Mobbing hacia una trabajadora en el Instituto de Investigaciones Metabólicas S.A. Responsabilidad civil de empleadora y extensión condena solidaria a la ART

by Dra. Adela Prat on octubre 16, 2011

La trabajadora L. I.I. padece una enfermedad laboral consistente en una afección psíquica provocada por mobbing, persecusión , acoso y malos tratos propinados por una Encargada de la empresa empleadora.

Se acreditó ante la Justicia del Trabajo la relación adecuada de causalidad entre la prestación laboral y la dolencia padecida por la dependiente, consecuencia de un ambiente de trabajo nocivo y hostil.

Debemos dejar claro que estos ambientes nocivos de trabajo se presentan en cualquier lugar del Mundo. No es que se trate de un problema argentino o latinoamericano.

Los Jueces resolvieron que existe responsabilidad civil de la empleadora– Artículo 1113 Código Civil: el empleador responde por la conducta de la Encargada –y por haber vulnerado el deber constitucional de “garantía de seguridad e higiene en el empleo”. Se estima aplicable la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres y erradicación de la Violencia contra éstas . Asimismo, se extiende la condena solidaria a la ART.

Esta cuestión fue abordada en la Causa 2.149/2009- SD 86972 – Autos caratulados: “L. I.I. c/ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES METABÓLICAS S.A. y OTRO s/ ACCIDENTE- LEY ESPECIAL”- CNTRAB- SALA I- 31/08/2011, publicado por elDial.com – AA6F3B el 28/09/2011.

Los Señores Jueces que integran la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo argumentaron que ” en el informe pericial psicológico producido en autos ha quedado suficientemente acreditado que la reclamante evidencia un síndrome de mobbing , debido a la excesiva presión y maltrato padecido cuando se encontraba desempeñando su actividad”

Acto seguido, los magistrados añadieron que ” analizadas las constancias probatorias aportadas a la causa, en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, existe verosimilitud de lo expresado en el escrito inicial acerca del mal trato sufrido por parte de la Encargada , que sometió a la actora a una situación persecutoria y discriminatoria, generando molestias permanentes y repetitivas, susceptibles de causar daños a la integridad psíquica y morales, efectuándole recriminaciones y descalificándola en su trabajo a través del maltrato verbal, circunstancia que, según los dichos aludidos, provocó reacciones nerviosas y de llanto, resultando compatibles con las circunstancias a las que aludió el perito psiquiatra como causas de su dolencia. Asimismo se tiene especialmente en cuenta lo expresado por el experto en cuanto a la inexistencia de causa física previa, que pudiera haber provocado la afección psíquica a que se alude en el dictamen y a la falta de antecedentes heredo – familiares de psicosis, lo que permite reforzar la opinión acerca de la relación de causalidad entre la prestación cumplida para la demandada y en el cuadro en cuestión”

La Sala I fue clara . “El empleador tiene el deber constitucional de garantizar condiciones de trabajo dignas, y la obligación legal de lograr la seguridad e higiene en el empleo y, a esos efectos, no sólo se encuentra legitimado para tomar medidas de resguardo de la integridad de sus dependientes, sino que ello constituye una exigencia derivada del principio de buena fe respecto del buen empleador y lo esperable de éste.”

En orden a tales consideraciones, se encontraron configurados los presupuestos de responsabilidad civil, pues la empleadora no cumplió su deber constitucional de garantizar condiciones de trabajo dignas ni la obligación legal de seguridad e higiene en el empleo, conforme lo exigen los arts 14 bis de la Constitución Nacional, 75 LCT y 4, apartado 1, de la Ley 24.557.

“Tampoco garantizó– enfatizaron los Señores Jueces – la indemnidad psicológica de su dependienta al haber delegado facultades en una persona jerárquicamente superior, que generó un ambiente de labor nocivo y hostil (art 512 Código Civil) y que resultó apto para causar el daño que presenta la trabajadora; por ende se encuentra comprometida la responsabilidad del principal, no sólo por pesar sobre sus hombros dichas obligaciones, sino por resultar titular del pleno poder de organización y dirección de la empresa ( arts. 64 y 65 de la LCT), por ello, debe responder por el hecho de sus dependientes, conforme lo prescribe la primera parte del artículo 1113 del Código Civil “

En la sentencia se lee: “Un elemento más que refuerza las conclusiones precedentes, que el caso de autos encuadra en las disposiciones de la Ley 26.485 y su Decreto reglamentario 1011/2010 de Protección Integral a las Mujeres que contempla y reprime específicamente las conductas que, basadas en una relación desigual de poder, afectan “… la vida, la libertad, dignidad, integridad física y psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal…” y situaciones donde la violencia se expresa como hostigamiento, humillación, etc que apareja como consecuencia un perjuicio a la salud psicológica y a la autodeterminación ( arts 4 y 5) norma que encuentra sustento en lo normado por los arts. 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra al Mujer (CEDAW) y art 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará “.

En consecuencia se declara responsable civil a la empleadora y se extiende la condena solidaria a la ART.

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