En una Quiebra ratifican que el pago de la deuda efectuado por tercero debe ser íntegro y nada impida su retiro. No procede que venda extrajudicialmente un inmueble del fallido del cual es heredero, para completar el pago total

by Dra. Adela Prat on febrero 24, 2012

Hoy nos ocupa el caso de una quiebra de una Sociedad de hecho integrada por dos personas, quienes fallecen en el transcurso del trámite.

 

El heredero de uno de ellos, pretende concluir la quiebra por pago total para lo cual efectúa en depósito que es declarado insuficiente. Luego de practicada y sustanciada la liquidación, la Justicia del Fuero Comercial de Primera Instancia , lo intima a depositar la suma de $ 102.929,74, bajo apercibimiento de continuar con los trámites liquidatorios y al propio tiempo se desestima el pedido dirigido a que se lo autorizara a vender extrajudicialmente uno de los inmuebles que componen el activo falimentario para afectar su producido al cumplimiento de las obligaciones resultantes de la quiebra.

 

Apeló ese pronunciamiento judicial, el heredero del fallido, sin éxito, ya que la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, integrada por las Sras.Juezas Dras. María Elsa Uzal e Isabel Míguez y por el Sr Juez Dr. Alfredo Arturo Kölliker Frers, desestiman el Recurso interpuesto, confirmando el pronunciamiento apelado.

 

 

Esta cuestión se abordó en los Autos caratulados: ” LEYRO ATILIO- MANCEBO NÉLIDA ((SH) s/ QUIEBRA ( Reg. 108.659/1999)” – CNCOM – SALA A- 27/10/2.011, publicado por elDial para suscriptores, en el día de ayer, 23/02/2.012.-

 

 

El Señor Atilio Daniel Leyro, heredero del fallido Atilio Leyro en ocasión de apelar el fallo de Primera Instancia – posteriormente confirmado- se quejó de tal decisión con base en que en el importe fijado por el Juzgado – $ 102.929,74 – se incluyeron los intereses correspondientes al crédito hipotecario verificado en autos por períodos posteriores a la fecha en que  el mismo efectivizara el depósito en el Expte de la suma de $ 81.647,82 y se agravió asimismo de la desestimación del pedido dirigido a que se lo autorizara a vender extrajudicialmente uno de los inmuebles que componen el activo falimentario para afectar su producido al cumplimiento de las obligaciones resultantes de la quiebra.

 

Antes de conocer los fundamentos legales en virtud de los cuales la Cámara confirma el pronunciamiento de grado, resulta necesario conocer  algunos hechos. A saber:

 

(i)El 27.10.99 se abrió el Concurso Preventivo de ” Leyro Atilio – Mancebo Nélida- Sociedad de Hecho”, a quienes  luego se les decretó la quiebra, con fecha 14.11.00, en razón de no haber acompañado las conformidades de las mayorías legales exigibles.

 

(ii)El Síndico dio cuenta en el Informe General ( art. 39 LCQ) que el activo falencial se encuentra conformado por tres ( 3 ) inmueblesa) 100% del Inmueble ubicado en la Calle Blanco Encalada Nº 1.445 del partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires; b) 100% del Departamento sito en la Calle Gral Guido Nº 2.672, Partido de Lanús, Pcia de Bs As; c) 50% del local comercial ubicado en Uspallata Nº 1.720/82 de la Capital Federal.

 

(iii) Con fecha 06.11.03 se declaró la venta en pública subasta del inmueble señalado en el punto (ii) a)-Blanco Encalada Nº 1.445.

 

(iv) Fallecimiento de Atilio Leyro: 12.04.01. Fallecimiento de Nélida Mancebo: 23.05.04.

 

(v) Luego de que el martillero acreditara que la Oficina de Subastas Judiciales había fijado fecha, a los fines de la realización del remate para el día 29.10.09, se presentó el Sr Atilio Daniel Leyro, heredero de  uno de los quebrados fallecidos , depositando la suma de $ 81.647,82 ” para evitar así nuevas actualizaciones de la deuda verificada”, la cual imputó a capital e intereses conforme liquidación practicada por el Síndico a marzo de 2.009, gastos de martillero para subasta , honorarios del martillero y honorarios profesionales.

Asimismo solicitó con carácter de “medida de no innovar”, la suspensión de la subasta.

 

(vi) A pesar de que el Juzgado estimó que el importe depositado resultaba “prima facie” suficiente a los fines de cancelar los créditos verificados, por lo que suspendió el remate, el Síndico se expidió sosteniendo la insuficiencia de los fondos depositados y esgrimió varias razones atendibles  aunque la principal era que todavía no se había fijado la moneda de pago, razón por la cual, el acreedor hipotecario no podía retirar los fondos.

 

(vii)El Juez se expidió sobre la moneda de pago del crédito hipotecario y dado que la quiebra fue decretada con anterioridad al dictado de la normativa de emergencia, correspondía aplicar el artículo 127, por lo cual se rechazó el pedido de mantener en moneda de origen (dólares estadounidenses)

 

(viii) Intimó al Acreedor Hipotecario y al Síndico para que presenten nueva liquidación y de allí surge la suma de $ 102.929,74 que integra el pronunciamiento judicial luego confirmado en Cámara.

 

Ahora sí, entramos de lleno en el tratamiento que la Sala otorgó al Recurso presentado por el heredero del fallido contra el pronunciamiento de la anterior instancia.

 

Los Jueces de Cámara argumentaron que “La cuestión puede ser asimilada al supuesto de Conclusión por Pago Total ( Arts 228 ; 229 y ss. y cc. LCQ) el cual se configura cuando alcanzan los bienes para el pago a los acreedores verificados, los pendientes de resolución y los gastos del concurso. Agrega la norma que si existe remanente, deben pagarse los intereses suspendidos a raíz de la declaración de quiebra, considerando los privilegios y en caso de existir saldo, éste se debe entregar al deudor.

 

Acto seguido , los Magistrados puntualizaron que ” Es cierto que el caso no se encuentra enmarcado estrictamente en el Artículo 228 LCQ, pues aquí no se pretende la conclusión por pago total en virtud de fondos que provienen de la realización de bienes del fallido, sino que el heredero de los quebrados depositó sumas que estimó suficientes para cancelar el pasivo concursal y los gastos del concurso ” tras lo cual añadieron : ” Sin embargo nada obsta a que el pago el que se refiere la norma citada lo efectúe un tercero  (Arts 727, 728 del Código Civil).

 

“Sin embargo para que concluya la quiebra, se requiere la cancelación total no sólo de los créditos verificados, los gastos y costas devengadas, sino además el pago de los intereses suspendidos por la resolución que decreta la quiebra del deudor”- enfatizaron los Camaristas.

 

La Sala entendió que cuando paga un tercero” deben computarse los intereses de los créditos verificados a fin de configurar el pago total porque tratándose de pagos de origen  “extraconcursal” , no hay razones para dispensar a los depositantes de las reglas comunes sobre integridad del pago ( confr. esta Sala A, 29.02.07 in re ” Sabbatiello Gerardo Santiago s/ Quiebra)”

 

Los Jueces alegaron que ” en la especie, los fondos depositados por Atilio Daniel Leyro ( $ 81.647,86) resultaron insuficientes para satisfacer la totalidad la totalidad de los créditos verificados a su valor nominal, intereses devengados con posterioridad a la quiebra y gastos del trámite conforme la liquidación , puesto que el mismo depositante solicitó se lo autorizara a vender extrajudicialmente uno de los inmuebles que componen el activo falimentario para afectar su producido al cumplimiento de las obligaciones resultantes de la quiebra”.

 

El meollo del fallo del Tribunal de Alzada

 

Los Magistrados puntualizaron que:” La cuestión, en rigor, versa sobre la procedencia o no de liquidar intereses sobre el crédito verificado con privilegio real de hipoteca, más allá de la fecha de efectivización del depósito ello con fundamento en que los fondos habrían estado disponibles para su sustracción y pago al acreedor hipotecario “.

 

Sin embargo desde otro ángulo” no se puede ignorar que a la fecha en que se efectuó el depósito aún no se encontraba determinada la moneda de pago de la obligación hipotecaria, cuestión dilucidada con un pronunciamiento posterior, por lo que mal podría afirmarse que los fondos se encontraban disponibles para su extracción por parte del Acreedor Hipotecario desde el momento del depósito”- afirmó la Sala

 

Sentado lo anterior, completaton el concepto al esgrimir: ” Estímase que la posición asumida por el recurrente – y compartida por la Sra Fiscal de Cámara en su Dictamen precedente- no se adecúa a la naturaleza del trámite falencial porque, – en primer lugar – nos hallamos ante una ejecución colectiva que posee dos características: colectividad y universalidad”. La liquidación de los bienes del fallido -agregaron- constituye un procedimiento necesario que hace a la ” la esencia” del trámite concursal”

 

En tal sentido remarcaron: “Por aplicación de las reglas comunes sobre la integridad del pago, es cierto que mediando depósito judicial con motivo del pago efectuado por el deudor, procede la revalorización de la deuda y la liquidación de intereses sólo hasta la fecha en que los fondos depositados en los autos se hallan a disposición del acreedor, pero siempre y cuando el depósito fuere íntegro y nada impidiese su retiro”

 

Los Magistrados argumentaron que  ” en este proceso falencial, el importe dado en pago, no quedó libre y expedito a disposición del acreedor hipotecario en la oportunidad señalada por el quejoso, por lo que no cabe responsabilizarlo por la falta de retiro de los fondos depositados, por cuanto las razones que le han impedido percibir su acreencia no le son atribuíbles, en tanto dicha circunstancia se halla supeditada a los efectos de que el Juez de la quiebra otorgue al depósito efectuado y al destino  de los fondos en cuestión, atendiendo a las reglas de las preferencias y privilegios aplicables a este trámite”.

 

 

Corolario. Los Jueces de Cámara sostuvieron que “la suerte adversa del agravio esgrimido  se halla sellada y que igual suerte sigue la queja respecto del rechazo de la entrega de las llaves del inmueble de propiedad de los quebrados de la Calle Gral Guido para porceder a su venta extrajudicial, ya que la liquidación de los bienes del fallido se realiza bajo la autoridad y control del Juez del Concurso.”

 

Finalmente, manifestaron: “Los bienes muebles e inmuebles del fallido deben ser vendidos en remate público, puede ser también por licitación o una venta con llamado a mejor oferta, pero en todos los casos la venta es judicial porque se lleva a cabo por disposición y bajo la autoridad del Juez del Concurso “

 

 

 

 

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