Despido Injustificado pues el empleador no probó que las solicitudes de inscripción de marcas imputadas a la trabajadora hayan sido suscriptas por ella y a su favor. Tres empresas son condenadas solidariamente a pagarle la suma de $ 943.618,28 con intereses tasa activa . No al Daño Moral.

by Dra. Adela Prat on julio 2, 2012

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo integrada por la Sra. Juez Dra. María C. García Margalejo y el Sr. Juez Dr. Oscar Zas resolvió” revocar la sentencia de la anterior instancia y, en consecuencia , hacer lugar a la demanda impetrada por la empleada, condenando solidariamente a ” Aon Risk Services Argentina S.A.”, “Aon Consulting Argentina S.A.” y “Aon Consulting Worldwide Inc.” a pagar a la misma, la suma de $ 943.618,28 con los intereses desde la fecha que cada crédito es debido y hasta el momento del efectivo pago, a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos ( art. 622 del Código Civil), de conformidad con lo resuelto por la C.N.A.T. mediante acta 2357 de fecha 07-05-2002 aclarada por Resolución nº 8 del 30/05/02″. (*)

 

 

La causal de despido

 

Relata el Sr. Juez preopinante, Dr.Oscar Zas, que la causal en que la ex empleadora fundó el despido consistió en atribuirle a la dependiente el hecho de haber solicitado “… la registración de las marcas “Aon Six Sigma”, “Aon Seis Sigma”, “Aon 6 Sigma” y “”Six Sigma”… por tratarse de denominaciones utilizadas por su parte, sosteniendo que “ese proceder genera a la vez a la empresa un serio perjuicio…(y) vulneran los deberes de lealtad, fidelidad y buena fe que son de carácter substancial en el contrato de trabajo. Desde el miraje de la buena fe ínsita en el contrato de trabajo no puede soslayarse como gravemente injuriosa su conducta, que constituye causal de pérdida de confianza que torna imposible la prosecución de la relación laboral…”(cfr. Carta Documento de Despido).

 

En primer lugar, la Sala consideró que el punto crítico reside en establecer si los formularios de inscripción de las marcas en cuestión fueron – o no- suscriptos de puño y letra de la actora, ya que es el acto de inscripción el hecho en que se objetiva la injuria invocada como causal del distracto.

 

 

La prueba pericial caligráfica

 

La prueba pericial caligráfica tuvo lugar en sede penal. El peritaje- según obra en la sentencia – fue elaborado por tres Calígrafos Oficiales de la Justicia Nacional ( A.T.,P.I.M.  y  V.E.M.) y dos peritos a propuesta de quienes son parte actora y demandada en estas actuaciones ( J.M.B  y  H.L.P.).

 

Relata el Dr Oscar Zas, integrante de la Sala V, que el material cuestionado sobre el que se expidieron los expertos han sido los expedientes administrativos originales del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Adujo que los tres peritos oficiales y el propuesto por la actora dictaminaron que las firman que lucen en los formularios de inscripción no pertenece a la actora.. A su turno, el perito propuesto por la empresa demandada, no se expidió sobre la autoría de las firmas cuestionadas atento la necesidad de contar con elementos indubitados efectuados con anterioridad al desconocimiento de la documental…”, por lo que tampoco pudo establecer que el material indubitado allí tenido en cuenta se correspondiese con las firmas estampadas en los formularios de inscripción ( art. 486 CPCCN).

 

Se lee en la sentencia que en la causa penal se ordenó un nuevo peritaje caligráfico a efectuarse sobre copias de las solicitudes de inscripción, con la incorporación de documentación indubitada anterior a los instrumentos cuestionados, conforme el planteo formulado por la querella. El informe fue elaborado por otros tres Peritos calígrafos Oficiales y dos de parte. A excepción del perito propuesto por la accionada, todos los expertos concluyeron que ” No se establece la intervención de A.P.P. en la confección de las firmas que se le atribuyeron en los siete formularios…” cuestionados. La disidencia planteada por el calígrafo Comba( el perito propuesto por la accionada) permitió concluir que las  divergencias reseñadas impedían establecer la autoría de P. respecto de las signaturas cuestionadas.

 

“NO HAY DOS SIN TRES”. Aquellas conclusiones- luce en la sentencia – fueron cuestionadas por la demandada querellante, lo cual motivó la realización de un tercer peritaje caligráfico que fue producido por el Decano del Cuerpo de Calígrafos Oficiales de la C.S.J.N.., N.E.Lucas; el Director de la Carrera de Calígrafo Público de la Facultad de Derecho de la UBA, CPN B.E.Noguera, la perito designada por la Policía Federal, CPN S.E.T; la perito designada por Gendarmería Nacional, Subalférez CPN L.P.S.; el perito designado por la Prefectura Naval Argentina, Oficial Principal CPN C.G.S  y los peritos designados a propuesta de las partes, calígrafos públicos nacionales de apellidos B, C, G y B. Informaron los expertos que no lograron uniformidad de opiniones respecto de las firmas atribuídas a P. Algunos peritos oficiales y dos peritos de parte, dictaminaron que las firmas cuestionadas han sido realizadas por A.P.P. y, en cambio otros peritos oficiales y el perito de parte B, determinaron que técnicamente no se establece la intervención de la actora en las firmas de las solicitudes de inscripción en cuestión

 

CONCLUSIÓN DE LA SALA : NO FUERON SUSCRIPTAS POR LA ACTORA. El Sr. vocal preopinante, Dr Oscar Zas , a cuyo voto adhiere en su oportunidad la Dra García Margalejo, destacó: ” Luego de examinados detenidamente los reseñados peritajes caligráficos, concluyo que no se encuentra demostrado en las presentes actuaciones que las inscripciones de marca que imputara la demandada como causal justificativa de la resolución del contrato de trabajo hayan sido suscriptas por la actora” tras lo cual, más adelante añadió que “pero si alguna duda cupiese acerca de tal extremo fáctico, la situación debe ser resuelta a favor de la trabajadora( Art. 9º L.C.T.)

 

Para decidir en el sentido que lo hicieron, los Sres Jueces de Cámara compartieron e hicieron propias las valoraciones efectuadas en la sentencia dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal que remarcó ” la ausencia de certeza con respecto a la autoría de las firmas cuestionadas”, conluyendo que “… ante la ausencia de prueba directa, tanto testimonial como pericial, que permita vincular directamente a P. con la conducta que se le imputa – registrar o hacer registrar las marcas  enunciadas al comienzo a su favor mediante la suscripción de los respectivos formularios de inscripción ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual-, no cabe otra solución que el sobreseimiento de la causante por INEXISTENCIA DEL HECHO…”

 

 

La empleadora no probó la causal del despido.

 

El Dr Oscar Zas, en su voto enfatizó que ” con fundamento en las consideraciones expuestas, considero que la demandada no probó la causal que invocara como sustento de la resolución del contrato de trabajo, por lo que propongo revocar lo decidido en la sede de origen y hacer lugar a las indemnizaciones previstas por los arts. 232, 233 y 245 L.C.T.”

 

 

La actora tiene derecho a la duplicación indemnizatoria prevista en el art. 16 de la Ley 25.561.

 

El alcance de dicha Ley – luce en la sentencia- fue reglamentado por el Art. 4 del Decreto 264/02 y comprende las indemnizaciones por despido, sustitutiva de preaviso y , según el caso, la integración del mes de despido.

 

Los Jueces de Cámara desestimaron el planteo de inconstitucionalidad de los decretos de prórroga deducidos por las accionadas, porque- entre otros fundamentos –  “la prórroga de la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el art. 1º del dec. 883/02 y art. 1º del dec. 256/03 se ajusta a las normas  (Art. 1º Ley 25.561 y artículo 76 de la C.N.: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas deemergencia pública..”

 

 

El incremento del artículo 2º de la Ley 25.323 no es procedente.

 

Lo aseveró el vocal preopinante, Sr Juez Dr. Oscar Zas( a cuyo voto adhiere la Dra García Margalejo) ” toda vez que la actora no demostró haber dado cumplimiento a la carga impuesta por dicha norma- art. 2º Ley 25.323 – consistente en intimar de modo fehaciente al empleador exigiendo el pago de las indemnizaciones derivadas del despido “.

 

 

No quedó demostrado el deficiente registro de la” fecha de inicio” del Contrato de Trabajo.Trabajadora que revistió el carácter de empresaria.

 

La actora es Licenciada en Administración de Empresas– destaca la sentencia al propio tiempo que da cuenta que” en orden a sus logros laborales y empresariales… comenzó con las actividades de asesoramiento y consultoría en imagen institucional, en el año 1986, fundando en un principio “P. & Asociados”, y creando posteriormente, la Consultora “Identidad e Imagen” ; uno de sus clientes era el Grupo SOCMA y debido a ello comenzó la relación con la ahora demandada”.

 

Los Magistrados de la Excma Cámara remarcaron que “… en el presente caso es la misma actora quien reconoce su carácter de empresaria, con una actividad profusa y exitosa; presupuesto que se diferencia notoriamente de los planteos que comúnmente se presentan en el Fuero, en los cuales un trabajador autónomo invoca el carácter dependiente del vínculo frente a la formalización del vínculo como un contrato de locación de servicios u otra figura no laboral ”

 

Continuando con el hilo de la argumentación, los Camaristas explicaron: “Esa particularidad no es menor si se considera que la parte final del artículo 23 de la L.C.T. determina que la presunción allí contemplada no operará cuando ” por las circunstancias del caso no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio”.No obstante, el factor determinante y que divide aguas en este tipo de supuestos recae en establecer quien asume el riesgo empresario de la actividad desarrollada “

 

Acto seguido, el Sr Juez de Cámara preopinante señaló que  la postura asumida por la actora no resulta coherente, pues a la par que sostiene y funda parte de su reclamo en las condiciones en que fue pactado el contrato de trabajo a partir de su registración formal, como consecuencia de no haber existido un acuerdo en la venta de su empresa, argumenta que previo a dicho hito temporal y durante la etapa de negociación ya existía un vínculo dependiente, lo que luce incongruente, si se considera que la celebración del contrato de trabajo, con más las obligaciones asumidas en el ” side letter”,(acuerdo comercial) fue la solución a la que arribaron las partes luego de transcurrido dicho lapso”

 

“Cabe asimismo aclarar que no puede colocarse en un plazo de igualdad la situación de la actora con la de otras personas que prestaban tareas en ” Identidad e Imagen”, pues más allá de las consideraciones que puedan efectuarse en cuanto a la naturaleza jurídica de estos vínculos, lo cierto es que estas personas no revestían el carácter de empresarias como la actora. Con apoyo en las consideraciones expuestas, voto por confirmar la sentencia apelada en cuanto tiene por no demostrado un deficiente registro de la fecha de inicio(29.12.2002) del contrato de trabajo”.

 

 

Acuerdo comercial y obligaciones asumidas por la empresa en el ” side letter”. Coexistencia de relación laboral y comercial.

 

Luce en la sentencia que en la misma fecha en que fue celebrado el contrato de trabajo entre la actora y “Aon Risk Services Argentina S.A.”., mediante nota suscripta por Héctor Daza en representación de ” Aon” y dirigida a la actora, le es reconocida a esta última “… una suma variable en concepto de pago de know how del 20% mensual sobre los ingresos netos de impuestos directos efectivamente percibidos mes a mes por “Aon...” y para el supuesto que “… se produjese la rescisión del acuerdo de contrato de trabajo celebrado el 29 de noviembre de 2002 por decisión unilateral de “Aon…”, antes del 30 de junio de 2007, “Aon…” deberá pagarle en forma irrevocable, además de las sumas que corrrespondan a ese momento previstas en el contrato de trabajo: a) el total por el mes en curso de la suma detallada en el punto 1. del presente,o sea 10.000 $ mensuales b) el total del importe correspondiente al 20% por los cinco años del punto 2. de la presente nota, menos los importes ya percibidos por la Sra P., o las sociedades que lo haya facturado, por ese concepto a la fecha del distracto .La suma del total cobrado y a cobrar por la Sra P. y sus vinculadas por este concepto, no debe ser menor a pesos $ 740.000 a moneda del 31.12.2001, o a la suma de los ingresos por los últimos 12 meses anteriores a la fecha del distracto, la que sea mayor, a moneda constante”

 

Los Sres Jueces de Cámara recordaron que en la sentencia apelada se resolvió que las obligaciones asumidas en dicha carta o ” side letter” se hallan vinculadas al ” ACUERDO COMERCIAL ” que había sido pactado entre las partes en el año 2.000, el cual- consideró la Sra. Juez a quo – continuó vigente al margen del contrato de trabajo. Resolvió, pues, que ambas relaciones – laboral por un lado y comercial por otro- coexistieron a partir del mes de noviembre de 2002 (o sea, posteriormente), no obstante lo cual, determinó la improcedencia de la indemnización especial asumida para el caso de rescisión del contrato de trabajo”.

 

La Sala, por el contrario, entiende que es viable la indemnización especial convenida en pesos- $ 740.000 – ( y no en dólares) aunque al 31 de diciembre de 2001 rigiese la ley de convertibilidad monetaria 23.928, pues cabe memorar, que el peso era igualmente la moneda de curso legal. Y al propio tiempo, sostiene que dicha suma debe ser satisfecha con más los intereses respectivos a partir de la resolución del contrato,

 

Cuando convienen las partes ” a moneda constante”, los Camaristas interpretan que debe aplicarse el art. 7º de la Ley 23.928 – modificado por la Ley 25.561 – que dispone: ” …en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación de precios…” A su vez el art. 10º de dicha ley expresa.”… Esta derogación( se refiere a la indexación) se aplicará aún a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”.

 

 

Indemnización especial, sí; pero claúsula 2. del contrato ampliatorio, no.

 

Esto significa, conforme lo manifiesta la Excma Cámara, que ” como consecuencia de la viabilidad de esa indemnización especial, no corresponde admitir las diferencias salariales reclamadas por los importes emergentes de la cláusula 2 del contrato ampliatorio( leer “ut supra” ), es decir, en concepto de ” know how” consistentes en el 20% mensual sobre los ingresos netos, toda vez que éstas quedan comprendidas en el crédito que resulte por la condena propugnada precedentemente. Ello así por cuanto en el inciso “b” del punto 6 del denominado “side letter” se dispuso que el importe allí convenido debía conformarse en base a las sumas correspondientes “… al 20% por los cinco años del punto 2… ( 20% mensual en concepto de ” Know how”) menos los importes ya percibidos por la Sra. P… por ese concepto a la fecha del distracto…” Consecuentemente, la deuda que pueda llegar a estimarse por el referido rubro debería descontarse del mínimo resarcitorio de $ 740.000 que se propugna diferir a condena” .

 

 

Se desestima la Indemnización por Daño Moral. ¿Por qué?

 

Los Magistrados de la Sala V pusieron de relieve que ” en lo que atañe a la indemnización peticionada en la demanda en concepto de Daño Moral, debe desestimarse. En efecto, el hecho de encontrarse fuera de discusión que efectivamente existió una solicitud de inscripción de marcas a nombre de la actora, y que éstas corresponderían a la accionada, constituye un hecho objetivo para habilitar la acción penal instaurada contra la actora “

 

“A tal efecto, se tiene en cuenta que si bien la actora resultó sobreseída en dicha acción, debe igualmente valorarse que también han sido sobreseídos  Héctor Daza y Vanina Andrea Canziani al no demostrarse que éstos hayan falsificado la firma de la actora. En síntesis, existe un hecho objetivo que justificó y habilitó la acción penal ( las cuestionadas inscripciones ante el Registro de Marcas), sin que corresponda atribuirle responsabilidad por ésta a la accionada, pues así como no ha sido probado que haya sido la actora quien suscribió los formularios de inscripción, tampoco se demostró que la demandada o alguno de sus dependientes hayan falsificado la firma de la actora“- aseveraron los Magistrados

 

“Ergo, la accionada no es responsable de los eventuales daños y perjuicios que – eventualmente- haya padecido la actora como consecuencia del referido proceso penal ( art. 499 Cód. Civil)” ( del texto de la sentencia).

 

 

Monto del salario. Aplicación del caso ” Vizzoti”. Total adeudado.

 

(i)Salario. Luce en la sentencia que según lo informado por la perito contadora, el salario a considerar es de $ 18.757,42 compuesto de los siguientes rubros: remuneración según contrato de trabajo formal: $ 8.000; asesoramiento comercial $ 10.000, y ” know how” $ 757,42.

 

(ii)Aplicación caso “Vizzoti”.La Sala consideró viable el planteo de inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 245 LCT  que formula la parte actora en la demanda, pues el tope de la base remuneratoria para el cálculo de la indemnización por antigüedad asciende a $ 1.909 ( C.C.T. 130/75 aplicable al sub lite en la demanda y no cuestionado en el responde).

 

La Sentencia evoca el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 14/09/2004, “Vizzoti, Carlos A. c/ AMSA S.A.”. Conforme las pautas de este fallo corresponde aplicar una limitación a la base salarial pero sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual computable.

 

De ahí- afirmó la Sala – que la remuneración que debe tenerse en cuenta para el cálculo de la indemnización por antigüedad asciende a $ 12.567,47.

 

(iii) Total adeudado. Reza la sentencia: “En mérito a todo lo expuesto, propongo diferir a condena los siguientes rubros y montos: remuneración adeudada agosto/04 en concepto de ” asesoramiento comercial”: $ 9.032,26; diferencia SAC sobre remuneración no registrada en concepto de “asesoramiento comercial” 2º semestre 2002, 1er. y 2do. semestre 2003, 1er. semestre 2004 y proporcional 2do. semestre 2004, $ 17.419,35 ( $ 833,33 + $ 5.000 + $ 5.000 + $ 5.000 + $ 1.586,02); diferencia vacaciones sobre remuneración no registrada en concepto de ” asesoramiento comercial” correspondiente a 2002 ( 1 día), 2003 ( 14 días) y proporcional de 2004 ( 9 días), en la suma de $ 10.399,92 ( $ 433,33 + $ 6.066,62 + $ 3.899,97) ; indemnización art. 245 L.C.T. $ 25.134,94; indemnización art. 232 L.C.T., con inclusión del SAC, $ 20.320,53, integración mes de despido(  días) $ 1.966,50; indemnización art. 1º Ley 25.323 $ 25.124,04; indemnización especial contractual, $ 740.000; indemnización art. 16 ley 25.561, $ 37.937,58 ( $ 47.421, 97 x 80%, cfr decreto 823/04) e indemnización art. 80 LCT $ 56.272,26. TOTAL= $ 943.618,28. Los créditos devengarán intereses a partir desde la fecha que cada una de ellos es debido y hasta el momento del efectivo pago, a la tasa activa Banco Nación Argentina para otorgamiento de préstamos (art 622 CC).

 

 

Condena solidaria.Las tres empresas fueron empleadoras de manera conjunta de la actora

 

“La condena recaerá solidariamente sobre las codemandadas “Aon Risk Services Argentina S.A.”, “Aon Consulting Argentina S.A.” y “Aon Consulting Worlwide Inc.”, porque más allá de conformar un grupo económico, fueron beneficiarias de las labores prestadas por P. “– afirmó la Sala, tras lo cual añadió que ” se observa que en el peritaje contable se informó que la actora fue designada apoderada por “Aon Consulting Worldwide Inc.“, como así también por la codemandada “Aon Consulting Argentina S.A.”, mediante Acta de Directorio de fecha 30/08/2004.” ” Y en lo que atañe a la restante codemandanda- afirmó la Sala – refiriéndose a “Aon Risk Services Argentina S.A.”, advierto que más allá de las deficiencias registrales, ésta tenía inscriptos como empleados a Helman y a Canziani quienes eran asistentes de la actora. por otra parte, el contrato anexo o ” side letter” celebrado el 29/11/2002, ha sido suscripto por Héctor Daza en representación de “AON” sin especificar cuál o cuáles eran las sociedades comerciales representadas, lo cual infiere un manejo conjunto de  las integrantes del grupo en cuestión ( art. 163 inc. 5º CPCCN).

 

 

Referencia

 

(*) Se trata del Expte. 18.747/2005- SD 74.089- ” P. A. P. c/ AON RISK SERVICES ARGENTINA S.A. Y OTROS S/ DESPIDO”- CNTRAB- SALA V- 08/05/2012, publicado por elDial.com-  AA7765, en el día de la fecha, 02/07/2012

 

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