En un caso de Mala Praxis Médica, la CSJN admite la responsabilidad del Equipo Médico y de la Obra Social y fija pautas para el procedimiento de cobro de las sumas fijadas en la sentencia de condena

by Dra. Adela Prat on noviembre 24, 2011

En esta oportunidad traemos a los lectores, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – CSJN – originada en una demanda entablada por los damnificados contra el Sanatorio Modelo Quilmes, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación ( D.A.S.) y los doctores M.M., D.M., E.P. y G.P. en procura de obtener una indemnización en concepto de daños y perjuicios por la mala praxis a la que fue sometida la menor Y.M. tras su nacimiento prematuro, lo que provocó una ceguera bilateral irreversible.

Se declara inadmisible el Recurso Extraordinario interpuesto por los actores, se declara admisible el Recurso Ordinario interpuesto por la demandada y se revoca parcialmente la sentencia de la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y asimismo se resuelve que la reparación debe ser integral, que por ser la indemnización un beneficio de carácter alimentario, no está sujeto al régimen de consolidación de deudas, régimen que es inaplicable en el caso concreto de la menor damnificada.

En materia de intereses, se practica una distinción del cómputo de cada uno de los damnificados y el alcance en el caso de los montos consolidados.

Por otra parte se declara procedente la medida cautelar de embargo de sumas de dinero de la Obra Social mencionada hasta cubrir el monto del resarcimiento. En el incidente de medida cautelar, la Obra Social deduce Recurso Extraordinario , declarado formalmente admisible por la Corte de la Nación. Tras remitirse al precedente “Giovagnoli” la Corte resuelve que el procedimiento de cobro de las sumas fijadas en la sentencia de condena debe seguir el trámite dispuesto en la Ley 11.672 (arts 131 y 132),Complementaria Permanente de Presupuesto.

 

Esta patética cuestión fue abordada en los autos caratulados: “D., D. O. y OTROS c/ SANATORIO MODELO QUILMES Y OTROS  s/ DAÑOS Y PERJUICIOS RESP. PROF. MÉDICOS Y AUX.” – (D. 640. XLIV )- CSJN15/11/2011.

 

Accionan en esta causa, los padres – D.O.D. y V.N.S – por sí y en representación de sus hijos menores Y.M., S.A. y B.L.. La recién nacida Y.M. sufre retinopatía del prematuro en grado V.

 

I. Sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil

La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, al modificar la sentencia de Primera Instancia que había hecho lugar parcialmente al reclamo, revocó la responsabilidad atribuida a los médicos por ausencia de monitoreo continuo durante los diez días en que se suministró oxígeno a la menor; redujo los montos resarcitorios; excluyó las sumas establecidas en favor de los menores del régimen de consolidación de deudas del Estado y dispuso diferir el pedido de levantamiento del embargo preventivo contra la Obra Social demandada hasta que se resolviese el incidente de medida cautelar.

Para así decidir, el Tribunal señaló la existencia de factores patológicos obstétricos (infección materna con tres tipos de bacterias), los antecedentes de la madre ( aborto previo, factor RH negativo, poco control del embarazo) y el nacimiento de una niña prematura de 28 semanas y bajo peso, con cuadro séptico que requirió 11 días de antibiótico, sometida a oxigenoterapia durante 10 días para evitar su muerte, exanguinotransfundida por el nivel de bilirrubina y anémica. Todas estas circunstancias demostraban que había existido una situación de altísimo riesgo, lo que potenciaba el deber de obrar con el máximo de prudencia (art. 902 del Código Civil).

Sin perjuicio de ello, la Cámara consideró que lo decisivo para adjudicar responsabilidad médica era el problema relativo al control oftalmológico mediante el cual resultaba posible detectar la existencia de la enfermedad en el recién nacido e identificar el momento de aparición del gardo III  con signos plus, que indicaba la necesidad de tratamiento de la retinopatía.

Concluyó que si algo podía endilgarse a los galenos era no haber dispuesto el control oftalmológico de la recién nacida a partir del momento en que la buena práctica de aquella época recomendaba.

 

II. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los Ministros del Máximo Tribunal por el voto de la mayoría y disidencia parcial del Dr Lorenzetti, afirmaron: “Determinada la responsabilidad de los médicos por no haber efectuado el control oftalmológico que la situación requería, nada corresponde objetar a la responsabilidad endilgada a la Obra Social por el deber de seguridad que pesa sobre ésta, pues la CSJN ha señalado que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y por tanto la Obra Social es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular (Fallos: 317:1921; 322:1393 y 329:2688 ).

 

Los Magistrados destacaron que “no merece favorable recepción el agravio de los demandados tendiente a obtener una mayor disminución de los montos de condena, toda vez que el desarrollo argumental de la recurrente no resulta suficiente para descalificar el criterio que adoptó  la Cámara para reducir de modo sustancial las sumas fijadas por el Juez de Primera Instancia – de $ 3.102.806,36  a  $ 1.323.800 -, sustentado en la pauta de que, al cuantificar los daños ocasionados, en particular en lo que respecta a la incapacidad física, debía tenerse en cuenta que se indemnizaba una chance, lo que implicaba la procedencia de un resarcimiento más reducido “.

 

En suma, la Corte esgrime que la condena no puede ser menor todavía a la suma de $ 1.323.800, monto fijado por la Cámara, que redujo sustancialmente las sumas fijadas por el Juez de Primera Instancia.

 

Respecto de los montos indemnizatorios fijados a favor de la damnificada directa del hecho que dio origen a la causa,los Señores Jueces manifestaron que ” resulta de aplicación al caso la doctrina de Fallos: 318:1593; 327:2551 y 4067, en cuanto declara que el régimen de pago con bonos en los supuestos en que se trate de una reparación integral que exige la atención inmediata de las afecciones de orden físico, psíquico y estético de quien reclama resulta incompatible con la garantía de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional ( conf. art. 18, segunda parte, de la Ley 25.344) ”

 

Acto seguido, Los Ministros de la CSJN, añadieron: ” es la demandante Y.M. quien se encuentra afectada de una incapacidad visual del 100% que requiere el tratamiento oportuno de las secuelas que padece a raíz de la mala praxis a la que fue sometida después de su nacimiento “.

 

“En consecuencia, sólo respecto de los montos indemnizatorios fijados a favor de Y.M. – por resultar damnificada directa- resulta de aplicación la doctrina de Fallos, “supra” citada, en cuanto declara – como hemos leído – que no corresponde el pago con bonos”. A ello se suma que cuando se evalúan situaciones vinculadas con beneficios de índole alimentaria debe extremarse la cautela a fin de lograr que lleguen en tiempo y forma las prestaciones comprometidas y tal ponderación “particularmente cuidadosa” debe efectuarse a favor de los derechos de los beneficiarios”

 

Respecto a los agravios vinculados al cómputo de los intereses, los Magistrados entendieron que deben ser admitidos, modificándose la sentencia apelada. En tal sentido puntualizaron :” Tanto respecto a los montos adjudicados a los padres – a los que se aplicó el régimen de consolidación de deudas - como de los adjudicados a los hermanos de la menor incapacitada,deberán aplicarse los réditos fijados por el Juez de Primera Instancia desde la fecha del hecho y hasta la fecha de corte establecida por la Ley Nº 23.982, y de allí en adelante los fijados por el régimen de consolidación; manteniéndose los estipulados por el magistrado respecto de la indemnización otorgada a la menor Y.M.

 

Obra Social demandada.  La Obra Social demandada dedujo Recurso Extraordinario en el incidente de medida cautelar respecto del pronunciamiento de Cámara que confirmó la resolución de primera instancia que había ordenado trabar embargo preventivo sobre todos los ingresos diarios de la D.A.S., hasta cubrir los montos indemnizatorios otorgados a los menores en la sentencia de grado ($ 2.609.902,40, con más $ 1.500.000 presupuestados para cubrir los intereses y costas).

La Corte declara formalmente admisible el Recurso Extraordinario deducido y acto seguido sostiene que ” por las consideraciones expuestas en la causa “Giovagnoli” (Fallos : 322: 2132 ) a cuyos términos y conclusiones corresponde remitirse en razón de brevedad, corresponde revocar el pronunciamiento apelado.

En efecto, las razones invocadas en el citado precedente llevan a afirmar que el procedimiento de cobro de las sumas fijadas en la sentencia de condena debe seguir el trámite dispuesto en los arts 131 y 132 de la Ley 11.672, Complementaria Permanente del Presupuesto.

 

Por ello se resuelve: 1º) Declarar admisible el Recurso ordinario interpuesto por la demandada y revocar parcialmente la sentencia apelada .- Costas por su orden en atención al modo en que se resuelve. 2º) Desestimar el Recurso Extraordinario interpuesto por los actores con costas. 3º) Declarar formalmente admisible el Recurso Extraordinario deducido por la demandada en el incidente de medida cautelar y revocar la sentencia apelada.

 

Fdo: Ricardo Luis Lorenzetti – Carlos S. Fayt- Enrique Santiago Petracchi – Juan Carlos Maqueda – E. Raúl Zaffaroni- Carmen M. Argibay

 

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: