Determinan pautas para un despido indirecto de un empleado de agente diplomático en una Embajada y consideran justificado el despido decidido por el trabajador. Aplicación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas

by Dra. Adela Prat on abril 20, 2012

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por los Sres Jueces Dres Enrique Néstor Arias Gibert y Oscar Zas resolvió : ( 1 ) Revocar la sentencia de grado( que había rechazado la demanda en todas sus partes) y condenar a la accionada, la Embajada de la República de Sudáfrica, a abonar al trabajador la suma de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ( $ 322.476,25 )que devengará los intereses propuestos en el punto II) del primer voto del presente Acuerdo, al que nos referiremos seguidamente. ( 2 ) Hacer lugar al reclamo de entrega de certificados de trabajo en los términos del Artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, condenado a la empleadora a hacerlo dentro del plazo de TREINTA días. A los fines de evitar que la condena pudiere tornarse ilusoria por la eventual renuencia del condenado a cumplirla, cabe acudir al remedio contemplado por el artículo 666 bis del Código Civil, estableciendo una multa diaria de CINCUENTA PESOS ($ 50 ) por cada día de retraso en el cumplimiento de la obligación de hacer, suma reputada suficiente para compeler asl condenado a cumplir su débito.( 3 ) Costas a la demandada vencida en ambas instancias.

 

Los INTERESES. Corresponde aplicar una TASA equivalente a la sumatoria de los índices de tasa activa que cobra el Banco Nación ( interés simple) para operaciones comunes de descuento desde que cada crédito es debido…El daño provocado por la mora – reza la sentencia- debe ser compensado entonces mediante un cálculo  similar al de la tasa activa. Y ello suponiendo que el trabajador pudiera acceder a las tasas del circuito financiero normal para poder acceder a la subsistencia.

 

Para llegar a esta resolución, la Sala analizó en profundidad, uno a uno los agravios vertidos por la el trabajador contra la Sentencia de Primera Instancia, la que – como anticipáramos – rechazó la demanda en todas sus partes.

 

Esta cuestión fue abordada en el Expte. 11.715/08- SD 73910- Autos caratulados:  “POINSTEAU ANDRÉS JOSÉ c/ EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA s/ DESPIDO “  – CNTRAB – SALA V- 28/02/2012, publicado para suscriptores pro elDial.com – AA7470, en el día de ayer, 19/04/2012.

 

El Sr Juez preopinante, Dr. Enrique Néstor Arias Gibert, al tratar los agravios relativos al fondo de la cuestión, dijo que el actor cuestiona:

 

1. Declaración de aplicabilidad de la ley sudafricana al primer tramo de la relación. Cuestiona que el Juzgado de origen entienda que la relación se encontraba regida por la ley sudafricana y considere al territorio de la embajada suelo extranjero. Sostiene que esta afirmación está equivocada por cuanto el artículo 2 inciso d) de la Ley 24.488 establece la jurisdicción de la justicia argentina cuando causaren efectos en el territorio nacional. Sostiene también que la Convención de Viena en su artículo 33 inciso 3 importa la aplicación de las obligaciones de seguridad social del estado receptor.

2. Sostiene que ante la falta de disposición expresa ha de aplicarse la lex loci executionis conforme lo normado por el artículo 1.209 del Código Civil.

3. Se queja por cuanto el Juzgador secciona injustificadamente el contrato al hablar de un vínculo jurídico preexistente limitando el reconocimiento a los aspectos reconocidos en el contrato.

4. El acuerdo de partes homologado implicó desistir de cualquier reclamo posterior.

5. Se queja por la aplicación de la doctrina del Plenario Lafalce.

6. Por negar la posibilidad de denunciar la relación por efecto del incumplimiento de la otra parte en los términos del artículo 1.204.

7. En cuanto entiende que la hipotética quita de algún derecho jubilatorio estaba compensado en dinero.

8.Como consecuencia de lo antes expuesto entiende debe ser modificada la sentencia que rechaza las pretensiones de pago en los términos de los artículos 246 LCT, multa del artículo 2 de la Ley 25.323 y 16 de la Ley 25.551.

9. También se agravia respecto de los contenidos de la obligación de entregar certificados de trabajo.

10. Se solicita también la aplicación de las multas de los artículos 9 y 15 de la Ley Nacional de Empleo.

 

Sentado lo anterior, el Sr Juez de Cámara consideró que ” para resolver la cuestión debe analizarse en primer término la validez del acuerdo celebrado y homologado en el Ministerio de Trabajo y Empleo en 1996 por cuanto de la validez o privación de efectos depende en primer término el análisis de la legislación correspondiente y el nacimiento de las correlativas obligaciones cuya prestación es reclamada en la causa”.

 

Primera conclusión: la ley aplicable es la argentina.

 

La ley aplicable es la argentina y nunca la sudafricana. Ello así porque el acuerdo al que recién hicimos referencia es válido y por el acuerdo señalado ” no quedan dudas que, a partir del contrato al menos, para ambas partes la ley aplicable es la argentina que integra los contenidos no estipulados expresamente en el contrato de trabajo ” afirmó el Magistrado, tras lo cual añadió:” por lo tanto, los efectos son los contrarios a los resueltos en la sentencia de origen”.

 

 

Segunda conclusión: la segmentación de la relación laboral única que realiza el juzgado de origen, se contradice con la Ley argentina.

 

Para comprender este ítem, tenemos que comenzar por recordar el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo: ” Cuando se concedan derechos al trabajador en función de su antigüedad, se considerará tiempo de servicio el efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación, el que corresponda a los sucesivos contratos a plazo que hubieren celebrado las partes y el tiempo de servicio anterior, cuando el trabajador, cesado en el trabajo, por cualquier causa, reingrese a las órdenes del mismo empleador”.

 

Por tanto, el Sr Juez de Cámara, concluye que ” la segmentación de una relación laboral única que realiza el juzgador de origen o la limitación de los efectos de la antigüedad a los señalados en el acuerdo se contradice con la ley argentina que impone como condición de legalidad de los acuerdos entre partes el cumplimiento de los mínimos imperativos de la ley o, en su caso, el convenio colectivo de trabajo y una vez que el acuerdo establece que la ley argentina es aplicable , también lo es el artículo 18″

 

 

Tercera conclusión: la negativa al reconocimiento de ” todo” el tiempo de servicio(Art 18 LCT) constituye incumplimiento contractual grave.

 

 

Cuarta conclusión: el empleador es deudor de los aportes de seguridad social debidos en el país receptor.

 

El Magistrado puso de relieve que ” el artículo 33 inciso 3 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, signado el 18 de abril de 1961, no ofrece lugar a dudas: “El agente diplomático que emplee a personas a quienes no se aplique la exención prevista en el párrafo 2 de este artículo, habrá de cumplir las obligaciones que las disposiciones sobre seguridad social del Estado receptor impongan a los empleadores”.

 

Acto seguido el Señor Juez remarcó que ” ello implica que al momento de la intimación existía deuda y esta deuda constituye también un incumplimiento contractual ya que el contrato de 1.996( Acuerdo celebrado en el Ministerio de Trabajo y Empleo en 1996 ) no contó con representación de los Organismos de la Seguridad Social y el trabajador no puede negociar obligaciones de las que no es acreedor sino un tercero”

 

Continuando con el hilo de la argumentación , el camarista manifestó que  “contrariamente a lo señalado por el Sr. Juez de origen, existía deuda actual al momento de la intimación con relación a los aportes que debieron realizarse “.

 

 

Quinta conclusión: El incumplimiento de una prestación a favor de un tercero (Seguridad Social) configura injuria  que habilita la disolución del vínculo.

 

En otras palabras, si hay deuda actual al momento de la intimación en relación con los aportes que debieron realizarse, si bien “el actor ( trabajador) carece de legitimación activa para ser acreedor de la prestación, el incumplimiento de una prestación a favor de un tercero constituye ilícito contractual que perfectamente habilita a la denuncia de la relación en los términos del artículo 1.204 del Código Civil y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (concepto extraído de la sentencia).

 

En suma, los dos hechos precedentes ( tercera conclusión y quinta conclusión) configurar en el entendimiento del Magistrado de Cámara , un supuesto de  injuria suficientemente grave para habilitar la disolución del vínculo, por lo que  de seguirse el criterio que él propone, “debe accederse al reclamo en los términos del artículo 246 LCT”.

 

 

Sexta  conclusión: la Sala entiende que debe accederse al reclamo.

 

Sentado lo anterior, el Sr Juez preopinante, Dr. Arias Gibert puso de manifiesto, que:

(i) En tanto existe omisión de pago de la indemnización correspondiente, debe prosperar el reclamo en los términos del artículo 2 de la Ley 25.323 y la norma del artículo 16 de la Ley 25.561 en la redacción vigente al momento del distracto;

(ii) La obligación de hacer que impone el artículo 80 de la LCT requiere, conforme al principio de identidad del pago, que la cosa entregada sea la debida, incluida la certificación de aportes desde el inicio de la relación laboral y consecuentemente, la multa del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo;

(iii) Reconocida la aplicación de la ley argentina a la relación laboral, la falta de registro de la verdadera fecha de ingreso constituye el supuesto de aplicación de la norma del artículo 9 de la Ley Nacional de Empleo;

(iv) El despido indirecto posterior por esa parte constituye el supuesto de aplicación del artículo 15 de la Ley Nacional de Empleo.

 

 

Séptima conclusión: La demanda prosperó po la suma total de $ 322.476,25 más intereses.

 

La Sala V resuelve tener en cuenta el tope para el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Toma como mejor remuneración la siguiente: $ 7.011,33.

 

245 LCT $ 55.565,72; 232 LCT $ 14.022,66; SAC s/ 232 LCT $ 1.168,56; 233 LCT : $11.650,88; SAC s/ 233 LCT $ 970,91; MULTA ART. 2 LEY 25.323 $ 41.689,36;   MULTA ART. 16 LEY 25.561 $ 66.702,97; MULTA ART. 9 LNE $ 26.292,49; MULTA ART. 15 LNE $ 83.378,72;INDEMN. ART. 80 LCT $ 21.033,99.-TOTAL $322.476,25.

 

Los intereses. Los vimos al comienzo de esta entrada donde hemos reproducido la totalidad de la parte resolutiva de la Sentencia y a la cual remito en honor a la brevedad.

 

El Dr Oscar Zas manifestó: “Adhiero a la propuesta formulada por el vocal preopinante por análogos fundamentos a los que lucen en su voto.-

 

 

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