La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible el Recurso Extraordinario presentado por el Ministerio de Educación y revocó la decisión de Cámara que consideró constitucional la Ley 2990 de la Ciudad de Bs As la cual legisla sobre el destino de los fondos caducos provenientes de las quiebras

by Dra. Adela Prat on febrero 16, 2012

El Máximo Tribunal del país, integrado por la Sra Juez Dra Elena I. Highton de Nolasco, y los Sres Jueces Dres. Ricardo Luis Lorenzetti, Enrique Santiago Pretracchi, Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni, declararon formalmente admisible el Recurso Extraordinario deducido por el representante del Estado Nacional – Ministerio de Educación- y revocaron la Sentencia de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, disponiendo que vuelvan los autos al Tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente, que pasaremos a conocer.

 

En pocas palabras, en opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Ley 2990 de la Ciudad de Buenos Aires es inconstitucional en tanto legisla sobre el destino de los fondos caducos provenientes de las quiebras, tema que es competencia exclusiva del Congreso de la Nación porque tiene que ver con la Ley de Quiebras 24.522 la cual en su artículo 224, indica que los dividendos caducos serán derivados al patrimonio estatal con el siguiente destino : el fomento de la Educación Común.

 

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al sancionar la Ley 2990, ignoró el Artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional que en apretada síntesis dispone: Art. 75. Corresponde al Congreso: inciso 12.-Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal… y especialmente Leyes Generales para toda la Nación…, así como la Ley sobre bancarrotas (léase quiebras).

 

 

Esta cuestión fue abordada en los Autos caratulados: “BEAUDEAN, RICARDO s/ QUIEBRA”- B. 823. XLVI- CSJN- 07/02/2.012,publicado por elDial.com – AA738B, en el día de la fecha 16/02/2.012.

 

 

La cuestionada Ley 2990 dictada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se denomina:” De los Dividendos concursales caducos “y en su artículo 1º los conceptualiza así: “Los dividendos caducos previstos en el artículo 224  de la Ley 24.522 y sus modificatorias, deberán ser girados al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , con exclusivo destino al fomento de la educación común, entendiéndose por tal, la pública de gestión estatal “.

 

Cabe precisar que en las presentes actuaciones, (i) El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial interviniente declaró la inconstitucionalidad de la Ley local Nº 2990.(ii) Tras la apelación deducida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C admitió dicho Recurso de Apelación y revocó la resolución de Primera Instancia, motivo por el cual La Ley local Nº 2990 se estima constitucional.

 

Para así decidir, la Cámara Comercial, remitió a los fundamentos y conclusiones vertidos en un fallo de la misma Sala ( Sala C) de igual fecha, dictado en la causa ” Mareco de Zapata, Nélida del Carmen s/ Quiebra”- expte. 80.834/99 en el que se expresó que la norma local cuestionada no modificaba, contradecía ni derogaba a la Ley Nº 24.522 sino que, ante la inexistencia de legislación que especificara el destino de los fondos caducos provenientes de las quiebras, el asignado por la regulación corresponde a la jurisdicción en la que tramita el proceso que genera la existencia de fondos, la Ley de CABA no es contraria a la Constitución Nacional.

 

Disconforme, el representante del E.N. – Ministerio de Educación- presentó Recurso Extraordinario.

Recurso que fue contestado por el Síndico de la quiebra apoyando la postura del recurrente.

 

El Máximo Tribunal de la Nación puntualizó que ” El Recurso Extraordinario resulta formalmente admisible, toda vez que la Sentencia apelada se pronunció por la validez de una Ley local – Ley CABA 2990 – cuestionada oportunamente como contraria al artículo 224  de la Ley Nacional de Concursos y Quiebras y violatoria del Artículo 75 inciso 12 de la C.N.

 

La CSJN considera inconstitucional a la Ley local CABA Nº 2990.

Los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adelantaron su opinión en favor de la interpretación postulada por el Estado Nacional aquí recurrente.

 

En tal sentido puntualizaron: ” Resulta indiscutible que, como tiene reiteradamente dicho la Corte que, “… los actos de las Legislaturas Provinciales ( en el sub lite, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ) no pueden ser invalidados sino en los casos en que la Constitución Nacional concede al Congreso Nacional, en términos expresos, un poder exclusivo, o en que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las Provincias o cuando hay una absoluta y directa incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas ( Fallos: 3: 131; 302: 1181; 320: 619, entre muchos otros”

 

En este orden de ideas, Los Sres Jueces de la Corte añadieron: “El artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional dispone expresamente que corresponde al Congreso Nacional dictar las Leyes sobre Bancarrotas, y el artículo 126 del mismo Cuerpo prohibe a las Provincias ejercer el poder delegado a la Nación y expedir Leyes, entre otras materias , sobre bancarrotas”.

 

Acto seguido, los Ministros de la Corte destacaron : ” Es así que la Ley 24.522 en su artículo 224 – declarado inconstitucional por la Corte en el precedente “Carbometal” ( Fallos 329: 5123) cuyo antecedente es el artículo 221 de la Ley Nº 19.551, dispuso que el destino de los dividendos caducos de las quiebras era ” el patrimonio estatal para el fomento de la educación común”, sin distinguir si se trataba de nacional , o del de otra jurisdicción, como sí lo hizo el legislador – con la sanción del Artículo 18 de la Ley 19.550 – que propicia una solución similar para el remanente de la liquidación de una sociedad de objeto ilícito -, en cuanto aclaró que el ingreso del importe al patrimonio estatal para el fomento de la educación común, lo era ” para la jurisdicción respectiva”.

 

Sentado lo anterior, pusieron de relieve que “Ello nos lleva a dos conclusiones: 1) La Ley Local 2990 no pude modificar, alterar, aclarar, interpretar ni reglamentar una Ley dictada por el Congreso Nacional sobre bancarrota; es decir, solamente el Congreso Nacional puede establecer el destino de los dividendos caducos; y 2) de los términos de la Ley 24.522 no cabe distinguir en términos en que la ley no lo hace. ”

 

Finalmente y como corolario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que: ” No resulta válida la Ley 2990, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuanto regula el destino de los fondos caducos de la quiebra, pues él está determinado en una Ley Nacional cuya sanción es de competencia exclusiva del Congreso Nacional ”

 

De esta manera, como ya adelantáramos, se revoca la decisión  de la Cámara Comercial y se dispone que vuelvan los autos al Tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente.

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