La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires confirmó sanción de multa impuesta a Direc TV Argentina S.A por infracción a los artículos 4 y 19 de la Ley de Defensa del Consumidor. Cortes diarios del servicio de televisión satelital, falta de respuesta a los reclamos, omisión de envío de facturas, entre otros

by Dra. Adela Prat on febrero 9, 2012

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrada por la Sra. Juez Dra. Nélida Mabel Daniele y el Sr. Juez Dr. Esteban Centanaro, resolvió rechazar el recurso intentado por Direc TV Argentina S.A. y en consecuencia confirmar la Disposición 4822 – DGDyPC-2008 mediante la cual se dispuso imponer una Multa de 2.000$ a ” Direc TV Argentina S.A.” por infracción a los artículos 4 y 19 de la Ley 24.240 ( art. 1º), ordenándose asimismo a la infractora publicar la mentada Disposición en el Diario ” La Razón “ y acreditar dicha circunstancia en el Expediente dentro del plazo de 10 días ( art. 3º).

 

Para así decidir, señaló que ” mientras que el consumidor prueba haber solicitado información, la sumariada no aporta prueba tendiente a acreditar haber suministrado respuesta al consumidor respecto de su reclamo por la no recepción de señal de 17 a 8 horas.Por otro lado apunto que ” si bien la sumariada se limita a alegar que la señal se brindaba 24 horas, frente al reclamo del consumidor , como proveedor del servicio de  ”televisión satelital”, debió enviar servicio técnico al domicilio del consumidor y no lo hizo.

 

 

Esta cuestión fue abordada en el Expte. Nº 3143-0- “DIREC TV ARGENTINA SA c/ GCBA y OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APEL.”- CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”- SALA II- 01/12/2011, publicado por elDial.com – AA7343, el pasado 02/02/2.012.

 

 

I.-La Denuncia

Las presentes actuaciones se inician a partir de la denuncia que efectuara Don  Martín Ricardo Vieyra ante la “Dirección de Defensa y Protección del Consumidor” – DGDyPC – contra” Direct TV Argentina S.A.”. Éste se presentó el día 04/04/2.006 y relató que, a pesar de estar al día con el pago del servicio de televisión satelital que contratara, no contaba con señal diariamente entre las 17 horas y las 8 horas.

 

Asimismo manifestó que, tras efectuar distintos reclamos por vía telefónica, el tema fue derivado al servicio técnico . Sin embargo, nunca se comunicaron con él al efecto de solucionar el desperfecto. Según aduce, no habrían concurrido toda vez que se domiciliaría en una ” zona peligrosa”.

 

Adicionalmente, denunció no haber recibido facturas, con excepción de la última, la que tiene como fecha de vencimiento el 10/04/2006. A fin de respaldar sus afirmaciones, acompañó copia de la Nota de Reclamo que fue  presentada en la Empresa el día 02/03/2.006 y un cupón de pago.
Manifestó, además, que el Servicio Técnico ” nunca” visitó su domicilio desde el inicio de los reclamos, a pesar de encontrarse al día en el pago de la factura, por lo que solicitó la baja del servicio a partir del 15/06/2.006.

 

 

II. El trámite

Presentó descargo la denunciada y acto seguido se dictó la Disposición 4822 – DGDyPC- 2008, que hemos transcripto “ut supra”.-

 

Posteriormente la sancionada interpuso y fundó recurso judicial directo contra la Disposición reseñada el cual fue concedido. Direct TV expresa agravios.-

 

Entiende la Sala II de la CA CAyT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en consecuencia, dicta el pronunciamiento judicial transcripto al comienzo de este trabajo.

 

 

III. Los fundamentos por los cuales la Justicia confirma la sanción de multa impuesta por la Dirección general de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

(i)” El deber de información es previo, concomitante y posterior a la formalización del contrato, para que el consumidor obtenga la ejecución satisfactoria con relación al bien o servicio contratado ( esta Sala, in re  Sociedad Italiana de Beneficencia”, sentencia del 01/06/2004; CNCAF, Sala II, in re ” Diners Club Argentina”, sentencia del 04/11/1997), lo cual hace al leal y cabal conocimiento que el consumidor debe tener sobre los alcances de la relación jurídica que lo vincula con quien posee el poder económico de predisponer los términos contractuales. Desconocer tal extremo, implicaría afectar los derechos y garantías constitucionales,  y también principios generales del derecho como el contemplado en el artículo 1198 del Código Civil.”

 

(ii)” El principio de buena fe  exige transparencia y determinación de las pautas comerciales, tanto en su celebración como en su ejecución y extinción”

 

(iii)Favorecer al consumidor. ”A lo anterior se agrega la regla rectora, aplicable a la especie, en sentido que en caso de duda debe estarse a favor de la interpretación que en mayor medida favorezca al consumidor ( arts 3º y ccs. de la Ley 24.240).”

 

(iv)Carga de la prueba.” Cada parte debe probar los hechos que alega como sustento de su pretensión, ya sean éstos constitutivos, impeditivos o extintivos – artículo 301 del CCAyT -, este criterio general se ve morigerado, a su vez por la aplicación de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas “, según la cual, cuando una de las partes está en mejores condiciones fácticas para producir cierta prueba vinculada a los hechos controvertidos de la causa, ésta debe soportar el onus probandi. Así, cuando por la índole de la controversia o de las constancias documentales de la causa, surge evidente que uno de los litigantes se encuentra en una posición dominante o privilegiada en relación con el material probatorio – ya sea porque se encuentra en posesión del instrumento probatorio o por el rol que desempeñó en el hecho litigioso-, su deber procesal de colaboración se acentúa, al punto de atribuírsele una carga probatoria más rigurosa que a su contraparte.”

 

(v)” Siendo ello así, es dable destacar que las partes tienen la carga de aportar al proceso los elementos necesarios a fin de convencer al Juez que los hechos sucedieron en la forma en que se alega; quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito, si de ellos depende la suerte de la litis. La obligación de aportar la prueba depende de la posición que adquiere cada parte en el juicio de los hechos ( conf. CNCom., Sala A, 06/06/96, ED, 170-205; CNCont- Adm. Fed, Sala IV, 30/04/1998, ED, 181-727): La prueba tiene como fin, producir la convicción judicial. Planteados los hechos del proceso, la parte que los invoca tiene sobre sí la carga de acreditar, si quiere triunfar, que los hechos que fundan su pretensión ocurrieron de la manera que expresó en su escrito. Los pleitos se deciden por las pruebas aportadas y no por las manifestaciones unilaterales de las partes “.

 

(vi)Ley de Defensa del Consumidor. ” Al referirme a infracciones como las establecidas en la Ley 24.240, destaqué que ellas se configuran por la simple realización de la acción calificada de ilícita, sin que sea necesario que ella se encuentre vinculada a un resultado separado o separable. DE tal manera, basta que la empresa no cumpla con el deber legal que le impone el artículo 19 de la Ley 24.240 para que se configure la infracción, más allá de cuales sean los resultados concretos que pudieran haberse seguido de dicho incumplimiento.

Por último, en cuanto al incumplimiento de la obligación, Wajntraub sostiene sostiene que ” la obligación principal asumida por el proveedor puede, en cambio, ser incumplida tanto parcialmente cuanto en forma absoluta. Pero mientras esta última alternativa no presenta, en el ámbito del derecho del Consumo , mayores diferencias con la legislación común, no ocurre lo mismo con el caso de incumplimiento relativo. En este ámbito, y más precisamente en lo que hace a una de sus especies, esto es, el cumplimiento defectuoso del plan prestacional que constituye el objeto de la obligación, operan al menos tres institutos con características peculiares. Así: cuando el proveedor se haya obligado a prestar algún servicio y lo cumpla defectuosamente, regirá el sistema delineado por el artículo 23 de la Ley 24.240 según el cual, el prestador del servicio está obligado a corregir todas las deficiencias o defectos que se evidenciaren dentro de los 30 días de concluido el trabajo, sin costo alguno para el consumidor ( cfr. Wajntraub, Javier H. ” Protección Jurídica del Consumidor “, LexisNexis, Depalma, Bs As, 2004, p.231)

 

 

 

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