Responzabilizan al Registro de la Propiedad Inmueble por los Daños y Perjuicios generados al inscribir un levantamiento de embargo falso. Debe pagar el importe garantizado por el embargo – 70.000$ más intereses – por falta de diligencia frente a deficiencias en los oficios notoriamente groseras

by Dra. Adela Prat on abril 23, 2012

SUMARIO. Responsabilidad Extracontractual del Estado. Falta de Servicio. Oficios Apócrifos que el Registro de la Propiedad Inmueble igualmente inscribió. Omisión de análisis extrínsecos y de contenido de los documentos. Inscripción de Levantamiento de Embargo falso. Ausencia de adopción de Medidas para evitar que se concrete la maniobra. Monto de condena limitado al importe garantizado por el Embargo.

 

 

La Sra Francisca Rivas inició demanda contra el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y/o contra quien o quienes resulten responsables, a efectos de que se lo condene a abonar una suma de dinero en concepto de reparación de los daños y perjuicios que aduce haber experimentado, con causa en la defraudación de la que fue víctima, motivada en el trámite irregular que consistió en la inscripción de un levantamiento de embargo falso.Es decir con motivo de la existencia de un asiento apócrifo en el Registro de la Propiedad Inmueble, por el cual se levantó un embargo que garantizaba el cobro de sumas de dinero de las que resultaba acreedora y había perseguido en el marco de un juicio ejecutivo. Medida que frustró la garantía del crédito que la actora poseía.

 

Con fecha 24 de junio de 2002, la actora promovió la ejecución de un pagaré por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECISEIS MIL (U$S 16.000 ) contra su librador Sr Oscar Daniele, cuya radicación de la causa fue por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 18, Secretaría Nº 35.

 

En ese pleito la actora acreditó la TRABA DEL EMBARGO por $ 16.000 y simultáneamente peticionó la AMPLIACIÓN DE LA MEDIDA POR LA DIFERENCIA entre el monto embargado inicialmente en pesos y el monto de condena que fue expresado el dólares. El OFICIO AMPLIATORIO data del 23/09/04.

 

SORPRESA Nª 1. La actora informó que de las constancias emitidas por el Reg. Prop. Inmble, se desprendía en el asiento 4, un LEVANTAMIENTO DE EMBARGO, que habría sido decretado el 15/06/04. El Registro habría procedido a la inscripción provisional, por lo que la actora pidió se LIBRE OFICIO al referido Organismo, haciéndolo saber QUE EN ESAS ACTUACIONES NO SE DECRETÓ LEVANTAMIENTO DE EMBARGO ALGUNO.El Oficio de Levantamiento de Embargo es un documento EN UN TODO APÓCRIFO.

 

NO OBSTANTE EN LAS ACTUACIONES DE EJECUCIÓN DEL PAGARÉ consta que se había solicitado la inscripción del levantamiento de embargo. La providencia que ordena tal levantamiento es la referida, de fecha 15/06/04. El R.P.I. lo inscribe provisoriamente , dado que constaba un pedido de ampliación de embargo que ahora se pretendía levantar.

 

La Sra Rivas sostuvo que el documento detallado en el acápite anterior era ADULTERADO y por su parte el Registro de la Propiedad Inmueble solicitó al Juzgado Comercial se le informe si el OFICIO DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO FUE EFECTIVAMENTE DISPUESTO POR EL JUZGADO, que respondió: LOS OFICIOS QUE EN COPIA SE ACOMPAÑAN NO EMANARON DE ESTE TRIBUNAL pues las firmas no se correspondían con las de la Actuaria, Dra. M.F.E.

 

SORPRESA Nº 2 . Finalmente el Registro informó – mediante Nota “J” nº 244/05, del 1/11/05- que LA TITULARIDAD DEL INMUEBLE CORRESPONDÍA- NO YA AL SR DANIELE- SINO A CARLOS ALBERTO SERRANO, según escritura del 11/01/05, presentada bajo el Nº 8768 el 14/01/05, acompañando copias del Folio Real, que bajo el rótulo ” Titularidad sobre el dominio” dejó sentada la transferencia el 24/02/05, en los asientos 11 y 12.

 

La Sentencia de Primera Instancia acogió la demanda, atento tratarse de errores sumamente groseros y ostensibles, y por ello fácilmente apreciables mediante un simple y superficial examen, lo que hace aún más patente el cumplimiento defectuoso de su función por parte del Registro de la Propiedad Inmueble. Responsabilizó al mencionado Registro determinando el alcance de la condena con sujeción al monto del embargo – 70.000$ – equivalentes a U$S 16.279, al tipo de cambio $ 4,30, pues por ese importe habría respondido a su vez el ejecutado, deudor primigenio, en caso de haber subsistido la anotación de la medida.En ese monto se frustró la garantía de su crédito por la suma de U$S 16.000 con intereses.”

 

Citó y analizó el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ” Vadell, Jorge F. c/ Provincia de Buenos Aires”, del 18/12/1984. Rechazó el rubro Daño Moral reclamado(*) y fijó la tasa de interés activa cartera general ( préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la nación Argentina (Plenario CNACivil, en los autos, “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.”). Costas por su orden.

 

 

La actora interpuso Recurso de Apelación . Se trata del Expte. Nº 5021/2007.- Autos caratulados: ” RIVAS FRANCISCA c/ REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS “- CNA CAF – SALA II- 20/03/2012, publicado para suscriptores por elDial.com – AA7564, en el día de la fecha 23/04/2012.-

 

 

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por la Sra Juez Dra María Claudia Caputi y los Sres Jueces Dres Luis María Márquez y Losé Luis López Castiñeda resolvió:

 

1º) Confirmar la Sentencia en lo principal que decide;

2º) Modificar la Sentencia en lo relativo a la tasa de interés y aplicar al crédito reconocido la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA;( es la que corresponde para los resarcimientos otorgados en virtud de la responsabilidad del Registro por cumplimiento irregular de su función registral)(**)

3º)Modificar la distribución de las costas de primera instancia e imponer las Costas de ambas instancias a la demandada vencida (Conf. art. 68, primer párrafo del CPCCN).

 

Los Sres Jueces de Cámara recordaron que  lo que se pretende es una indemnización por la falta de servicio  del  Registro de la Propiedad Inmueble y  que para ello primeramente resulta indispensable determinar si existió  responsabilidad del Registro de Propiedad Inmueble de la Capital Federal.  A saber:

 

 

I. ” Las obligaciones del Registro están reguladas en particular por la Ley 17.801 y disposiciones complementarias del Código Civil, y puntualmente el artículo 8º de dicha Ley establece que: ” el Registro examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción de solicite, ateniéndose a lo que resultare de ellos y de los asientos respectivos”.

 

 

II. La función del registrador no es meramente pasiva.

“Debe analizar el acto jurídico, vinculándolo con las constancias registrales que se encuentren relacionadas con él para determinar si del cotejo surge alguna falla. Es una función obligatoria, de la cual no puede eximirse so pretexto de oscuridad o silencio de la ley”.

 

 

III.No puede admitirse la inscripción de actos que contengan vicios manifiestos

“La función calificadora de los Registradores de la Propiedad Inmueble no se limita al análisis de legalidad extrínseca del documento, pues también se extiende al contenido del mismo, en tanto no puede admitirse la inscripción de actos que lesionen el orden público o contengan vicios manifestos. Es que, si bien el efecto de la inscripción en materia inmobiliaria de ninguna manera puede convalidar el título nulo ni subsanar los defectos que adoleciere según las leyes, al Estado le interesa que el registrador realice el análisis, de manera que no se anoten documentos que presenten defectos tales que puedan contribuir a crear una apariencia jurídica a través de la publicidad de un acto que en modo alguno se compadecería con la realidad ( Conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J, in re ” Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2, Secretaría Nº c/ Registro de la Propiedad Inmueble 236/08 s/ Recurso Registro Propiedad inmueble” del  07/07/11)”.

 

 

IV. Qué sostuvo al respecto, la Corte Suprema de Justicia en el caso “Vadell”

La CSJN en  el precedente ” Vadell, Jorge F. c/ Provincia de Buenos Aires” del 18/12/1984, Fallos 306:2030, refiriéndose en concreto a las funciones del Registro de la Propiedad Inmueble, sostuvo que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución“.

 

El citado Tribunal expresó en el precedente, que la ” la idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación subsidiaria del art. 1.112 del Código Civil que establece un régimen de responsabilidad por los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas”.

 

Acto seguido añadió que “ello pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público que no requiere, como fundamento de derecho positivo recurrir al art. 1113 del mismo cuerpo legal. La responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del Derecho Público no constituye una responsabilidad indirecta, toda vez que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éstos, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas”.

 

 

V. La Corte Suprema admite la doctrina de la falta de servicio.

“Por medio del precedente “Vadell” la CSJN admite la doctrina de la falta de servicio, fundada en el artículo 1.112 del Código Civil, involucrando la existencia de una responsabilidad directa del Estado ( Conf. Cám. Nac. Civ. y Comercial Federal, Sala II in re “Silbergleit, Fernando M. y otro c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia” de fecha 12/04/11)”.

 

 

VI. El Registro no adoptó las medidas para evitar que se concretara la maniobra urdida a través de oficios apócrifos.

Reza la sentencia: ” No obstante haber tomado conocimiento el Registro, de la concreta comunicación por parte del Juzgado Comercial en el sentido que no surgía de sus registros que con fecha 24/06/04 se hubiera dispuesto levantamiento de embargo alguno, igualmente el Registro de la Propiedad dio curso a la cancelación del embargo!. “(Expediente venido ad effectum videndi).

 

Los Sres Jueces de Cámara argumentaron que ” el Estado incurrió en responsabilidad por omisión al no haber adoptado las medidas que a su alcance se encontraban para evitar que se concretara la maniobra urdida a través de los oficios apócrifos” tras lo cual añadieron que ” la responsabilidad por omisión se verifica cuando quien se abstiene de actuar infringe así una obligación jurídica de obrar positivamente, entendiéndose por tal no sólo lo que la ley consagra de modo específico sino la que surge inequívocamente del conjunto del ordenamiento jurídico, y que está impuesta por la razón, el sentido común y por el estado de las costumbres( conf. Marienhoff, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, T. IV, Nº 1645 bis, ap. f); ídem, ” Responsabilidad extracontractual del Estado por las consecuencias de su actitud omisiva en el ámbito del Derecho Público”, ED, 169-1093, cap. III; Huici H., “La responsabilidad del Estado por omisión”, en LL, 1993-D, pág. 829)”.

 

VII. El Registro de la Propiedad Inmueble no obró con la diligencia necesaria…

 

“…para evitar que ocurriera el daño producido y omitió tomar todas las medidas necesarias y exigibles dada su especialización, finalidad y profesionalidad, ya que las”deficiencias” de los oficios eran ” notoriamente groseras ” y no requerían un análisis intrínseco del documento para detectar que se trataba de instrumentos apócrifos; prueba de ello es que el ente administrativo anotó en forma provisoria el levantamiento del embargo. Y más aún cuando en sus archivos contaba con copia de los instrumentos – oficios y minutas – que disponían la traba de embargo y su posterior ampliación como para poder cotejarlos con los apócrifos”.

 

 

Referencias.

 

(*)El rechazo de la indemnización por daño moral decidido en la sentencia de primera instancia es confirmado por el Tribunal de Alzada. En la Sentencia se lee: “cabe precisar que dicho rubro como menoscabo en los sentimientos, consiste en el desmedro o desconsideración que el hecho dañoso puede causar en la persona, el padecimiento espiritual, las inquietudes o cualquier otra dificultad o molestia que pueda ser consecuencia del hecho perjudicial.” “Pero esas afecciones deben revestir entidad para ser resarcibles, pues no cualquier inquietud o perturbación del ánimo, como la simple invocación de molestias, aflicciones, fatigas, o aún la frustración de legítimas expectativas patrimoniales justifica la reparación del daño moral( sea en los supuestos de dolo o de culpa), ya que debe tenerse presente que la reparación del daño moral no puede ser  fuente de un beneficio inesperado ni de un enriquecimiento injusto”

“.. No resulta admisible la reparación del daño o agravio moral, pues debe advertirse que la privación temporaria de una suma de dinero, que es subsanable mediante las vías pertinentes ( tal la acción judicial promovida) no llega a traducir el padecimiento anímico y espiritual habitualmente exigido por la jurisprudencia para admitir la indemnización de este capítulo ( doct. Arts. 522 y 1.078 C.Civil).

 

(**) Confr. CSJN,  en autos “Reynot Blanco, Salvador Carlos c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ Daños y Perjuicios” del 12/08/08.-

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