Insania. La Corte Suprema de Justicia de la Nación deja sin efecto la Sentencia de Cámara que revocó la declaración de inhabilitación judicial declarada en los términos del Artículo 152 bis inc. 2º del Código Civil. No se valoró exhaustivamente la prueba científica y no se contemplaron las consecuencias negativas que podría generar el ejercicio de la capacidad plena del denunciado.

by Dra. Adela Prat on julio 3, 2012

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, considerando que los agravios del apelante encuentran adecuada respuesta en los fundamentos del dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, que el Tribunal comparte y hace suyos por razón de brevedad y tras declarar procedente el Recurso Extraordinario, dejó sin efecto la sentencia apelada. Con Costas. Ordenó vuelvan los autos al Tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo fallo con arreglo a lo expresado.FDO: Ricardo Luis Lorenzetti- Juan Carlos Maqueda – Elena I. Highton de Nolasco –  E. Raúl Zaffaroni.

 

 

Se trata de los autos caratulados : ” RECURSO DE HECHO DEDUCIDO POR J. P. B.  EN LA CAUSA B., J. M. s/ INSANIA “( Nº 241; L. XLVI) – CSJN – 12/06/2012.-elDial.com-AA7775, publicado el 03/07/2012.

 

 

Secuencia procesal

 

(i) En primer término,el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 26 declaró la inhabilitación del Sr. J. M. B., en los términos del artículo 152 bis, inciso 2º, del Código Civil.

 

(ii) Tras la apelación deducida, la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la inhabilitación del Sr. J.M.B. declarada en la anterior instancia, en los términos transcriptos

 

(iii) El denunciante - hijo del nombrado, Sr. J. P. B.- interpuso Recurso Extraordinario contra la sentencia de Cámara, cuya denegatoria dio lugar al presente Recurso de Hecho ( queja).

 

 

Puntos salientes del Dictamen de la Procuradora Fiscal ante la CSJN, Sra Dra Marta E. Beiró de Gonçalvez.

 

 

I. Pericia Médica que los Jueces toman como ” sustento principal y definitorio” de su decisión.

 

(a).Causal de inhabilitación invocada.

Luce en el Dictamen de la Sra Procuradora que ” los peritos médicos arribaron a la conclusión de que el diagnóstico del Sr. J. M. B. es ” deterioro cognitivo leve”…, que es apto para su vida cotidiana y social usual, interpretando a la par que, aceptar que pueda verse involucrado en el tratamiento y comprensión de operaciones negociales complejas, sociales o particulares, podría acarrear errores o vicios en sus conclusiones o decisiones”.

 

Los Jueces de Cámara enumeran diversos acontecimientos negativos que debió afrontar el causante a sus noventa años de edad ( entre ellos, el traumatismo de cráneo sufrido en el año 2007 con hematoma subdural fronto temporal izquierdo), indicando que ” aún considerando el estrés que tales acontecimientos pudieron provocarle al Sr. B., los suscriptos consideran que no padece un debilitamiento de su salud mental, más allá del deterioro cognitivo leve.”

 

Al revocar la sentencia dictada en  primera instancia, puntualizan “… que los expertos cuando hacen referencia a la actividad comercial del causante, aluden a que “podría” acarrear errores…, que no es lo mismo que decir “puede”; y sus afirmaciones  (refiriéndose a los expertos) son meramente conjeturales ”

 

Relata la Dra Gonçalvez que la Excma Cámara, parafraseando a otra Sala del mismo Tribunal, “distingue entre senectud ( o ancianidad normal) y senilidad patológica, sosteniendo que la vejez – aún cuando implique disminución de las facultades de la persona- no es sinónimo de enfermedad y que sólo esta última, resulta hábil para dar lugar a una inhabilitación”

 

(b). La Sentencia de Cámara

 

Argumenta la Excma Cámara que “… en modo alguno los expertos han afirmado que el Sr B. pueda ocasionarse un daño a sí mismo o a terceras personas y/o a su patrimonio…expresando que no debe confundirse el patrimonio personal del causante con el de las sociedades comerciales que integra, por lo que una restricción a su capacidad, además de resultar innecesaria, implicaría una violación al ejercicio de sus derechos personalísimos… siendo menester tener en cuenta que las decisiones en las  sociedades anónimas que tiene cierta trascendencia no se toman en forma unipersonal y, según el curso natural y ordinario de las cosas, cuando son complejas se requiere previamente asistencia profesional”.

 

 

II. Interpretación que la Sentencia hace del Artículo 152 bis inciso 2º del Código Civil

 

El Dictamen de la Procuradora Fiscal manifiesta que ” la situación que contempla el citado Artículo 152 bis en su segundo inciso – y  que el a quo reputa inexistente en el caso-, es la de los disminuidos en sus facultades mentales cuando, sin llegar el estado del sujeto a tipificar el cuadro previsto en el art. 141 del Código Civil, ” del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio “.

 

Acto seguido, la Sra Procuradora Fiscal examinó un punto esencial, como es la prescindencia de la Sentencia de Cámara en la indagación de los verdaderos alcances de una pericia, que puso en tela de juicio la aptitud del causante para actuar en el mundo de los negocios; y es en estrecha vinculación con ese defecto que  estimó la insuficiencia de la motivación llega también a la exégesis legal.

 

Los Jueces no explican – aseguró – cómo es que la distinción realizada en torno a ambos tiempos verbales:  “podría” y ” puede”, se compadece con el texto, origen y finalidades tuitivas de la norma aplicable, en cuya formulación el legislador utilizó la voz  “presumiblemente”. Consecuentemente, tampoco precisan cuál es el sustento jurídico del criterio restrictivo que asumieron.

 

En ese contexto ambiguo, la Procuradora estimó que la sentencia parece limitar la operatividad del artículo 152 bis inciso 2º, al perjuicio patrimonial en grado de cuasi certeza. Y ello equivale a desechar su aplicabilidad frente al daño en grado de riesgo potencial, sin evaluar la seriedad o no de las consecuencias, en base a las características específicas de la realidad de la que da cuenta el expediente.

 

En tal sentido, argumentó que ” en línea con el tratamiento que el fallo confirió a dichas facetas, entiendo que – tal como lo advierte el recurrente- lo atinente a la condición de empresario del denunciado y a la magnitud de la tenencia de papeles societarios, se ha abordado con parejo dogmatismo “

 

Continuando con la línea de su argumentación, la Sra Procuradora dijo que” en efecto, ante la posibilidad no debatida de que el causante fuese titular de la casi totalidad del paquete accionario de varios entes y que éstos integraran el llamado grupo económico B. en orden al manejo de su patrimonio personal, los jueces se restringieron a afirmar que ( vuelvo a transcribir) “… no debe confundirse el patrimonio personal del causante con el de las sociedades comerciales que integra, por lo que, una restricción a su capacidad, además de resultar innecesaria, implicaría una violación al ejercicio de sus derechos personalísimos… siendo menester… tener en cuenta que las decisiones en las sociedades anónimas que tienen cierta trascendencia no se toman en forma unipersonal y, según el curso natural y ordinario de las cosas, cuando son complejas se requiere previamente asistencia profesional”.

 

 

III. Falta de contemplación de las consecuencias negativas que podría generar el ejercicio de su capacidad plena

 

“Y con ello, descartaron apriorísticamente las derivaciones negativas que podría acarrear la intervención de terceros – al margen de cualquier control objetivo-, en conjunción con un defectuoso discernimiento de los negocios complejos “- aseguró la Procuradora Fiscal de la Nación en su Dictamen, compartido por la CSJN.

 

 

IV. Referencia en el Dictamen a la Normativa Constitucional que resguarda la Salud Mental

 

Luce en el Dictamen que ” la reflexión sobre la eventual violación de derechos personalísimos, trasunta igual arbitrariedad” agregándose seguidamente que ” lo dicho se pone en evidencia tan pronto se piensa en que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ( Ley Nº 26.378) , la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad ( Ley Nº 25.280) y la Ley Nº 26.657 de Salud Mental tienen como ejes  no sólo el reconocimiento del ejercicio de la capacidad jurídica, sino también la implementación de mecanismos de apoyo, salvaguardas y ajustes razonable, tendientes a que quienes están afectados por estos padecimientos puedan ejercer esa capacidad jurídica en iguales condiciones que los demás “.

 

 

V. Ausencia de análisis sobre la necesidad de proveerle curatela asistencial. Finalidad de esta última.

 

“Ergo, era menester que los Magistrados de la causa estudiaran en forma pormenorizada, con argumentos adecuados y completos, si la curatela asistencial  - que, por cierto, la nueva regulación no ha derogado- constituye una exigencia del caso particular – precisamente como medio para garantizar a una persona con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de sus derechos humanos y libertades fundamentales-, o conlleva en el sub lite la imposición de una carga desproporcionada, de acuerdo con el estado de salud del denunciado y su situación patrimonial” ( Del  Dictamen de la Procuradora Fiscal de la nación, compartido por la CSJN).

 

 

VI. Ausencia de valoración exhaustiva de la prueba científica. Omisión de solicitar aclaraciones.

 

La Dra Beiró de  Gonçalvez remarcó que ” a pesar de que en nuestro sistema la prueba pericial no reviste el carácter de prueba legal, si el perito es una persona especialmente calificada por su saber específico y se desempeña como auxiliar distinto de las partes, la prudencia aconseja aceptar los resultados a los  que aquél haya llegado, en tanto no adolezcan de errores manifiestos, o no resulten contrariados por otra probanza de igual o parejo tenor.”

 

“La prueba científica adquiere aquí una centralidad indudable, con lo cual – insisto- los Jueces debieron extremar el cuidado en el esclarecimiento de las eventuales dudas, sobre todo por lo delicado de la materia que se ventila en este tipo de procesos, donde pueden vulnerarse derechos fundamentales tanto admitiendo como denegando el progreso de la acción” – aseveró la Sra Procuradora Fiscal ante la Corte y es compartido por la CSJN

 

Corolario: El Dictamen de la Señora Procurado Fiscal ante la CSJN, culmina con estas palabras: “… la resolución impugnada no constituye una derivación razonable del derecho vigente… por lo que al afectar las garantías constitucionales invocadas, debe hacerse lugar sin más al recurso interpuesto y descalificar el pronunciamiento en base a la doctrina de la arbitrariedad, solución ésta coincidente con la que propugna el Sr. Defensor Oficial ante esa Corte….”   “… opino que corresponde acoger la queja deducida , declarar procedente el Recurso Extraordinario y ordenar  que se dicte nuevo fallo con arreglo a lo expresado precedentemente ” (compartido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación)

FDO: Bs As, 29/12/2011.- Marta A. Beiró de Gonçalvez. Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

 

 

 

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