Entre Ríos. El STJ ratifica que una extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, homologado en sede administrativa, donde el importe entregado al actor es claramente insuficiente, vulnera el ” orden público laboral” y el principio de “irrenunciabilidad de los derechos del trabajador”

by Dra. Adela Prat on julio 31, 2012

El representante del trabajador dedujo Recurso de Inaplicabilidad de Ley contra la Sentencia de la Sala I de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Paraná, sentencia que revoca la del ” a quo”.

 

El última instancia, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, RESUELVE:

 

1. Casar la sentencia de fs.. ( se refiere a la sentencia de Cámara que revocó la sentencia del  “a quo”), la que deja sin efecto íntegramente, y tener como sentencia definitiva la de primera instancia ( es decir el STJ ratifica lo decidido en primera instancia, tal como luce en el título de este trabajo).

2. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada hasta tanto sean estimados los de las instancias de mérito.

Regístrese, notifíquese y oportunamente bajen.

 

FDO: BERNARDO I. R. SALDUNA – SUSANA E. MEDINA DE RIZZO – GERMAN R. F. CARLOMAGNO.

 

 

Esa fue la Sentencia definitiva dictada en el Expte. nº 3923 – ” RANDISI, PABLO EDUARDO c/ DERUDDER HNOS. SRL – COBRO DE PESOS- APELACIÓN DE SENTENCIA- RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY ” – STJ DE ENTRE RÍOS – SALA LABORAL- 24/04/2012. elDial.com – AA77E3, publicado el 30/07/2012.-

 

 

Secuencia procesal del caso

 

I. Las razones esgrimidas por la Sala I de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Paraná ( Entre Ríos) para revocar la sentencia firmada por el ” a quo”, sentencia está última que es la finalmente considerada “justa” por el Tribunal Superior de Justicia - STJ – de la Provincia de Entre Ríos, fueron las siguientes:

 

(i)La Cámara entiende que corresponde receptar la excepción de cosa juzgada opuesta por la empresa empleadora y accionada de conformidad con el Artículo 68 inciso e) CPL.

 

(ii) Para así decidir, transcribe dos pronunciamientos que guardan similitud con este caso .

 

(iii) Afirma que surge del Expediente que el trabajador, Sr Randisi y la patronal: ” Derudder Hnos. SRL ” realizaron una presentación conjunta ante la Dirección Provincial del Trabajo, en la que suscribieron el acuerdo transaccional con intervención de sus respectivos letrados y del funcionario público. En esta línea, la Cámara decide que el Convenio ha sido celebrado en los términos que exige el artículo 15 de la LCT, y que ha sido debidamente homologado previo Dictamen favorable.

 

(iv) Aduce la Cámara que no basta la mera denuncia por la accionante de su condición de trabajadora y que el convenio transaccional vulnera los derechos irrenunciables del artículo 12 LCT, toda vez que de admitirse – luego de percibir el ex- empleador la suma convenida- todo convenio homologado sería susceptible de cuestionamiento alegando la hiposuficiencia del trabajador.

 

(v) Entiende que, en el caso, la extinción del vínculo laboral se produjo por despido directo del trabajador por justa causa, circunstancia ésta que exime a la empleadora de abonar los rubros indemnizatorios reclamados en la demanda.

 

(vi) Interpreta que el convenio transaccional o conciliatorio no es sobre derechos irrenunciables del trabajador, ya que se concretó sobre la base de derechos litigiosos o en expectativa, y no sobre derechos adquiridos

 

(vii) Finalmente, sostiene que la cláusula convencional que expresa que ” el actor nada más tiene que reclamar con motivo de la relación laboral que existió entre las partes ” tiene plena validez y se compadece con la doctrina sentada en el plenario ” Lafalce”.-

 

– II -

 

 El apoderado de la actora deduce contra tal sentencia, Recurso de Inaplicabilidad de Ley, argumentando que violenta y aplica erróneamente el artículo 15 de la LCT, toda vez que el Convenio transaccional celebrado entre el trabajador y la empleadora no alcanza una justa composición de intereses por cuanto su resolución administrativa homologatoria, no está debidamente fundada.

 

De ello concluye que el acuerdo celebrado entre las partes carece de validez, ya que la resolución que lo homologa debe ser declarada nula por defecto de forma.

 

En tal sentido afirma que los convenios homologados en sede administrativa deben ser motivados para su validez, ya que tienen la finalidad de suministrar una garantía y excluir lo arbitrario.

 

Asegura que el art. 160, inc 5 del CPC y C exige que la sentencia se encuentre debidamente fundada, de lo contrario es nula; dicho criterio debe aplicarse respecto a una resolución de la autoridad administrativa, la cual sólo puede ser revisada por vía judicial. Por tanto considera que la Sentencia de la Cámara es errónea, pues no aplica el art. 160 CPC y C que contiene los requisitos exigibles para que la sentencia  sea tal y, por tanto, pueda recaer sobre ella cosa juzgada.

 

Por otro lado, arguye que el artículo 15 LCT requiere que la resolución de la autoridad administrativa sea fundada, ya que la autonomía de la voluntad consagrada en el art. 1197 CC se halla limitada en el ámbito del Derecho Laboral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 LCT ( los derechos ciertos de los trabajadores no son disponibles).

 

Niega la validez del acuerdo celebrado entre el trabajador y el empleador, en razón de que si la transacción requiere ” concesiones recíprocas” – art. 836 CC -, no se advierte en qué cede el empleador.

 

Respecto de la cláusula convencional que establece que el actor se compromete a no efectuar ningún reclamo posterior  con motivo de la relación laboral o su extinción, la quejosa argumenta que ello no es óbice para que para que la resolución administrativa sea objeto de revisión judicial y, en caso de comprobarse algún incumplimiento de los requisitos establecidos por la ley, pueda ser declarada nula por defecto de forma. Niega que la decisión homologatoria del acuerdo produzca el efecto de cosa juzgada, porque está sujeta a control judicial amplio y suficiente para no violar los arts 18 y 109 CN.

 

Expresa que, en realidad, el trabajador fue despedido- despido directo injustificado - por la patronal por haber omitido rendir cuentas por la venta de tres boletos, causal que no sólo no fue acreditada sino que tampoco constituye injuria suficiente en los términos del artículo 242 LCT. Asevera que luego del despido no abonó al empleado la liquidación final, por lo que suscribe el convenio que luego fuera homologado en la DPT.

 

- III -

 

El Sr Vocal Dr Carlomagno_ integrante del STJ de Entre Ríos- a cuyo voto adhieren finalmente sus colegas, sostuvo que ” con el acta acuerdo realizada – conforme surge de sus propios términos-, se trató de una transacción liberatoria, sin ocultar verdaderas intenciones, sino más bien evitar futuros conflictos devenidos de la extinción del vínculo… De allí que no existen dudas acerca de la naturaleza onerosa del acuerdo, pero amparado en una supuesta sinceridad, se intenta soslayar elementales principios del Derecho del Trabajo”.

 

 

Remarcó, acto seguido, que ” resulta ineludible el análisis del mismo a la luz de lo dispuesto por el artículo 12 de la LCT, que conlleva la irrenunciabilidad de los derechos, sancionando de nulidad, cualquier menoscabo o reducción de los derechos que por ley, convenio colectivo o contrato individual pudieran corresponderle al trabajador y establecer, consecuentemente, si existe materia de transacción o conciliación a la luz de las prescripciones del artículo 15 de la LCT y, en su caso, someterlo a los recaudos establecidos por el mismo en orden a la autoridad competente  (judicial o administrativa) y homologación”

 

Sentado lo anterior, el Sr Juez Dr Carlomagno, señaló que “… no es posible efectuar concesiones recíprocas para poner fin al vínculo conculcando derechos que, conforme el orden público laboral, no son materia de transacción por certeros o indubitables.”

 

En tal sentido destacó que ” el acuerdo en cuestión, aunque sea voluntario  (por falta de acreditación de vicios de consentimiento), es violatorio del orden público laboral, en tanto resulta de sus propios términos que el importe entregado al actor por el accionado, resulta insuficiente desde la óptica del régimen indemnizatorio imperativamente aplicable.”

 

El Sr Juez preopinante  del STJ de Entre Ríos, consideró aplicable al ” sub case” el criterio fijado en autos ” Aramburo, Felipe Adrián y otros c/ Pindapoy S.A. – Nulidad de convenios y Cobro de pesos – Recurso de Inaplicabilidad de Ley” (LAS 10/02/1995). Concluyó, pues, que ” conforme a lo dispuesto por los arts 284 del CPC y C y 140 del CPL debe receptarse el Recurso de Inaplicabilidad de Ley deducido por la parte actora, dejando sin efecto la sentencia impugnada en tanto vulnera y aplica erróneamente lo dispuesto en las disposiciones legales citada, quedando como decisión válida la de primera instancia en lo que respecta al cálculo de rubros laborales e indemnizatorios debidos como consecuencia del despido injustificado. Costas en todas las instancias a la demandada vencida”.

 

La Sra Juez Dra Susana E. Medina de Rizzo, por los fundamentos que ella expuso, dijo: “Adhiero al voto del Dr Carlomagno”. A su turno, el Sr. Juez Dr. Bernardo I. R. Salduna expresa que ” adhiere al voto del Sr. Vocal Carlomagno por iguales fundamentos”

 

 

 

 

 

 

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