Concurso Preventivo. Incidente de Revisión. Ordenan recalcular la multa establecida por el Artículo 132 bis de la LCT, hasta la fecha en que se practicó la liquidación

by Dra. Adela Prat on marzo 20, 2012

Subtítulo. Es inaplicable el artículo 19 de la Ley de Concursos 24.522. Trato diferencial al acreedor laboral que no viola el principio de la pars conditio creditorum.

 

En el trámite del Concurso Preventivo del Hospital Español, la trabajadora Lucila Aguilar Urquiza promovió un incidente de revisión como titular del crédito derivado de la aplicación de la Multa establecida por el Artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.(*)

 

La Justicia del Fuero Comercial ordenó el recálculo de dicho crédito hasta la fecha en que se practicó la liquidación. En consecuencia, apeló la Concursada la resolución pronunciada – el Recurso fue respondido por la Sindicatura y por la incidentista, Doña Lucila Aguilar Urquiza.

 

Finalmente la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial desestimó el Recurso de Apelación deducido por la concursada con costas a la vencida ( CPr.: 69) ordenando se devuelvan las actuaciones sin más trámite, encomendándose al Juez de Primera Instancia proveer las diligencias ulteriores (CPr.: 36,1).

 

 

Esta cuestión fue abordada en los Autos caratulados: ” SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICIENCIA- HOSPITAL ESPAÑOL s/ CONCURSO PREVENTIVO s/ INCIDENTE DE REVISIÓN ( por AGUILAR URQUIZA, LUCILA)- CNCOM – SALA E- 10/11/2.011.

 

 

Los Sres Jueces que integran la Sala E, Dres. Miguel F. Bargalló y Ángel O. Sala, relataron que” la Juez de grado entendió que, a pesar de la presentación en concurso del empleador, la Multa impuesta en los términos previstos por la Ley de Contrato de Trabajo : 132 bis continúa devengándose, hasta que se acredite de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos y de cumplimiento con el aporte adeudado, ello tal cual dispone la citada norma”.

 

” Aquí  no está controvertida la procedencia de la sanción prevista por el referido Artículo 132 bis de la LCT, sino el modo en que debe aplicarse frente al Concurso Preventivo de la obligada: la empleadora”- enfatizaron los Magistrados -, tras lo cual añadieron que ” esta no es una cuestión que haya precluído, sino que por el contrario, es en el momento de liquidar el crédito cuando puede introducirse la cuestión”.

 

Queda claro, entonces, que la Ley 24.522 , no prevé la suspensión del curso de la Multa impuesta por la LCT : 132 bis.

 

Es inaplicable a este Crédito Laboral el Artículo 19 LCQ

 

Los Sres Jueces de Cámara puntualizaron que ” asimismo, resulta inapropiada la aplicación analógica de la Ley Concursos y Quiebras: 19, en cuanto dispone la suspensión del curso de los intereses: ello es así ya que, por virtud de la doctrina del fallo plenario ” Club Atlético Excursionistas ” de fecha 28/06/06 que ratificó la vigencia del fallo ” Seidman y Bonder” dictado por esta Cámara en Pleno,  los intereses del crédito laboral no se vieron suspendidos por la presentación en concurso del deudor”

 

Acto seguido, los Magistrados puntualizaron que ” refuerza este razonamiento, la modificación que la Ley 26.684 introdujo al referido Artículo 19. Es que la exclusión de sus efectos allí establecida, aún cuando no se aplica a todo crédito laboral, sino únicamente a los correspondientes a la falta de pago de los salarios y toda indemnización derivada de la relación laboral, denota que el acreedor laboral recibe de la Ley, un trato diferencial que no implica violar el principio de la ” pars conditio creditorum “.

 

La Sanción prevista en el Art. 132 bis LCT no es morigerable. No es una astreinte

 

El pronunciamiento judicial de la Sala E es claro. Dice que ” la sanción establecida en el artículo 132 bis de la LCT no es morigerable, pues aún cuando la norma dispone la aplicación de una ” sanción conminatoria” no es susceptible de conceptualizarse como una astreinte,(i) ya que no coadyuva a la eficacia de una decisión judicial, ni parte del Juez en ejercicio de su imperium para obtener el acatamiento de sus propias decisiones; (ii) y por otra parte, su monto no es discrecional, pues está fijado expresamente sobre una base cierta y determinada por la Ley y (iii) no existe la posibilidad de su morigeración o eliminación por parte del Magistrado que la aplica ( conf. CNT , Sala II, ” Zapata Grisela Elizabeth c/ Obra Social Bancaria Argentina” del 04.06.08 )

 

Nada impedía a la Concursada consignar las sumas por aportes retenidos

 

Finalmente los Magistrados explicaron que la presunta carencia de una determinación firme de la deuda fiscal no es óbice para la aplicación de esta sanción, ya que nada impedía a la concursada consignar las sumas correspondientes a los aportes retenidos ( Código Civil : 756 y sgtes).

 

 

Referencia

 

(*) Artículo 132 bis de Ley Contrato de Trabajo. ” Si el empleador hubiese retenido aportes al trabajador con destino a los Organismos de la Seguridad Social o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de las normas legales o provenientes de las Convenciones Colectivas de Trabajo, o que resulten de su carácter de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas, o por servicios y demás prestaciones que otorguen dichas entidades, y al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo, por cualquier causa no hubiese ingresado total o parcialmente esos importes a favor de los Organismos, entidades o instituciones a los que estuviesen destinados, deberá a partir de ese momento pagar al trabajador afectado una sanción conminatoria mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos. La imposición de la  sanción conminatoria prevista en este artículo , no enerva la aplicación de las penas que procedieren en la hipótesis de que hubiere quedado configurado un delito del derecho penal” (Art. incorporado por la Ley Nº 25.345/2000)

 

 

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