Condenan a una Entidad Bancaria y a una Cía de Seguros de Vida por propagación indebida del resultado de análisis de HIV de un cliente solicitante conjuntamente con su pareja, de un Crédito Hipotecario. Discriminación. Derecho al Honor y a la Intimidad.

by Dra. Adela Prat on marzo 25, 2012

SUBTITULO. Incumplimiento deber de RESERVA y SECRETO. Transgresión  a la Ley Nacional de SIDA Nº 23.798. El Banco y la Cía de Seguros de Vida demandados,deben resarcir a los dos clientes , por  DAÑO MORAL, DAÑO PSICOLÓGICO y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO.

 

La sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, integrada por las Sras Juezas Dras Mabel De Los Santos, Elisa M. Díaz de Vivar y el Sr Juez Dr. Fernado Posse Saguier, por unanimidad , confirmaron la sentencia apelada con costas a la partes demandadas, sustancialmente vencida.

 

La Sentencia de Primera Instancia del Fuero Civil ahora confirmada por el Tribunal de Alzada, hizo lugar a la demanda de indemnización de daños promovida por los Sres J.R.C. y V.S.F. contra “Banco Bansud S.A.”  y  ” Alico Compañía de Seguros de Vida S.A”, a quienes se los condenó a abonar a C la suma de $ 35.000 ( comprensiva de  $20.000 por daño psicológico , $ 5.000 por tratamiento psicológico y $ 10.000 por Daño Moral ) y a F. la suma de $ 17.500 ( $ 10.000 por daño psicológico, $ 5.000 por daño moral y $ 2.500 por tratamiento psicológico) con más sus intereses – conforme la tasa activa cartera general ( préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina – y las costas del proceso.

 

 

Esta cuestión fue abordada en los Autos caratulados: ” C. J. R. y OTRO c/ BANCO BANSUD S.A. y OTRO s/ DAÑOS y PERJUICIOS “- CNCIV- SALA M- 23/02/2.012, publicado para suscriptores por elDial.com – AA7495, el pasado 23/03/2.012.-

 

 

En el caso, los actores J.R.C y V.S.F, reclamaron una indemnización por los daños y perjuicios que habrían padecido como consecuencia del trato discriminatorio que recibieron durante la gestión llevada a cabo para la obtención de un crédito hipotecario en el “Banco Bansud S.A.” por una suma aproximada de U$S 600.000, por parte del personal del Banco accionado y de “Alico Compañía de Seguros de Vida S.A.”. El crédito fue rechazado, pero esa no es la causa de la demanda.

 

I. Responsabilidad civil de las demandadas

 

Los Jueces de Cámara relatan que “la Magistrada de la Instancia anterior consideró que “Alico” no mantuvo en reserva el resultado del análisis HIV que le efectuaron a C. y tuvo por probado que se divulgó entre algunos empleados del Banco que el actor se encontraba afectado por ese virus. “Alico” – dicen – no observó debidamente la obligación de reserva o secreto que impone la Ley Nº 23.798 y su Decreto Reglamentario Nº 1244/91″.

 

Los Magistrados pusieron de relieve, que ” el fundamento estimatorio de la demanda no radica en que se le hubiera rechazado el pedido de crédito, sino en la inobservancia de la debida reserva sobre la información a la que accedieran como consecuencia de los estudios médicos que deben efectuarse a quien solicita un crédito como el de autos”

 

Acto seguido añadieron que ” la demanda fue admitida por el trato discriminatorio que recibieron  los actores por parte de los empleados del Banco a consecuencia de la inobservancia de la obligación de secreto del análisis de HIV por parte de “Alico”, y no por el rechazo de la solicitud de crédito”.

 

Sentado lo anterior, los Camaristas señalaron que ” los argumentos brindados por el Banco no parecen contradecir lo afirmado en la Sentencia de grado respecto de que las empresas no tienen porqué ser filántropos, lo cual habría generado que en otros países las personas seropositivas sean asegurables mediante el pago de una sobreprima ( con cita de Kemelmajer de carlucci, Aída, ” El SIDA en la Jurisprudencia”, en Academia Nacional de Derecho, 1999, pág. 132).

 

En tal sentido y por lo expuesto, la Sala M declara desierto de apelación interpuesto por el Banco Bansud S.A, por no constituir una crítica concreta y razonada de los claros fundamentos del fallo, en tanto se limitaron a cuestionar el motivo del rechazo del crédito, que no constituye el ” thema decidendi”.

 

¿Cuál es la situación de “Alico Compañía de Seguros de Vida S.A.” en el tema de la responsabilidad civil?

 

Es una situación condenable porque ” si Alico Cía de Seguros S.A. no hubiera revelado la situación de salud del Sr. C., los empleados del Banco no habrían podido conocer una información de carácter confidencial y personal de uno de sus clientes” afirmaron los Jueces, tras lo cual agregaron:” Para concluir de ese modo, cabe considerar que la Aseguradora no aportó ninguna prueba de la cual se pueda inferir que actuó con la debida diligencia y conforme protocolos congruentes con la legislación vigente para mantener en reserva la información relativa a la salud de C.”.

 

II. Dos precedentes en esta materia

 

Los Magistrados señalaron que ” recientemente, nuestro Máximo Tribunal demarcó las reglas probatorias en los casos en los que se controvierte la existencia de un motivo discriminatorio”. En efecto, en los autos caratulados : “P., L.S. c. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”, con fecha 15/11/2.011, LL AR/JUR/68.958/2.011) la Corte Suprema de Justicia de la Nación, manifestó: ” Resulta suficiente para el damnificado la acreditación de hechos que evaluados prima facie resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado, a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo causa en un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación”.

 

Sin perjuicio de las diferencias fácticas con el caso que nos ocupa, cabe recordar que la Sala A de esta Cámara Civil, sostuvo que ” el hecho de que una persona esté o no afectada de SIDA, pertenece a la esfera de su” intimidad “, es ajeno al interés público  y en modo alguno es susceptible de ser divulgado” ( Sumario Nº 15.289 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil- Boletín Nº 7/2003 ).

 

III. Postura de la Doctrina más relevante y de la Sala M

 

La Sentencia de Cámara cita la autorizada palabra del Dr Jorge Mosset Iturraspe, en su artículo  “Discriminación y Datos Sensibles”, JA, 2.001 – II, 470, donde se lee: ” Toda discriminación es injusta y odiosa, cualquiera sea el motivo que se invoque, empero, las distinciones, restricciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de salud, se muestran con particular intensidad. Ocurre que la persona humana ha tomado clara conciencia del valor de la indemnidad psicofísica, de lo que significa estar sano, libre de males o dolencias y, por otra parte, de cómo se agrava la situación del enfermo cuando a sus padecimientos se suman las” proscripciones “, la “sanción social “ en una palabra, la discriminación”.

 

Remiten , asimismo, a la doctrina del Dr Claudio M. Kiper, en ” Derechos de las minorías ante la discriminación”, Ed. Hammurabi, Bs As, 1998, pág. 286 . Dicho autor expresa: ” Las personas que padecen discriminación por ser portadoras del virus de HIV , tienen derecho al resarcimiento del daño sufrido, generalmente de índole moral…Para sostener esta conclusión basta con recurrir a los principios generales que rigen la responsabilidad civil, en la especie reforzados por disponerlo en forma expresa la Ley Antidiscriminación Nº 23.592, cuyo artículo se refiere a la obligación de reparar el daño moral y material ocasionados”.

 

La Sala M comparte con la Magistrada de grado, que divulgar entre empleados del Banco que un cliente se encuentra infectado por el virus de HIV, fuera o no cierto, resulta violatorio de los derechos de la intimidad, al honor  y al principio de autonomía, todos ellos fuertemente protegidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, en especial teniendo en cuenta los prejuicios existentes en torno a este tipo de padecimientos ( cfr. CN, arts 16, 19 y 42; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2.1.; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts II y V; Declaración Universal de Derechos Humanos, arts 2º y 3º, y Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts 1.1 , 11 y 24, entre otros ).

 

A lo antedicho se añade que “cabe tener presente que en la época en que sucedieron los hechos ( año 1.999 ), la percepción social respecto de las personas infectadas por el virus VIH no era la actual, en la que se cuenta con mayor información, por lo que los prejuicios y la carencia de solidaridad eran más frecuentes que lo que se advierte en la actualidad”.

 

IV. Los daños

 

A) Daño psicológico

La Sra Juez de grado, admitió la partida por daño psicológico en la suma de $ 20.000 a favor de C y de $ 5.000 para F.

 

Los Magistrados del Tribunal de Alzada comparten esa postura y al respecto explicaron que ” El daño psicológico se indemniza cuando la entidad y gravedad de las repercusiones anímicas disvaliosas, perturbaciones, aflicciones, angustias, tienen carácter patológico y cuando la afectación patrimonial a las actitudes laborativas o productivas se torna permanente (v. Galdós, Jorge Mario, ” Acerca del daño psicológico”, JA 2005 – I, fasc. 10 ).

 

En las presentes actuaciones se contó con el Dictamen Pericial de la psicóloga Sara A.H, quién estimó que la incapacidad de C es del orden del 35% de acuerdo al Baremo del Dr Castex, y que dicho paciente presenta trastornos de la personalidad con rasgos compulsivos por exposición prolongada a un hecho traumático.

 

Respecto de F, la Perito H. señaló que presenta un estado “bordeline”, trastorno de la personalidad con rasgos compulsivos y esquizoides severos por exposición prolongada al estrés. Presenta una incapacidad del 40%, según el baremo del Dr Castex.

 

El Dictamen de la Licenciada H fue cuestionado por el Dr Castex, en su carácter de Consultor Técnico de ” Alico Compañía de Seguros de VIda S.A.” y por los demandados. La Licenciada H contestó las impugnaciones. No obstante los demandados continuaron objetando el Dictamen.

 

Como consecuencia de ello, la Magistrada de Primera Instancia requirió la opinión de un segundo profesional respecto de las secuelas psicológicas de C, para lo cual designó al Dr. A.G., perito médico legista especialista en Psiquiatría.

 

El Dr. G. sostuvo que C. de acuerdo al “Manual DSM IV”, padece un trastorno adaptativo sumado a ansiedad y estado de ánimo depresivo crónico. En forma concordante con la Licenciada H. sostuvo que C presenta una incapacidad permanente de un 35%. Este Informe(Dr G.) también resultó cuestionado por Alico.

 

Al expresar agravios, Banco Bansud S.A. sostuvo que el daño psicológico se debe a la patología de base del actor y no al hecho de autos.

 

A).1. Postura de la Sala M

Confirmó lo decidido en la sentencia de grado, en cuanto al monto del daño psicológico  y además, puso de relieve que ” el Dictamen Pericial no tiene carácter vinculante para el Juez” tras lo cual añadió: ” en ese sentido se entendió que los actores apelantes no probaron que la incapacidad psíquica que presentan se debe exclusivamente al hecho de autos , de modo de excluir una circunstancia que consiste en la fuerte probabilidad de que la patología sea también consecuencia de la propia enfermedad que afecta al actor – e indirectamente a su pareja- o que, obedezca a una patología de base”.

 

Los Magistrados dejaron claro que ” F no es un tercero – como alega el Banco demandado -, es la pareja del actor, quién solicitó el crédito conjuntamente con C. y ha sido víctima también del trato descuidado a la información”.

 

A).2. ¿Es autónomo el Daño Psicológico?

Al respecto, los Jueces de Cámara, juzgando los agravios vertidos por el Banco y por Alico en el sentido de que este tipo de daños carece de autonomía, expresaron que la ” la “guerra de las autonomías” o debate sobre si estos daños integran la categoría de los morales o patrimoniales o si, por el contrario, tiene autonomía o forman una categoría propia, distinta, es una cuestión menor , que no hace al fondo de la cuestión (confr. Mosset Iturraspe, ” El daño fundado en la dimensión del hombre en su concreta realidad”. Rev. de Derecho Privado y Comunitario, T. 1., p. 39, nº 23, Rubinzal Culzoni, 1.992).

 

B) Tratamiento Psicológico

La Sala confirma la sentencia apelada también sobre el particular.

 

C) Daño Moral(Art. 1078 Código Civil)

Es definido como” una importante lesión a los intereses extrapatrimoniales y a las afecciones legítimas, provocado por el ataque a los sentimientos , un detrimento de orden espiritual, causado por las inquietudes, molestias, fobias o dolor (cfr. Zannoni, Eduardo, “El Daño en la Responsabilidad Civil”, p. 231).

 

“Teniendo en cuenta que C tenía 38 años en aquélla época, se estima que la suma fijada por la Sra Juez de grado no resulta excesiva ni reducida y tampoco se encuentra inadecuada la suma fijada a favor de F” afirmó la Sala al acordar su confirmación.

 

D) No corresponde  el rubro Lucro Cesante

Quedó acredito en el Expediente, que al momento de los hechos los actores eran titulares de la empresa de seguridad denominada ” DRJ Seguridad S.A.”. Alegaron que las ganancias se detuvieron en 1.997 y esa circunstancia se vio agravada con posterioridad a los acontecimientos traídos a los estrados judiciales.

 

Tras informar el Perito Contador que ” Los Libros Contables de la empresa no eran llevados en legal forma”, los camaristas resolvieron que ” esta circunstancia les resta valor probatorio a favor de quien los lleva” ( Artículo 63 del Código de Comercio).

 

Por su parte, la IGJ – Inspección General de Justicia – informó que la Sociedad mencionada antes, no presentó ningún balance al Organismo entre los años 1995/2.002.

 

¿Qué argumentaron los Magistrados? Dijeron que ” Lo expuesto, sumado a que la disminución de los ingresos de la firma comenzó con anterioridad a la producción de los hechos de autos y que los reclamantes no aportaron ninguna prueba complementaria que demuestre la relación de causalidad, lleva a concluir que la misma resulta hipotética y conjetural”.

 

Para finalizar, la Sala M al confirmar el rechazo de este rubro decidido en la instancia anterior, remarcó que ” aún cuando pudiera tenerse por probada la disminución de ganancias, no se encuentra acreditada la relación causal con los hechos de autos, lo que impide reconocer indemnizaciones por tal concepto ( cfr. esta Sala, “Vicira, Gerardo Javier y otro c/ Transportes Automotores Plaza S.A. Línea 133 s/ Daños y Perjuicios” del 25/07/08, expte 18214/97)

 

 

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