Se resuelve que el trabajador fue discriminado por violación del principio de igual remuneración por igual tarea, se le reconoce daño moral autónomo, diferencias salariales y multas a su favor. Solidaridad del artículo 30 LCT.

by Dra. Adela Prat on mayo 23, 2011

El fallo que vamos a comentar contempla la violación por el empleador del principio laboral de “igual remuneración por igual tarea”, considera acreditado un trato discriminatorio al gerente perjudicado y fija una indemnización por daño moral a favor del trabajador por tal concepto.

Asimismo hace lugar a la multa del artículo 2 de la Ley 25.323; a la multa prevista en el artículo 45 de la Ley 25.345 por no entregar la empleadora  en el plazo legal los certificados del artículo 80 LCT.

La suma total nominal de condena asciende a $ 130.474,52.

Y por último , aplica, con fundamentos, el artículo 30 LCT, responsabilizando en forma solidaria a las codemandadas.

Vamos a ir analizando paso a paso las distintas aristas de esta interesante sentencia dictada en los autos caratulados: “P.C.J.C. c/ BANCO COLUMBIA S.A. y OTRO s/ DESPIDO”. CNTRAB- SALA VII- 31/03/2011.

La Dra Beatriz I. Fontana dijo que la sentencia de primera instancia, que rechazó la demanda, vino apelada por la parte actora quien esgrimió que la sentencia le causó agravio al concluir que no se acreditaron en autos , los actos discriminatorios relatados en el escrito de demanda, ni la violación del principio de” igual remuneración por igual tarea”.

La sentencia de grado ha tenido en cuenta las afirmaciones de la demandada respecto de las supuestas causales objetivas alegadas, sin que en autos se haya producido prueba conducente al respecto. La pericia contable llevada a cabo, ha demostrado las diferencias de remuneración denunciadas en la demanda, por lo que el actor solicita la revocatoria de la sentencia en crisis.

Analizada la forma en que ha quedado trabada la litis y luego de valorar las pruebas producidas, la Señora Jueza Beatriz I. Fontana adelantó que en su opinión asiste razón al recurrente- parte actora-.

El actor denunció en la demanda, que durante su desempeño como gerente de la Sucursal Q. de la codemandada “Columbia Microcréditos S.A.”, fue objeto de conducta discriminatoria, en tanto sus remuneraciones eran sustancialmente inferiores a las que percibían otros gerentes que eran de nacionalidad boliviana, pero que cumplían las mismas funciones.

La codemandada “Columbia Microcréditos S.A.”, sostuvo en su responde que efectivamente contrató personal del país vecino Bolivia, que se incorporaron a lo largo del año 2.008 y que no es cierto que hubieran cobrado un sueldo superior al del actor, en tanto destaca que se los contrató bajo condiciones laborales distintas, atento que debían mudarse a nuestro país, debiendo alquilar viviendas para habitar con sus familias. A todo esto agregó que el personal contratado de Bolivia, tenía amplios conocimientos y experiencias en el tema de las Microfinanzas, mientras que el actor carecía de ellos.

Según lo informado por la perito contadora y siguiendo el criterio de la sentencia de comparar la integralidad de las remuneraciones, con independencia de los rubros que las conforman- criterio que ha llegado firme para las accionadas- la Sra Jueza concluyó que el actor ha probado la existencia de las diferencias de remuneraciones que denuncia en la demanda, diferencias que fueron ponderadas por la experta con detalle mensual.

Frente a ello, es preciso establecer- señaló la magistrada- si el demandado ha producido prueba sobre las supuestas diferencias de las condiciones laborales referidas supra. A lo que añadió lo siguiente: ” sobre este punto creo importante señalar, ante todo, que en mi opinión las aludidas diferencias laborales no son tales en tanto la demandada solamente hizo mención al supuesto traslado de ese personal desde Bolivia a nuestro país y la necesidad de alquilar viviendas, aspecto que no considero pueda incidir en la remuneración – insistió -, en tanto esta última debe retribuir las tareas concretamente prestadas por el personal. En ese sentido, en tanto se ha probado que el personal en cuestión desempeñó tareas de gerente, y esa era la categoría del actor, no advierto -señaló la magistrada- que existan diferencias relevantes.

En todo caso y aún cuando se soslayara esa arista de la cuestión, el análisis de la prueba producida llevó a la Señora Jueza a concluír que” ni siquiera se acreditaron esos extremos invocados en el responde”.

En efecto, tanto la nacionalidad del personal involucrado, como la residencia efectiva en el vecino país de Bolivia, el haber tenido que traslarse a nuestro país, el alquiler de viviendas y cualquier otro gasto derivado de ese traslado, debían probarse mediante prueba documental y/o informativa, no siendo conducente a ese fin la mera prueba testimonial.

“Sin embargo la demandada no ha ofrecido ni mucho menos producido, esas medidas de prueba a fin de acreditar sus alegaciones y tampoco los conocimientos y experiencia en Microfinanzas, no revistiendo el carácter de prueba conducente la mera referencia a los legajos de personal que efectúa en la pericia contable “.

A mayor abundamiento, la magistrada señaló que la accionada también afirmó que el actor carecía de la experiencia y los conocimientos en Microfinanzas, pero si ello era así, ” lo que no se entiende es por qué razón fue promovido de asesor a gerente, tal como ha quedado demostrado en autos. Por el contrario, esa promoción constituye en este caso un indicio en contra de las pretensiones de la accionada “.

En ese marco de orfandad probatoria de la demandada y estando probadas las diferencias salariales denunciadas al inicio, en opinión de la magistrada y por los mismos fundamentos doctrinarios de convenios y tratados internacionales, corresponde concluir que la demandada en el presente caso, incurrió en conducta discriminatoria en perjuicio del actor, violando el principio de ” igualdad de remuneración por igual tarea”.

En consecuencia la Dra Fontana propuso revocar la sentencia apelada y hacer lugar al reclamo del actor en tanto persigue el cobro de “diferencias salariales” adeudadas y la” incidencia de esas diferencias en la indemnización por antigüedad”.

La parte actora reclama asimismo, la indemnización prevista en el artículo 2 de la Ley 25.323 sobre la diferencia adeudada de indemnización por antigüedad y en opinión de la Dra Fontana, la misma debe prosperar en tanto el accionante cumplió con la intimación requerida por dicha norma pero su reclamo fue rechazado por la empleadora, lo que lo obligó a accionar judicialmente.

La magistrada resuelve que el reclamo debe proceder por la suma de $ 32.517,60 en concepto de diferencias salariales por los últimos 12 meses trabajados; $ 4.974,20 en concepto de diferencia de indemnización por antigüedad; $ 1.961 en concepto de diferencia  de indemnización sustitutiva de preaviso; $ 140,92 en concepto de diferencia de la incidencia del SAC sobre el preaviso y $ 3.332,60 en concepto del artículo 2 de la Ley 25.323.

También ha sido objeto de reclamo, la multa prevista en el artículo 45 de la Ley 25.345 y la Señora Jueza adelantó que la misma debe proceder. La entonces empleadora “Columbia Microcréditos S.A.”, al disponer el despido puso a disposición del actor los certificados de ley a partir de la fecha de la notificación, esto es, del 26 de febrero de 2.009, pero recién la certificación de servicios agregada fue confeccionada – a tenor de la fecha cierta que ostenta- el 18.11.2009, sobradamente vencido el plazo legal previsto para ello conforme  artículo 80 LCT y artículo 3º Decreto 146/01.

La Jueza preopinante propuso hacer lugar al reclamo de la multa por el concepto anterior y derivar a condena la suma de $ 17.548,20 ( multa equivalente a tres sueldos).

La actora solicitó la reparación por la conducta discriminatoria y en opinión de la camarista, le asiste derecho porque “ el trato desigual quedó acreditado”: la demandada no probó las supuestas causas objetivas invocadas para justificar el mismo.

Siendo esto así, el perjuicio sufrido por el actor en opinión de la Dra Fontana no se limita en este caso al reclamo de las diferencias salariales. Ha quedado configurado un trato discriminatorio – enfatizó- y en tanto el daño producido por el mismo no puede considerarse incluido en la indemnización del artíuclo 245 LCT, la cual solamente repara el daño derivado de la pérdida de antigüedad, corresponde hacer lugar a una reparación autónoma por daño moral sufrido que fijó en la suma de $ 70.000 atento el tiempo del trato discriminatorio y los valores remuneratorios en juego.

Por tanto, la suma total nominal de condena asciende a $ 130.474,52.

¿Cómo cobrarla ? Es sencillo, porque asimismo se hizo lugar a la demanda incoada contra el “Banco Columbia S.A.”, por la vía del artículo 30 LCT (solidaridad). ¿Por qué? Porque el “Banco Columbia S.A., Banco comercial minorista conforme se acreditó , tiene firmado un convenio con “Columbia Microcréditos S.A.” mediante el cual éste le presta a aquél servicios de promoción, análisis de riegso, seguimiento y administración de cartera de productos de microfinanzas “con exclusividad” y a nadie más. A su vez ambos tienen su domicilio en la Calle Perón Nº 350 donde está radicada la Casa Central del Banco Columbia S.A.

El actor deberá cobrar dentro de los 4 días hábiles y a partir de  allí corren los intereses correspondientes.

Firman la sentencia Beatriz I. Fontana y  Estela Milagros Ferreirós que adhiere al voto precedente. El Dr Néstor Miguel Rodríguez Brunengo no vota .

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