Frente a Causas Penales abiertas contra el Representante Legal y el Síndico de una Sociedad por realización de Maniobras Fraudulentas, se resuelve que No Existe Prejudicialidad y que Procede resolver sin más el Conflicto Societario por Mal Desempeño del Cargo (Art. 274 Ley 19.550)

by Dra. Adela Prat on marzo 20, 2012

La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, integrada por las Sras Juezas Dras Matilde E. Ballerini, Ana I. Piaggi y María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero resolvió admitir el Recurso de Apelación interpuesto por la actora y revocar la decisión apelada que había suspendido las presentes actuaciones ante el Fuero Comercial hasta tanto exista sentencia firme en las causas penales.

 

Para empezar, el Artículo 1.101 del Código Civil dispone que no habrá condenación en juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal, estableciendo dos excepciones: si el acusado hubiere fallecido, si el acusado estuviese ausente.

 

La cuestión a resolver se relaciona con la interpretación que cabe asignarle al ámbito de aplicación de la norma referida en el párrafo precedente.

 

En el presente caso, se demandó por mal desempeño del cargo ( Artículo 274 de la Ley 19.550) al Representante Legal y al Síndico de la Sociedad ” Bolsarpil S.A. “ y la Justicia Comercial de Primera Instancia suspendió estas actuaciones hasta tanto exista sentencia firme en las diversas causas penales en trámite por ante el Fuero Penal en las que se imputaría a las mismas personas, la realización de ciertas maniobras fraudulentas( estafa y balance falso).

 

Como ya anticipamos, el Tribunal de Alzada del Fuero en lo Comercial revoca la Sentencia de la anterior instancia, en el entendimiento de la inexistencia de prejudicialidad que conduce a no tener que esperar sentencia firme del fuero penal para dictar sentencia en el fuero comercial. Ya veremos por qué resuelve en este sentido.

 

 

Esta cuestión fue abordada en el Expte. 50.908/2.007- Autos caratulados: ” LAURICELLA, CARLOS ALBERTO c/ BASATTI, ÁNGEL EMILIO Y OTROS s/ ORDINARIO “- CNCOM – SALA B- 29/11/2011.-

 

 

Las Magistradas de Cámara explicaron que ” según una interpretación amplia , basta con que se trate de un mismo hecho el que es juzgado en distintas jurisdicciones , para que opere la prejudicialidad “.

 

Por el contrario, relataron que” la tesis restrictiva considera que no debe extenderse el régimen de la prejudicialidad más allá del estricto campo de la reparación civil de la ilicitud aquiliana, y con el solo designio de evitar el strepitus fori de sentencias contradictorias sobre el mismo hecho ”   tras lo cual añadieron:   ” ello, atendiendo a que la especificidad de la reglamentación del Código Civil, arts 1.101 a 1.103 constituye una excepción al principio de la independencia de las acciones consagrada por el Código Civil: 1.096 , así como la ubicación metodológica de tales normas ( Garrido, Alejandra Fátima, ” El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el artículo 1.101 del Código Civil”, L.L., 2.006, 304).”

 

Cuál es el criterio de esta Sala.

 

Las Sras Juezas de Cámara memoran que ” esta Sala- si bien con otra conformación – ya ha tenido oportunidad de expedirse sobre el particular, considerando que el principio de la prejudicialidad contemplado por el artículo 1.101 del Código Civil, no se limita exclusivamente al caso de la acción indemnizatoria derivada de un hecho ilícito, sino que se amplía a otros supuestos, siempre exigiendo que se trate de un proceso penal pendiente antes del dictado de la sentencia civil y que ambos procesos se hayan originado en los mismos hechos, siendo indiferente en cambio, que intervengan las mismas o distintas personas, ya que no está en juego el principio de la cosa juzgada, sino la conveniencia de evitar que se dicten sentencias contradictorias, con el consiguiente desmedro de la actividad jurisdiccional”

 

“Tal exigencia – añadieron -, juega tanto en Primera como en Segunda Instancia. Es decir, la ratio legis de la norma en cuestión tiende a impedir que un mismo hecho, pueda juzgarse de modo diferente en dos sentencias judiciales ( CNCom., esta Sala, in re ” Acerbo S.A. c/ Banco Popular Argentino s/ Sumario” del 20/09/1.982; íd. in re ” Richeza , María del Carmen s/ Tercería de Dominio” en autos ” Rua , Manuel Alberto c/ Blanco , Jesús s/ ejec.” del 16/03/2.001, entre otros ).

 

El caso bajo examen. Por qué la inexistencia de prejudicialidad.

 

En el caso bajo examen – como ya hemos anticipado – se ha imputado responsabilidad al representante legal y al Síndico titular de la empresa ” Bolsarpil S.A.”, conforme lo dispuesto en la LSC: 274.

 

De igual manera y tal cual refirió el anterior sentenciante, existen en trámite por ante el Fuero Penal diversas causas penales – acumuladas todas ellas -, en las cuales se formuló requisitoria de citación a juicio. En ella se imputaría la realización de ciertas maniobras fraudulentas por parte de los aquí accionados ( por ej. estafa y balance falso).

 

Es decir, que en sede penal se estaría ” investigando ” a los sujetos referidos supra cuya ” remoción ” ha sido solicitada en estos actuados por habérseles imputado incumplimiento en el desempeño de sus cargos.

 

Los Camaristas pusieron de relieve que ” en tal contexto no se advierte que las denuncias en cuestión puedan llegar a tener relevancia a la hora de resolver este específico conflicto de naturaleza societaria, ni que eventualmente pudiera darse el supuesto de sentencias contradictorias”.

 

Sentado ello, la Sala enfatizó que “ no resultó procedente suspender el trámite del presente proceso a las resultas de lo que en definitiva se resuelva en las causas penales mencionadas ( CNCom., esta Sala, in re ” Theseus S.A. y otro c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Otros s/ Medida Precautoria” del 15.07.11 “.

 

En tal sentido se remarcó: “Por lo demás, adviértase que el principio de prejudicialidad que emana del Código Civil 1.101 debe ceder cuando su aplicación importe un retardo inusitado para la solución de la causa civil. Ello así, en tanto la dilación indefinida en el trámite y decisión de esta última, ocasiona agravio a la garantía constitucional del derecho de defensa en juicio, al producir una efectiva privación de justicia ( CNCiv. Sala M, in re ” Vignogna, Juan c/ Transporte Metropolitano Roca s/ Daños y Perjuicios”, del 03.05.00 ).

 

Finalmente la Sala afirmó que refuerza el criterio expuesto, el hecho de que en el sub lite – al contestar agravios – los accionistas manifestaron compartir la posición asumida por el actor, resistiendo la suspensión del trámite de estos actuados en los términos del artículo 1.1101 del Código Civil”

 

 

 

 

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