Quiebra. La Sala E admitió el Recurso deducido por la Sindicatura y revocó la resolución que había reconocido el derecho de un incidentista a escriturar. El allanamiento a la verificación por la concursada cedió frente a la denuncia de “concilium fraudis”

by Dra. Adela Prat on febrero 3, 2012

El caso que hoy traemos a los lectores se presentó en el trámite de la quiebra de la empresa “Goamko S.R.L.”. La Sindicatura objetó la pretensión de escriturar una unidad funcional adquirida por boleto y abonada en su totalidad según el adquirente, Norberto Dimuro -incidentista-.

 

El verificante presentó un boleto de compraventa y recibos de pagos: instrumentos privados que carecen de fecha cierta. Finalmente no se acreditó la efectiva recepción del dinero por parte de la  vendedora ( concursada).

 

La concursada se allanó a la pretensión verificatoria del Sr Dimuro pero la Justicia consideró insuficiente esa conducta frente a la denuncia de ” concilium fraudis”. La insuficiencia probatoria finalmente conduce a la Justicia a resolver la improcedencia de la escrituración pretendida.

 

 

Esta cuestión fue abordada en los autos caratulados: ” GOAMKO S.R.L. s/ QUIEBRA s/ INCIDENTE DE REVISIÓN ( DIMURO NORBERTO )(Reg. 62.887/09)- CNCOM- SALA E- 31/10/2.011,publicado por elDial.com – AA7347 en el día de la fecha 03/02/2.012.-

 

 

La Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, integrada por los Sres Jueces Dres Miguel F. Bargalló y Ángel O. Sala resolvió admitir el Recurso deducido por la Sindicatura y en consecuencia revocar la resolución apelada que había reconocido el derecho del incidentista Norberto Dimuro a escriturar a su favor la unidad funcional EP 14 del Edificio ” Arieta I ” de la localidad bonaerense de San Justo, regazándolo , no obstante, respecto de la garantía hipotecaria que pesa sobre el Inmueble.

 

**Causa de la obligación

 

Los Sres Jueces de Cámara destacaron que ” El origen de la obligación de escriturar reclamada se remonta al boleto de compraventa celebrado entre las partes, del cual resulta – según la versión del  incidentista- , que la fallida le vendió una unidad funcional del edificio  ” “Arieta I “, por la suma total de U$S 44.000 y que su parte abonó en tal acto la cantidad de U$S 11.006, habiendo luego saldado el remanente mediante el pago de las cuotas allí acordadas”.

 

Acto seguido, los Magistrados añadieron que “Según la LCQ. 32, el pedido de verificación debe contener la ” indicación de la causa del crédito” y que ” La referida causa o título es el hecho generador de la obligación y de su contrapartida, que es el crédito; en otras palabras,  el hecho o el acto que origina la obligación”.

 

Explicaron los Camaristas que ” No es admisible aceptar la existencia de una obligación sin un hecho precedente que le haya dado origen. Es decir, la causa es el hecho dotado por el ordenamiento jurídico de virtualidad bastante para establecer entre acreedor y deudor el vínculo que lo liga ( cfr. Galíndez, ” Verificación de Créditos”, 2.001, p. 174 ).

 

Recordaron los Sres Jueces  un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación  : Fallos, 315:316, citado por Heredia, “Tratado Exegético de Derecho Concursal”, 2000, T. 1, p. 691, el cual, concordante con los términos de la ley, declaró que” el trámite de verificación no se reduce a la mera comprobación del carácter que revista la obligada, sino a investigar la causa de la obligación que da lugar al crédito pretendido”.

 

¿Qué se procura evitar, con la determinación de la causa del crédito? El Dr Heredia en la obra citada, p. 691 responde a este interrogante, expresando que lo que se procura evitar es ” la constitución de acreencias simuladas que alteran la mayoría necesaria para la admisión de la propuesta de concordato, o que perjudiquen la cuantía del dividendo concursal de los restantes acreedores”, agregando que “El deber de indicar, y, en su caso, probar la causa del crédito, incumbe a todo acreedor que pretenda insinuarse en el pasivo, sin exclusiones “

 

“En conclusión – afirmaron los Magistrados – el acreedor que intenta la correspondiente verificación no sólo debe explicar la causa del crédito, sino que también se halla a su cargo la prueba de la causa de la obligación: sobre él pesa el onus probandi”

 

Sentado lo anterior, los Sres Jueces de Cámara pusieron de relieve que ” el examen del crédito se efectuará además advirtiendo que la insuficiencia de la prueba documental aportada por el incidentista y la necesidad de alcanzar un conocimiento pleno sobre la operación de compraventa, ya habían sido anticipados por la Sindicatura en la oportunidad prevista por la LCQ, 35 , es decir que resultaban conocidas para el pretenso acreedor, quien, en ese contexto, tenía el deber de despejar, en forma clara y minuciosa, cualquier tipo de duda sobre la legitimidad de la causa obligacional ”

 

En tal sentido la Sala destacó: ” Es que quien afirma la validez de un negocio cuya existencia es impugnada, no puede limitarse a adoptar una conducta procesal pasiva, sino que debe traer a la causa los elementos que confirmen la veracidad del negocio y tratar de convencer al órgano judicial de que su proceder fue serio y honesto (CSJN, ” Meenzaghi, D. c/ BCRA”; CNCom., Sala A, “Muller Carlos c/ Pastoriza José s/ ordinario”, del 31.10.06; íd., Sala E, ” Cino, A s/ quiebra c/ Cino y otros s/ Simulación”, del 28.02.92.)

 

**No quedó acreditada la realidad y legitimidad de la causa del crédito 

 

Acto seguido, los Magistrados puntualizaron que ” No fue debidamente justificado el ingreso de los fondos provenientes de la venta al patrimonio de la fallida, pues si bien en el boleto de compraventa y los recibos de pago se consignó su percepción, lo cierto es que estos elementos, tratándose de meros instrumentos privados que carecen de fecha cierta, no demuestran por sí solos y en forma irrefutable la efectiva recepción del dinero por parte de la supuesta vendedora”

 

“No se suministró ningún elemento de juicio que evidencie el egreso del precio de venta del patrimonio del incidentista ( vgr. documentación contable financiera y/o fiscal de las partes) y  no se encuentra suficientemente explicitado el tiempo y modo en que se hicieron efectivos los pagos de las cuotas “- enfatizó la Sala.

 

Los Sres Jueces de Cámara señalaron que ” De igual manera se ha obviado la acreditación fehaciente de la efectiva posesión del inmueble, no surgiendo el nombre del incidentista, según lo afirmó de manera incontrovertida la Sindicatura, en la liquidación de expensas respectiva “.

 

Con respecto a la prueba de testigos, la sentencia dice: “Las declaraciones de los testigos Barrios y Albornoz – ambas ex empleados de la deudora – ninguno de los dos sabía si Dimuro había pagado en su totalidad el precio de la compra de la unidad “, motivo por el cual ” en definitiva , no se cuenta con elementos suficientes que permitan afirmar, con la fuerza convictiva necesaria en este tipo de procesos, que la versión de los hechos postulada por el incidentista, en cuanto a la real suscripción del boleto de compraventa y el pago del precio de venta, resulte cierta “.

 

**Prueba pericial contable.

 

Merece un capítulo aparte. Los Magistrados relataron que ” en relación con la prueba pericial contable ofrecida por Dimuro en estas actuaciones, cabe señalar que no pudo llevarse a cabo al no haber sido entregado por la fallida, el libro ” Registro de Ventas” y si bien esa circunstancia no debe ponderarse en favor de quien tenía la carga legal de llevar su documentación completa y en debida forma, lo cierto es que esta omisión de la deudora, a la luz de la analizada orfandad probatoria observada en los otros aspectos debatidos en la incidencia, carece de entidad para generar suficiente convicción acerca de los hechos alegados por la incidentista “.

 

En relación al dictamen contable elaborado en los autos ” Goamko S.R.L. s/ Concurso preventivo s/ incidente de revisión por Alvarellos, José Benito y otros” se observa la misma situación, pues de acuerdo a lo allí afirmado por el experto no se pudo constatar si la operación involucrada en estas actuaciones se encontraba registrada en los Libros de Comercio pertenecientes a  la fallida, pues los mismos no le fueron facilitados al encontrarse extraviados, lográndose únicamente visualizar el Libro I.V.A. Nº 2. Sobre este último elemento, la perito no ha sido explícita – más bien se manifiesta de forma inexplicablemente confusa – en el sentido de que si efectivamente se encontraba allí registrada la venta de la unidad a favor de Dinuro.

 

“Además, conforme lo señalado por la Sindicatura, lo cual no ha sido cuestionado por el pretenso acreedor, el citado Libro ” IVA” no había sido denunciado en su oportunidad por la entonces concursada ( LCQ : 11:6) obviándose su intervención por parte del juzgado ( LCQ 14:5) la cual tenía como objeto justamente, evitar que sea modificado o alterado con el fin de deformar la real situación del convocatario”- añadió la Sala

 

Por otro lado, los Magistrados puntualizaron que “La ausencia de Libros Contables de la deudora y la supuesta aparición posterior del Libro “IVA” sin la debida intervención judicial, se tratarían de hechos que resultarían funcionales a la tesis de los hechos expuesta por la Sindicatura, en el sentido de la originaria intención de la concursada de vender en connivencia con terceros las unidades en forma simulada con el objeto de sustraer bienes del activo en perjuicio de sus acreedores “

 

Lo hasta aquí expuesto, permite deducir a los magistrados que “En este incidente de revisión, conforme ha sido señalado, era carga ineludible del incidentista, acreditar fehacientemente la causa del crédito, lo cual no ha sucedido “.

 

**El allanamiento de la concursada cae. Concilium fraudis.

 

Los Sres Jueces de Cámara remarcaron ,en cuanto a los alcances del allanamiento formulado por la entonces concursada a la pretensión verificatoria ,” que si bien la deudora, en tanto mantenía la administración de sus bienes, gozaba de legitimación para adoptar esa conducta, lo cierto es que tal regla no es absoluta y puede ceder cuando se denuncia – como aconteció en el caso- la existencia de un ” concilium fraudis ” entre las partes, de manera que corresponde adoptar un temperamento prudente cual es, no otorgar plena virtualidad al allanamiento y seguir, tal como se hizo, las reglas probatorias que, en general, rigen los casos en donde la acreencia se encuentra controvertida ( cfr. CNCom, Sala D, “Victorio Caronello e Hijos S.A. s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Revisión de crédito por Nunynkier Armando” del 5.02.10.).

 

“Como corolario, la revisión fue rechazada”

 

 

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