Los Sistemas de Controles Personales del Trabajador no deben afectar su Dignidad. Un caso donde la Justicia justificó el despido indirecto y condenó a pagar daño moral al dependiente.

by Dra. Adela Prat on diciembre 12, 2011

El caso de hoy trata sobre las facultades del empleador de implementar un sistema de controles personales del trabajador, facultad que tienen los límites que señala el artículo 70 de la Ley de Contrato de Trabajo, Nº 20.744  : salvaguardar la dignidad del trabajador y deberán practicarse con discreción y se harán por medios de selección automática destinados a la totalidad del personal

Esa conducta no fue la observada por la empresa Arcos Dorados Argentina S.A. con respecto al dependiente C.J.D., quién a raíz de un requisa ejercida sobre el cajero de manera discriminatoria con respecto al resto del personal,sin un criterio general ni automático de selección a tal efecto , se dio por despedido – despido indirecto– y posteriormente la Justicia consideró justificado el despido por él decidido, reconociendo a su favor-además de las indemnizaciones legales- una reparación económica en concepto de daño moral.

El mencionado artículo 70 LCT expresa que ” los sistemas de controles personales del trabajador están destinados a la protección de los bienes del empleador”, concepto que encuentra fundamento en el artículo 17 de la Constitución Nacional – derecho de propiedad –.

No obstante, la ley no autoriza un empleo abusivo de la potestad de control. Al dependiente C.J.D. nunca se le notificó la denominada “política de caja” y a pesar de ello es objeto de una requisa ejercida sobre él de manera discriminatoria.

 

Esta cuestión fue abordada en el Expte. 37.862/2009 – SD 73.572- Autos caratulados :  ” C. J. D. c/ ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO “- CNTRAB – SALA V- 31/10/2011.

 

Los Magistrados que integran la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fueron categóricos al manifestar que el artículo 70 de la Ley de Contrato de Trabajo otorga al empleador como organizador de la empresa , determinadas potestades de control que le permiten fiscalizar la actividad de sus dependientes, y que en sus múltiples facetas ejercita dicho control en relación a la prestación de tareas, respecto a la asistencia del trabajador a sus labores  (arts. 84 y 210, LCT), y en relación a los bienes de la empresa llevando adelante  “controles de puerta o de salida “ ( arts. 70, 71 y 72, LCT).

 

“Sin embargo – añadieron los Señores Jueces – si los controles son ejercidos de forma abusiva, pueden menoscabar la dignidad de los trabajadores lo que se encuentra totalmente vedado, pues deben ser:

a) Razonables y Discretos, dirigidos a la protección de los bienes de la empresa pero sin provocar menoscabo en la dignidad – física o moral – del empleado;

b) Automáticos, es decir adoptando un criterio de selección mecánico que impida un control privilegiado respecto de algún grupo determinado de subordinados y

c) Generales, esto es, susceptibles de abarcar a todo el personal de la empresa. ”

 

Los camaristas destacaron que ” no hay duda alguna que desde el punto de vista constitucional, la facultad de control encuentra su justificativo institucional en el derecho de propiedad ( artículo 17 de la Constitución Nacional), ya que el empleador lo ejercita con el ánimo de tutelar sus bienes y pertenencias, por ello el subordinado está obligado a aceptar dicho control en virtud de sus deberes de lealtad y colaboración; pero puede negarse a una revisación si el sistema implementado y/o las personas que lo realizan, afectan su dignidad”.

 

En consecuencia, debe tenerse presente que el legislador cuando pone énfasis en la dignidad del dependiente, establece una fórmula preferencial de tutela que busca descartar todo empleo abusivo de la potestad de control ( art. 1071 Código Civil).

 

La Sala V puso de relieve que ” la forma, modo y lugar en que fue requisado el trabajador, demuestra un claro incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 70 de la LCT, pues el control fue ejercido de forma discriminatoria con respecto al resto del personal, sin un criterio general ni automático de selección a tal efecto, por lo que se propicia la revocación de la sentencia de grado y hacer lugar al despido en que se colocó el trabajador ( art. 242, LCT).

 

Surge del Expediente, que de las copias adjuntadas a los autos, no consta que el actor estuviese notificado de la “política de caja” alegada por el empleador, quién además adujo haber encontrado cierta suma en el bolsillo del dependiente, motivo por el cual, la empresa consideraba violada la mentada “política de caja”.

 

Los Señores Magistrados, en tal sentido puntualizaron que ” en el caso, se imputa al trabajador haber violado la “política de caja” de la empresa, luego de haber sido revisado por personal de seguridad por orden de un gerente del local dentro del baño del establecimiento, resultando dicho  proceder de control contrario a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, circunstancia que afectó la propia estima del actor, cabe concluir que es un daño moral que no acostumbra suceder como consecuencia del despido, sino que es adicional a él.

 

En consecuencia, el Tribunal de Alzada propició la revocación de la sentencia de primera instancia y resolvió que es justificado el despido decidido por el trabajador, a quien deberá abonársele las indemnizaciones que establece la Ley de Contrato de Trabajo por despido arbitrario , más una reparación del daño moral ocasionado.

 

 

 

 

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