considerando 10).

 

Es oportuno señalar  en este lugar que, la CSJN no ha desatendido jamás la

razonable  proporción  que  debe  existir  entre el  beneficio  jubilatorio y   

los salarios  de  los  trabajadores  activos.

 

En  la  causa Elliff, Alberto  José  (citada en el considerando 12 de Quiroga“),

entre otras, ha puntualizado que el  indicador salarial  en  materia  previsional

no  tiene  como  finalidad  compensar  el  deterioro  inflacionariosino:

mantener una razonable proporción entre los ingresos activos y pasivos, que se

vería afectada si en el cálculo del haber jubilatorio no se reflejaran las variaciones

que se produjeron en las remuneraciones (causas Sánchez” y “Monzó“, Fallos:

328 : 1602,  2833  y  329: 3211).

 

En consecuencia,este análisis sobre la suma final a la que ascendería la PBU, de-

-berá efectuarse como en Quiroga” CSJN-, al tiempo de practicarse la liquida

ción de la sentencia,ocasión en la que recién se podrá determinar si la insu

-ficiente actualización  de la PBU  produce una disminución confiscatoria

del `total  del  haber  inicial´ del  actor,con relación a la situación de los trabaja

dores  activos (vconsiderando 10).

 

-Agravios  de  la  parte  actora-

Respecto  al  planteo  de  inconstitucionalidad  del  art.6º de la Ley 26.417  y  de

la Resolución SSS 6/2009, como la aplicación de las pautas de movilidad para

los períodos  posteriores al referido en la causa “Badaro”, la CSJN ratificó

la doctrina del citado fallo, acotando aquella hasta el 31/12/2006 (Berón, Án

gel Natal c/ANSeS s/reajustes varios“, sent. del 03/05/2011).En consecuencia,

dejando a salvo mi  opinión al respecto, resultaría  dilatorio  insistir  en  un

ajuste  a  contrario  de  la  doctrina  judicial  señalada“.

 

Corresponde desentrañar los agravios del actor con respecto a la inconstituciona

lidad que plantea contra el tercer párrafo del inc.i) del  art.20 y el art.79, inci-

-so c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias Nº 20.628,B.O. 31/12/73, plantea

da  en  la  demanda  y `omitida´ por  el  sentenciante.

 

El Tribunal dictó una Medida para Mejor Proveer en la cual ordenó:remitir las

actuaciones  al  perito contador  adscripto a este Tribunal, a los fines de que

practique una Liquidación ilustrativa actualizando las remuneraciones,conforme

con los precedentes, en  orden  a  determinar  si  el  actor  estaría  alcanzado 

por la Ley Nº 20.628 (L.I.G.),  con  carácter  de  preferente  despacho,

atento  la  avanzada  edad  del  actor  y  su  estado  de  salud  acreditado

en autos“.

 

El  experto  consultado  informó  al Tribunal, lo siguiente:”…por  el  período

2011, la  ganancia  sujeta  a  impuesto  asciende  a  $ 1.539,59  y  el  im-

-puesto determinado a $ 138,56; para el período fiscal 2012, la ganancia sujeta

a impuesto asciende a $ 28.295,89  y el  impuesto a pagar a  $ 3.876,22 y para

el período 2016, la  ganancia  sujeta  a  impuesto  asciende  a  $  62.294,65  y  el

impuesto  a  pagar  a  $  11.719,55″.

 

En  resguardo  de  la  garantía  constitucional  de  la  defensa  en  juicio  (art36,

inc. 4º, CPCCN), el Tribunal corrió  vista  a  las  partes del  dictamen  contable,

y  vencido  el  plazo  legal  correspondiente  sin  que  ninguna  de  ellas  lo  haya

impugnado, se  presume  que  el  mismo  fue  consentido, por  lo  que  su

valor  probatorio  deviene  inobjetable  a  los  fines  de  determinar  la  exis-

-tencia  de  “caso”  o  “causa”  o  “controversia que  legitime  la  actuación  de

la  justicia. (Ley 27, artículo 2º, Fallos 331 : 2287, entre muchos otros).

 

Es oportuno señalar que, la fuente más encumbrada del derecho positivo: la

Constitución  Nacional-, en su artículo 14 bis prescribe que el Estado otorgará

los  beneficios  de  la  Seguridad  Social  con  carácter  de  integrales  e

irrenunciables.

 

Coherente con esas prescripciones, el Máximo Tribunal destacó que:”Esta Corte

ha sostenido que las  jubilaciones  y  pensiones  no  constituyen  una  gracia

o  un  favor  concedido  por  el  Estado,   sino  que  son  consecuencia  de  la

remuneración que sus titulares percibían como contraprestación  laboral

y  con  referencia  a  la  cual  efectuaron  sus  aportes  y  como  débito  de  la

comunidad  por  dichos  servicios, por lo que, una  vez  acordadas  configuran

derechos  incorporados  al  patrimonio  y  ninguna  Ley  posterior  po

dría  abrogarlos  más  allá  de  lo  razonable,    pues  encuentra  como  valla

infranqueable, expresas garantías de orden constitucional  (v. causaMartiré,

Eduardo F. c/ Poder Judicial de la Nación s/ ordinario“, del 4/3/93  y  causas:

Hernández, Raúl Oscar c/Provincia de Buenos AiresInstituto de Previsión So-

-cial del 22/09/94;   “Chocobar, Sixto Celestino c/Caja Nacional de Previsión

para el Personal del  Estado y Servicios  Públicos sreajuste  de  haberes  por 

movilidad“).

 

El aludido carácter integral que le atribuya la C.N. a las prestaciones de la segu-

-ridad social, indica que la protección que otorga a sus titulares debe ser acorde

con sus necesidades económicas, sociales y asistenciales.Tal es el propósito que

procura el  art. 25, de la Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos cuan-

-do  prescribe  que: “Toda  persona  tiene  derecho  a  un  nivel  de  vida  ade-

-cuado  que  le  asegure, así  como  a  su  familia, la  salud  y  el  bienestar

y en especialla  alimentación, vestido, la  vivienda, la asistencia médica,

y los  servicios  sociales.

 

La CSJN ha puntualizado en la causa:”Sánchez, María del Carmen c/ANSeS s/

reajustes varios“, lo siguiente:”La necesidad de mantener una proporción justa

y razonable entre el haber de pasividad y la situación de los activos, es  conse

cuencia  del  carácter integral  que  reconoce  la  Ley  Suprema  a  todos

los beneficios  de  la  seguridad  social,con aquellas  de  naturaleza  previsional

que  son  financiadas con  los  aportes  efectuados  durante  el  servicio. Cual-

-quier situación que  impida el  goce  efectivo  de  los  beneficios  de la  seguridad

social, ya  sea  disminuyéndolos o aniquilándolos,tornaría  irrisoria  la  cláusula

constitucional“(sentencia del 17/05/2005, considerando 5º).

 

En el supuesto de autos, el haber previsional del actor podría verse disminuído

por varios topes,  descuentos  y  en  especial, por  el  Impuesto  a  las  Ganancias

los  cuales  afectarían  los  aludidos  principios  de proporcionalidad  y  sustituti-

vidad, que  resguardan la  integridad  de  su  haber  previsional,  por  mandato

constitucional.

 

El artículo 79, de la Ley Nº 20.628L.I.G.-dispone que:

“Constituyen  ganancias  de  la  cuarta  categoría  las  provenientes:

b) Del  trabajo  personal  ejecutado  en  relación  de  dependencia;

c) De las  jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en

cuanto  tengan  su  origen  en  el  trabajo  personal (…).

 

“Resultaría  contradictorio  reconocer  que  los  beneficios  previsionales  están

protegidos  por la  garantía  de  proporcionalidad, integridad  y  sustitutividad,

que  establece  la  Ley  Suprema  y  a  la  vez  tipificarlos  como  una  renta,

enriquecimiento, rendimiento  o  ganancia  gravada  por el propio Estado

que  es  el  responsable  de  velar  por  la  vigencia  y  efectividad  de  estos  prin-

-cipios  constitucionales (art. 14 bis, C.N.)”

 

“Por lo mismo, deviene  irrazonable  y  carente  de  toda  lógica  jurídica, asimilar

o  equiparar  las  prestaciones  de  la  seguridad  social  a  rendimientos, rentas,

enriquecimientos, etc. obtenidas  como  derivación  de  alguna  actividad  con  fi-

-nes  de  lucro  de  carácter  empresarial, mercantil o  de  negocios  productores

de  rentas,  que  la  ley  tipifica  con  lujo  de  detalles  en  su  articulado“.

 

Para el Magistrado preopinante la única hipótesis en la que se admite el pago

de Ganancias es cuando el salario del jubiladodurante  su desempeño  como

trabajador activohubiere superado el mínimo no imponible que contem-

pla  la ley vigente, que tipifica como ganancia: “el  trabajo  personal  ejecutado

en  relación  de  dependencia“.

 

Conforme  con  tal  razonamiento,  el  aporte  en  concepto  de  Impuesto  a  las

Ganancias  que  grava  a  los  jubilados, sería  percibido  por  el  Estados  en  dos 

oportunidades con respecto a la misma persona, lo cual podría configurar

una  doble  imposición  y  a  la  vez  un  enriquecimiento ilícito  para  éste,

si  se  repara en el hecho que, como derivación  del  principio  de  solidaridad 

que  rige  en  esta  materia:  “…las  jubilaciones  y  pensiones  no  cons

tituyen  una `gracia´ o  favor  concedido  por  el  Estado, sino  que  son

consecuencia  de la  remuneración  que  percibían  como  contraprestación  labo-

-ral  y  con  referencia  a  la  cual  efectuaron  sus  aportes (y  el  tributo  ley

20.628).

 

En consonancia con lo expuesto, la Cámara Federal de Paraná en autos:

Cuesta, Jorge Antonio c/ AFIP s/Acción de Inconstitucionalidad“, puntualizó,

lo  siguiente: “…el beneficio jubilatorio no es ganancia en los términos de la

ley tributaria, sino un débito social que se cumple reintegrando aportes efectuados

por  el  sistema  previsional.

 

En consecuencia, al considerar la jubilación como un reintegro o débito social,

aplicar el impuesto sobre los Aportes efectuados en vida activa y repetir la tributa-

-ción sobre los mismos aportes al devolverlos  en  forma  de  beneficio previsional,

produce  agravio  a  diversas  garantías constitucionales al afectar la la naturaleza

integral del beneficio y el derecho de la propiedad como consecuencia de una

doble imposición  y  el  carácter confiscatorio  de  la  reducción”(…)

 

“Infiérese  de  lo  anterior  que, sería  a  todas  luces  un  contrasentido y  una fla-

grante  injusticia  que  el  jubilado  estuviera  exento  de  tributar  el  impuesto

a  las  Ganancias  como trabajador  y  obligado  a  sufragarlo  como  jubilado,

cuando se halla en total estado de pasividad,sin desarrollar actividad lucrativa

de carácter laboral o mercantil, sin percibir un salario por parte de su Empleador

y sin obtener rendimientos, rentas o enriquecimientos de ninguna clase, de-

rivados  de  la  realización  de  cualquier  acto  o  actividad  lucrativa, como  suce-

de  en  los  distintos  supuestos  que  individualiza  la  Ley  20.628″.(*)

 

Por todo ello, si al momento de practicar Liquidación conforme las pautas de

esta sentencia,  el  haber  del  actor  superara  el  mínimo  no  imponible  dis-

-puesto por la Ley Nº 27.346,debe declararse la inconstitucionalidad de los ar-

-tículos 79, inc. c) de la Ley 20.628 (Decreto 649/97) y art.115 de la Ley 24.241.

 

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

(i) Revocar parcialmente la sentencia recurrida;

(ii) Diferir el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad, referente a los

arts.9, inc. 3º de la Ley 24.463 y  26 de la Ley 24.241 para el momento de eje

cución de la sentencia;

(iii) Diferir a la Etapa de Liquidación, la determinación del PBU;

(iv) Declarar la inconstitucionalidad del art.79inc.c) Ley 20.628 (dec.648/97),

y del artículo 115, de la Ley Nº 24.241, en la medida que al practicarse la liquida-

ción del haber, éste supere el mínimo no imponible tornándose pasible de tribu-

-tar el Impuesto a las Ganancias (Ley 27.346);

(v) Declarar  exentas del impuesto a las ganancias, las sumas retroactivas

que  se  reconocieren en  favor  del  titular.

(vi) Confirmar la sentencia en lo demás que decide y es materia de agravios;

(vii) Imponer las costas de Alzada por su orden; y

(viii) Devolver las presentes actuaciones al Juzgado de Origen.

Firmado:

Luis René Herrero.-Juez de Cámara.-

Nora Carmen Dorado.- Juez de Cámara.-

Ante mí:  Amanda Lucía Pawlowski.-Secretaría de Cámara.-

 

Cita: (*)Recordamos  que  la  CSJN,  en  los  autos:”Dejeanne, Oscar Alfredo y

otro c/ AFIP s/ amparo“, declaró  la  validez  del   gravamen  y  revocó 

la  declaración de Inconstitucionalidad  del  artículo 79, inciso c) L.I.G. que  ha-

bía  dispuesto  la  Justicia  de  Corrientes, adhiriendo  al  dictamen  de la Sra.

Procuradora Fiscal, con  el  voto  en  disidencia  de  la  Dra. Carmen Argibay.

 

Reza  la  sentencia  de  la  CSJN  que la  configuración  del  gravamen  decidida

por  el  legislador  involucra  “una  cuestión  ajena  a  la  órbita  del  Poder

Judicial, a  quién  no  compete  considerar  la  bondad  de  un  sistema

fiscal  para  buscar  los  tributos  que  requiere  el  erario  público  y  decidir  si

uno  es  más  conveniente  que  otro, sino  que  sólo  le  corresponde  declarar

si  repugna  o  no  a  los  principios  y  garantías  contenidas en la Constitución

Nacional.Ello, salvo  que  en  el  caso  se  acreditase  una  violación  al  de

cho de propiedad debido a que el gravamen adquiere ribetes  que lo tornan

confiscatorio”.

 

-LEGISLACIÓN-

A) Ley Nº 24.241-

Artículo 115-Las jubilaciones,retiros por invalidez, pensiones por fallecimiento,

y  demás prestaciones otorgados conforme a esta Ley, estarán sujetas en cuanto

corresponda-, al Impuesto a las Ganancias.

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