Resuelven que el Poder Especial otorgado en Escritura Hipotecaria conferido para demandar ” por la vía pertinente” debe entenderse comprensivo del reclamo formulado en un Concurso Preventivo.

by Dra. Adela Prat on enero 30, 2012

En el presente caso, estamos en presencia de un Concurso Preventivo . Un acreedor procura verificar su crédito, en  la instancia del artículo 32 de la Ley de Concursos, por intermedio de su apoderado quien presenta un Poder Especial irrevocable otorgado en una Escritura Hipotecaria – cuyo alcance reproduciremos luego-.

 

El concursado  esgrimió la defensa de falta de personería, interpretando que el carácter de “especial” está dado en que se habilita al poderdante para iniciar una eventual acción individual, pero no una de naturaleza colectiva.

 

El Sr Juez de Primera Instancia desestimó tal defensa invocada por la concursada e impuso las costas al Incidentista. Ambas partes apelaron.

 

La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, integrada por la Sra Juez Dra Alejandra N. Tevez y el Sr Juez Dr Juan Manuel Ojea Quintana RESOLVIERON rechazar el recurso planteado por el concursado y admitieron el recurso de los incidentistas, imponiendo las costas de ambas instancias al deudor.

 

 

Esta cuestión fue abordada en  los Autos caratulados : “LANGDON ROBERTO GABRIEL s/ CONCURSO PREVENTIVO s/ INCIDENTE DE REVISIÓN POR ( BELSITO MARÍA DEL CARMEN Y OTRO )-(Reg. 024504111)- CNCOM- SALA F- 18/10/2.011 publicado por el Dial.com en el día de la fecha, 30/01/2.012.

 

 

En la sentencia de la Excma Cámara de Apelaciones en lo Comercial, se lee lo siguiente: “La Ejecución Hipotecaria fue iniciada por el Dr. H.L.O. quién actuó en representación de los Señores Ariel Fernado Olivetti y María del Carmen Belsito, conforme el Poder Especial Irrevocable otorgado en la misma escritura hipotecaria”.

 

I. Qué dice la Escritura Hipotecaria con respecto al Poder Especial otorgado en la misma.

“Entre las atribuciones conferidas se pueden mencionar, a modo de ejemplo: “cobrar el capital y los intereses, firmar recibos, escritura de cancelación de hipoteca, ceder el crédito, aceptar la venta del bien hipotecario,” demandar por la vía pertinente ” con todas las facultades necesarias para asegurar la ejecución de la garantía y el cobro “– relataron los Magistrados.

 

II. La Sala no da la razón al concursado

 

Los Sres Jueces de Cámara puntualizaron: ” Resulta necesario definir qué es la especialidad a que se refiere la concursada como característica de esta representación así conferida “.

 

Acto seguido los Magistrados remarcaron que ” la definición conceptual de este tema en el Código Civil, se encuentra en el artículo 1.905 que dispone que:  ” la naturaleza del negocio ” es la que determina la extensión de los poderes. Es decir, que el problema no es definir un acto o dos, sino la naturaleza de la operación, del encargo, pues en razón de  la importancia  de estos actos, se buscan mecanismos especiales de protección (confr. Alberto J. Bueres- Elena I. Highton “Código Civil y Normas Complementarias”, Ed. Hammurabi, Años 2.003, Tº 4 D, pág. 229 ) “.

 

Sentado lo anterior,y continuando con el hilo argumental, los Camaristas añadieron que  “Desde tal óptica, la diferenciación que pretende invocar el concursado como invalidante de la personería, acudiendo para ello a que el Poder fue otorgado para promover una acción individual pero no para representarlo en una incidente dentro del proceso universal, no encuentra sustento alguno”.

 

“Es que el Poder Especial conferido para ” demandar por la vía pertinente” debe entenderse comprensivo del reclamo formulado en este juicio de naturaleza colectiva, porque aquello a que se refiere es a facultar al apoderado a llevar adelante todas las acciones necesarias para obtener la satisfacción de la deuda, la cual por otra parte, no fue cuestionada durante el juicio civil como tampoco lo fue en esta instancia. Prueba de ello es la sentencia firme dictada en aquella jurisdicción( decisiones en Primera y Segunda Instancia) -enfatizó la Sala.

 

En consecuencia, los Magistrados concluyeron: “En tal orden de ideas corresponde desestimar el recurso en tratamiento “

 

III. Las costas no deben ser soportadas por el incidentista sino por la concursada

Se quejan los incidentistas de la imposición de costas a su cargo como consecuencia de que el Señor Juez de Grado entendió que la revisión resulta necesaria en razón de la insuficiencia documental aportada en la instancia del Art. 32 LCQ.

 

El Tribunal de Alzada argumentó que “En nuestro sistema procesal, los gastos del precio deben ser satisfechos- como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél; que es excepcional su eximición y por último que es irrelevante la prueba documental incorporada en la revisión para atribuir a su ausencia lo resuelto en oportunidad de insinuar el crédito, estimando esta Sala que en el caso de marras, atento las particularidades de la causa no resultó acertado imponer las costas a la incidentista”.

 

Por los fundamentos expuestos, la  Sala F resolvió 1) Rechazar el recurso planteado por el concursado; 2) Admitir el recurso de los incidentistas; 3) Imponer las costas en ambas instancias al deudor.-

 

 

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